El presidente del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, ya tiene una hoja de ruta para los presos de ETA cuando asuma la competencia de Prisiones. Tal y como reveló el domingo LPO, el lehendakari está dispuesto a ofrecer a los terroristas la excarcelación y el asesoramiento para que encuentren trabajo y casa. Así lo contempla el Programa Hitzeman, elaborado en 2014, y que Ajuria Enea ha recuperado ahora. El plan, sin embargo, no es suficiente para el colectivo de presos, que exigen más medidas para su "reintegración" en la sociedad.

Estas reivindicaciones del colectivo de presos políticos vascos (EPPK, por sus siglas en euskera) están recogidas en otro dossier que ha sido entregado al Gobierno Vasco. El informe, al que ha tenido acceso este diario, ha sido elaborado por el Foro Social Permanente, una plataforma que reúne a 18 organizaciones civiles -entre ellas los sindicatos abertzales ELA y LAB- y que ha mantenido reuniones con los presos de ETA.

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El último de estos encuentros se produjo en la cárcel de Albolote (Granada) el pasado 30 de octubre de 2020. En la misma, el EPPK acusó a Instituciones Penitenciarias de bloquear la aplicación del artículo 100.2 a los presos de ETA o incluso la concesión de terceros grados. Además, afirmaron que esto se producía por la falta de un programa específico para los presos y por el "sesgo ideológico de muchos de los funcionarios responsables del acompañamiento y de las direcciones de algunas de las prisiones".

Acto del EPPK.

Pese a ello, desde el Foro Social Permanente valoran la política de acercamiento de presos realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que desde el 19 de junio, fecha en la que se materializa el primer traslado anunciado, se ha producido un "ritmo constante" de acercamientos "que se ha visto acelerado durante el último trimestre de 2020 a una media de 5-6 por semana".

No obstante, los autores del informe trasladado a Urkullu y al departamento de Justicia afirman que no se puede considerar "acercamiento" el traslado de presos a las cárceles de La Rioja, Cantabria, Asturias, Aragón y Castilla-León, "periféricas de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra". Añaden, además, que " la mayoría del colectivo EPPK todavía se encuentra cumpliendo condena en cárceles alejadas entre 600 y 1100 km y continúa clasificada en primer grado penitenciario".

Los cuatro centros penitenciarios de Euskadi y Navarra disponen de suficiente espacio para acoger a todas estas personas presas

Su exigencia a Urkullu es clara: lograr el traslado de todos los presos de ETA a las cárceles de País Vasco y Navarra. Afirman, en ese sentido, que "los cuatro centros penitenciarios de Euskadi y Navarra disponen de suficiente espacio para acoger a todas estas personas presas". Destacan, además, que existe un gran "consenso" político "un 92% del Parlamento Vasco y 60% del Parlamento de Navarra"- sobre "la importancia que tiene el "arraigo familiar y social" para el itinerario de reintegración".

Concluyen esta reivindicación afirmando que "entendemos necesario y urgente terminar con el alejamiento que, además, en este periodo de coronavirus, inflige un castigo añadido más a familiares y allegados, así como a las propias personas presas, debido a las restricciones en las comunicaciones vis a vis, familiares y por locutorio; a los cierres perimetrales y otros impedimentos para el desplazamiento a largas distancias".

Aval a los 'ongi etorri'

Otro aspecto polémico del dossier que Foro Social Permanente ha remitido al gobierno de Urkullu tiene que ver con las bienvenidas que reciben los presos de ETA excarcelados al llegar a sus localidades natales: los llamados 'ongi etorri'.

Sobre este asunto, la plataforma reconoce que "nuestra sociedad no puede aceptar más sufrimiento hacia las personas que lo han padecido o padecen" y que "las víctimas de ETA se sienten agraviadas con algunas maneras de escenificar estos ongi etorriak". No obstante, admiten un tercer factor: "Las familias y allegadas de personas presas tienen derecho, desde un punto de vista humanitario, a recibir y abrazar a las personas que han cumplido sus condenas, en muchos casos en condiciones de extrema dureza (alejamiento, aislamiento, etc)".

En ese sentido, afirman que "la inmensa mayoría de actores políticos coinciden de manera pública y privada en estos tres aspectos". Sin embargo, añaden, "parece evidente que estos puntos de acuerdo no son hoy por hoy bases suficientes para dar una solución a esta cuestión".

Por ese motivo, desde el Foro Social Permanente se hacen la siguiente pregunta: "¿No vamos a ser capaces de articular formas que, respetando todos los dolores, den solución a esta cuestión?".