La resolución que dictó el juez Fabián Lorenzini donde dispuso la intervención de la cerealera por 90 dÃas sin el desplazamiento del actual directorio pero incorporando a dos co-administradores, generó más dudas que certezas en el gabinete de Omar Perotti.
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En diálogo con La PolÃtica Online, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, manifestó su "insatisfacción" por los tiempos y las formas en que el magistrado llega a esta decisión: "lo extraño, y que genera gran insatisfacción, es que el juez admite como válidos todos los planteos y argumentos que habÃamos expresado y eso hubiese posibilitado una salida hace ocho meses atrás".
En aquel entonces, la provincia le habÃa solicitado al juez que se apartaran a los directivos de la empresa y se nombraran a tres interventores para preservar los activos, argumentando que los administradores de entonces eran los responsables de haber conducido a la agroexportadora al abismo pero fue rechazado por el magistrado.
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Lo que terminó sucediendo es que los directivos históricos terminaron renunciando a mediados de octubre y reemplazados por cuatro profesionales técnicos, ajenos a la familia pero no a las empresas que componen el grupo, luego de presentar, fuera de términos, el polémico balance de 2019 donde se reflejaba la caÃda abrupta de las ganancias.
"Si bien, la resolución merece ser estudiada con mayor detenimiento, a prima facie la propuesta de una co-administración no pareciera que se ajusta a los términos pedidos por la provincia", sostuvo Somaglia y en cuanto a los nuevos directivos señaló que "recién han asumido, veremos cómo se conducen".
Además, consideró que la resolución "no se ajusta a los estándares legales" al nombrar como interventora provisoria a la titular de la Inspección General de Personas JurÃdicas de Santa Fe, MarÃa Victoria Stratta, hasta que el ejecutivo provincial defina el nombre de un co-administrador:
"No puede nunca la titular de la IGPJ ocupar el lugar de una co-dirección cuando su rol es de control, es incompatible, se tendrÃa que auditar a sà misma", ironizó el secretario de Justicia provincial.
"Hay resoluciones judiciales que tienen consecuencias en tiempo y espacio y el tiempo no es el mismo que hace nueve meses atrás. El juez está diciendo lo que está diciendo tardÃamente", agregó Somaglia.
Es que uno de los puntos que más llamó la atención de la resolución fue que el juez Lorenzini ratificó como válidos todos los cuestionamientos que en su momento habÃa hecho la abogada MarÃa Victoria Stratta en calidad de titular de la IGPJ cuando meses atrás advertÃa sobre las responsabilidades de los anteriores directivos:
"Es claro que (el directorio de VicentÃn) no están a la altura de las circunstancias para este cometido. Son quienes la condujeron durante el tiempo en que llegó al estado de cesación de pagos que motivó la apertura del concurso y que afecta el interés público", fundamentó en junio pasado.
Además, Stratta también puso la lupa sobre la existencia de un complejo "entramado societario que requiere control" de todas las compañÃas y agrega que la única manera de cumplir con las deudas, cuyo monto consolidado supera los 1.300 millones de dólares, es a través de la continuidad de la operación del holding a través de una intervención que fue rechazada por Lorenzini en aquel momento.
Ahora, en esta nueva resolución, el magistrado reconoce la necesidad de monitorear todo esa red societal en la que se estructuraron los negocios de VicentÃn y a su vez, define un recurso de no innovar para evitar que se modifique la actual composición accionaria y que se vendan empresas.
En cuanto a los nuevos directivos, el miércoles pasado cuando asistieron a la Cámara de Diputados de Santa Fe para reunirse con los integrantes de la Comisión de Seguimiento del concurso, afirmaron que VicentÃn SAIC no tiene relación alguna con VicentÃn Family Grup (que es titular de los activos más redituables del holding) y negaron que haya habido triangulaciones entre las distintas firmas para ocultar propiedades.
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