La ONG Amnistía Internacional calificó como una violación de los derechos humanos los centros de aislamiento de Formosa, que fueron defendidos por el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, y advirtieron que si la Nación o la Provincia no toman medidas presentarían una denuncia en organismos internacionales. 

"Hoy en Formosa se están violando los derechos humanos" y aseguró que "si no hay una respuesta desde el Estado provincial o desde el Estado nacional, tendremos que sin duda acudir a la instancia internacional para alertar lo que está ocurriendo en Argentina. Es tan variopinto el esquema o el escenario de violaciones a los derechos humanos que estamos incluso pensando en ir a distintos relatores y procedimientos especiales de Naciones Unidas", anticipó la directora adjunta de Amnistía Paola García Rey.   

En declaraciones radiales, García Rey sostuvo que entre las posibles instancias a las que acudiría están "el Relator sobre Pueblos Indígenas, por las condiciones especiales de vulnerabilidad también asociadas con la detención y la violencia contra comunidades indígenas; el Comité de Niñez por la particularidad de las vulneraciones a los niños; el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; y el Relator de Tortura por las condiciones inhumanas en que están siendo hospedados".

Pietragalla defendió a Insfrán y negó que haya "centros clandestinos de detención" en Formosa 

"Llama la atención en un país que ha tenido un liderazgo en la política de derechos humanos a nivel internacional, pero hoy está en el banquillo y debe rendir cuentas por eso", cuestionó García Rey, quien de todos modos coincidió con Pietragalla es que no puede equipararse lo sucedido a una dictadura. 

"No hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, lo que no quita que hay violaciones a los derechos humanos. Celebramos que el secretario de Derechos Humanos haya ido, que se haya reunido con víctimas y familiares para relevar el estado de situación, pero su conferencia de prensa no logró iluminar sobre esa visita. No logró cuestionar el vaciamiento que se hizo de muchos centros -entre otros, uno de los gimnasios que más estaban siendo cuestionados- dos minutos antes de que ingresara la Secretaría a la provincia".

"¿Hoy en Formosa se están violando los derechos humanos? Absolutamente sí. Hay detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de aislamiento, maltratos a niños detenidos en las mismas condiciones que los adultos, mujeres y varones en los mismos lugares violando la intimidad", aregó. 

Además, señaló que "la gente entra a los lugares y no sabe cuando va a salir" porque "entran con hisopados negativos, por ser contactos estrechos" y cuando "en el día 14 se supone que van a ser liberados, pueden dar positivo en el día 13 y van a foja cero, vuelven a empezar los días". De esta forma, en algunos casos, "se extienden los aislamientos por más de 30 días".

"Nosotros venimos relevando la situación de Formosa desde hace ya unos meses porque, a partir de la emergencia sanitaria en todo el país, Formosa empezó a implementar un sistema de cierre de fronteras donde personas habían quedado varadas en la ruta, familias enteras, entonces marcábamos la importancia de adoptar medidas que fueran proporcionales y legítimas".

"Hoy la política de Formosa está marcada por una detención indiscriminada de personas en centros de atención sanitaria", en la que "ante aquellas personas que dan positivo de COVID, contactos estrechos de estas personas, contactos estrechos de los contactos estrechos y cualquier persona sospechada de tener COVID, la política sanitaria de Formosa es detenerla en estos centros en condiciones muy cuestionables en términos sanitarios e higiénicos, se ha llegado a tapiar ventanas y puertas, cerrar llaves, con personas detenidas mezcladas unas con otras", describió.

"Hay personas que las agarran a las 3 de la mañana las fuerzas de seguridad" y aseveró que en algunos casos "los resultados médicos te los dicen oralmente las fuerzas de seguridad, pero la constancia de los resultados les ha sido negada", lo cual "en muchos casos les hubiera servio para informar en sus empleos". Para García Rey, "esta situación es inaceptable diez meses después de declarada la pandemia y con alternativas menos restrictivas de derechos humanos que se han implementado en otras provincias", culminó.