Alberto Fernández reconoció en una de sus tantas entrevistas televisivas que ya no habla seguido con Cristina Kirchner, pero no explicó el problema que eso le causa en el Congreso a su administración. 

En las últimas semanas, cada proyecto que envió tuvo algún retoque en el Senado que bien se podría haber evitado con un diálogo más fluido entre las partes; y hubo otros que quedaron cajoneados en Diputados, como la reforma judicial que el presidente anunció como un antes y un después en la historia de Tribunales. 

El panorama asoma complejo: mientras Alberto reclama leyes, Cristina y Sergio Massa deben evitar ruidos internos y conseguir aliados sin que se vea una colaboración fuerte de la Rosada. Santiago Cafiero y Eduardo De Pedro dialogan con legisladores sueltos, pero rara vez inciden en la búsqueda de votos, a no ser alguna gestión con el ministro del Interior del siempre difícil gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Los senadores vuelven a desautorizar a Guzmán y cambian la fórmula jubilatoria 

La pasividad del presidente preocupa a los más experimentados: "Esto no parece un gobierno peronista. Le dan cargos a Roberto Lavagna, pero no consiguen sus votos. Es insólito", se sorprendió ante LPO un senador del Frente de Todos que en estas semanas debió reescribir varios proyectos para que se traten sin exhibir fisuras internas. 

La bancada la preside José Mayans y su vice Anabel Fernández Sagasti suele ser la encargada de intercambiar mensajes con Cristina, que maneja la agenda, tiene capacidad de veto pero no siempre es la que tira la primera piedra. En la mesa de decisiones se suma la santafesina María de los Ángeles Sacnun y suele participar el cordobés Carlos Caserio, que preside la estratégica comisión de presupuesto. 

Guzmán sufrió la presión del Senado en su negociación con el FMI y se negó a negociar cuando le avisaron que modificarían la ley de movilidad previsional. Tuvo que dar la cara Moroni. Losardo no quiere defender su reforma judicial y quedará cajoneada. 

En esas charlas surgieron varias correcciones que en las últimas semanas dejaron muy mal parado al Gabinete y sobre todo el ministro de Hacienda Martín Guzmán, quien obtuvo las leyes que quiso del Congreso hasta que consiguió su acuerdo con los bonistas, pero luego los legisladores empezaron a pedirle un diálogo más fluido y no lo consiguieron. 

El ministro Martín Guzmán sigue la sesión del Senado en la que se trató el presupuesto.

Fotografía HCSN

En el último mes Guzmán no la pasó bien con el Senado: se fue de la sesión sin que se aprobara la ley de presupuesto por un error en la carga de datos de sus funcionarios y tuvo dos mensajes aleccionadores en su compleja  negociación del FMI.

El primero fue la dura carta del bloque a la misión que visitó el país, en la que Cristina y sus dirigidos pidieron explicaciones por el crédito que le dieron a Macri. Y el segundo, y tal vez más duro, la incorporación de un artículo en la ley de sostenibilidad de la deuda que le impide aprovechar la refinanciación de los pasivos para hacerse de dólares frescos que lo ayuden a bajar el déficit fiscal. Deberá conseguir pesos y en el país.

Molesto por los distintos límites que el bloque peronista le impuso a sus iniciativas, Guzmán no atendió el teléfono cuando la semana pasada los senadores le avisaron que no aprobarían la ley de movilidad jubilatoria como la había enviado.

Molesto por tantos desplantes, el ministro no atendió el teléfono esta semana cuando los senadores le avisaron que no aprobarían la ley de movilidad jubilatoria tal como les llegó. Con Daniel Lovera a la cabeza, no aceptaban tomar a cuenta del primer aumento de mazo el 5% de incremento que dispuso Alberto por decreto en diciembre.

Fue el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien dio la cara en un zoom interno. Fue sincero y explicó que al ser un ajuste semestral en marzo debería computarse el aumento del trimestre anterior, si no se sumaban 100 mil millones de pesos al gasto y se complicaban las metas fiscales. "No importa eso. Políticamente no pasa algo así. Sacalo de la obra pública. Si no lo modificamos nosotros, lo hace la oposición en Diputados y lo capitalizan", le explicaron los senadores. 

"Es verdad, pero yo soy técnico. No tomo decisiones políticas", se excusó el funcionario y blanqueó así que Alberto no tiene quien se ocupe de darle el peine fino a las medidas antes de someterla a consideración de los legisladores.

Tanta fue la tensión que hubo que posponer un día el plenario de comisiones del Senado en el que iban a exponer Moroni y la directora de la Anses, Fernanda Raverta. Decidieron que la actualización sea trimestral y así los cálculos no se desordenaban tanto. Guzmán no apareció, Alberto tampoco y en el Congreso nunca supieron cuándo y cómo se enteraron.

