El Consejo de la Magistratura llamó a concurso para designar un nuevo juez en el estratégico Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, que se encuentra vacante desde fines de 2018, cuando renunció quien fuera su titular por 22 años, Carlos Soto Dávila, conocido en el litoral como el juez "de los Castro".

Alberto y Juan Castro son empresarios farmacéuticos que manejan el negocio en la región, y que se han visto involucrados en dos causas de alto impacto político: estafas reiteradas al PAMI y la mafia de los medicamentos, acusados de vender al público remedios adulterados. Farmar y Farmalife, las cadenas de los Castro, fueron investigadas en dichos expedientes, que bajo la instrucción de Soto Dávila no avanzaron.

En el año 2011, incluso con sus causas en marcha, Alberto Castro desplegó una estrategia para vender medicamentos al gobierno nacional. El gobierno de Cristina Kirchner detectó la movida y bloqueo los intentos de Castro dado que era año de elecciones presidenciales y un acercamiento al empresario prometía una montaña de problemas.

Soto Dávila era muy cercano a los empresarios farmacéuticos Castro, investigados por la mafia de los medicamentos y la falsificación de troqueles en la delegación Pami de Corrientes, causas que nte la morosidad del magistrado prescribieron.

Castro estuvo muy cerca de ser detenido por la justicia acusado en San Juan de falsificar boletines oficiales para beneficiar a sus firmas con exenciones impositivas. Según informó entonces El diario de Cuyo, el juez de Instrucción, Leopoldo Zaballa Pringles, lo investigó por el presunto fraude cometido en beneficio de sus firmas Olivyo SA y Olieco SA, que investigó supuestas maniobras con el sistema de diferimentos impositivos para estafar al fisco en unos 30 millones.

Pero la causa que lo volvió tóxico para la política fue la denominada "mafia de los medicamentos", que en rigor se inició por un informe periodístico del desaparecido Diario de Corrientes, que luego tomó Telenoche Investiga en un trabajo de 1996.

Fue mencionado también en un emblemático caso de las falsificación de troqueles que involucró a la Delegación PAMI de Corrientes. Causas que curiosamente prescribieron ante la morosidad judicial de Soto Dávila.

Las desventuras judiciales de los Castro empezaron en los '90 pero no se detuvieron. Hace solo tres años, en diciembre de 2017, varias farmacias de su red monopólica en el litoral, fueron allanadas por "defraudación al Estado" en la causa en que se investigan recetas fraguadas al PAMI y a nombre de beneficiarios fallecidos. 

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdez, habría recibido importantes aportes de campaña de los Castro.

Consejo de la Magistratura

Según figura en el expediente, la defraudación superaría los 200 millones de pesos. El sitio nortecorrientes.com reveló que en Santiago del Estero le facturaron al PAMI ciento cincuenta y cuatro millones solamente en insulina y tiras reactivas, pero en esa provincia sólo hay dos mil enfermos de diabetes. 

Esta causa acaso avanzó porque la investigación la encabezó la UFI del PAMI y tramitó en el Juzgado n° 2, lo que dejó fuera de competencia a Soto Dávila.

El hecho es que en la causa por la mafia de los medicamentos, siempre se mencionó Corrientes como una provincia clave en el negocio y allí aparece una y otra vez el nombre de Castro, asociado al presidente de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (Facaf), Miguel Angel Lombardo. Los medios locales hablan también de una relación simbiótica con el gobernador Gustavo Valdez, y la Justicia estudia justamente, los aportes de campaña que los Castro habrían efectuado, para garantizar su triunfo electoral.