La senadora mendocina Anabel Rodríguez Sagasti se convirtió en el vínculo más fluido de Cristina con el bloque peronista.

LPOJuan Casas

La mayoría peronista del Senado fue durante el primer semestre garante de los decretos de necesidad y urgencia del Alberto, con dictámenes en la bicameral de trámite parlamentario y su ratificación en el recinto, suficiente para dejarlos firmes. El más importante fue el que le permite al jefe de Gabinete reasignar partidas del presupuesto a gusto. Desde que Alberto y Cristina no se hablan con la frecuencia de antes, esta comisión no volvió a reunirse. 

La estratégica comisión de Acuerdos es otro foco de poder en la Cámara alta que la vicepresidenta digita a gusto, con la presidencia de Fernández Sagasti. Nunca se trataron los pliegos del presidente del Banco Central Miguel Pesce y sus directores; y tampoco el de la directora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

Caamaño ejerce como interina y el último decreto prorrogó su cargo hasta fin de año, pero antes el presidente envió su pliego para que la mayoría oficialista del Senado la ratifique durante su mandato. 

Quedó archivado y al oficialismo no le sería fácil defenderla, luego de la filtración de los datos de los agentes que hubo en la causa sobre espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora que tiene contra las cuerdas a su antecesor Gustavo Arribas. Cuando tuvo que explicarlo ante la bicameral de inteligencia, la ex fiscal lo responsabilizó por el presunto descuido. 

Losardo, en la mira

Pero la mayor discordia entre Alberto y Cristina se palpa en los asuntos judiciales, por el fastidio de la vicepresidenta con la ministra Marcela Losardo, a quien nadie duda que incluyó entre "los funcionarios que no funcionan" en su carta de hace 40 días. 

El cristinismo contra Losardo: "Es extraño que aparezca sólo para lo de Rafecas"

Nunca le perdonó su perfil bajo con la reforma judicial que envió al Senado, presentó en un plenario de comisiones pero luego no quiso defender públicamente. "No puede ser que la gente crea que la hice yo, cuando me enteré el día que llegó", repetía la vice, a mediados de agosto. Tampoco conocía la letra fina el viceministro Juan Martín Mena, cercano a Cristina. 

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, nunca defendió la reforma judicial que elaboró el Gobierno y aclaró que esta vez ni siquiera estaba dispuesta a exponer ante los diputados, suficiente para que Máximo Kirchner vuelva a poner el proyecto en un cajón. 

Los gobernadores la reformularon con una compulsiva creación de juzgados en sus provincias y los senadores la enviaron a Diputados, donde todavía está escondida en un cajón porque no aparecen aliados dispuestos a aportar los votos para sancionarla. 

Rodolfo Tailhade y Pablo González, referentes jurídicos del Frente de Todos, fueron a pedirle a Losardo algún margen de negociación, pero nunca respondió. Quedó en hablar con Alberto, quien en un acto público había reclamado a los diputados "dignarse" a tratarla, sin referencia a oficialistas u opositores. 

La ministra aclaró que esta vez ni siquiera estará dispuesta a exponer, suficiente para que Máximo Kirchner volviera a poner la ley en el cajón. Por si fuera poco, ningún funcionario muestra alguna capacidad de lobby en la justicia y mucho menos en la Corte Suprema. "Macri tiene más de 100 causas y no prospera ninguna", apuntan en el kirchnerismo.   

El senador Oscar Parrilli.

Fotografía HCSN

La reforma del Ministerio Público fue la mejor escenificación de la falta de diálogo en el binomio presidencial. Cristina no soporta seguir con el interino Eduardo Casal como procurador y escudo del fiscal Carlos Stornelli, protagonista de la mayoría de las causas por presunta corrupción en su Gobierno. Y fue así que Oscar Parrilli promovió una ley que fue aprobada en el Senado y permite desplazarlo de inmediato por la bicameral de Ministerio Público, controlada por el oficialismo, y luego elegir al sucesor con la mayoría oficialista de esa Cámara.  

El peronismo aprobó la nueva ley del Procurador y buscará la rápida salida de Casal

"La ley es clara: Cómo hay vacancia tendríamos que designar un reemplazo por 60 días hasta que se elija el procurador. Y la propuesta del gobierno es Daniel Rafecas", simplificó ante LPO uno de los senadores que trabajó en la letra fina. 

Pero ni bien repasó los borradores de la ley, el juez federal supo que de sancionarse el cargo no tendrá ni por asomo el peso que tuvo hasta hoy el Procurador e insinuó por las redes que esas limitaciones serían inconstitucionalse. El proyecto se aprobó, Alberto lo incluyó en la lista de temas a tratar en el verano, pero no ayudará a conseguir los votos que faltan en Diputados. No es una tarea suya. Al menos en esta etapa.