Cristina Kirchner y otros 200 ex funcionarios y empresarios fueron sobreseídos en una causa que investigaba el supuesto pago de sobornos de empresas de transporte que se beneficiaban con subsidios al gasoil.

El expediente estuvo en manos de Claudio Bonadío hasta su muerte y luego pasó a Marcelo Martínez de Giorgi. Tras que Bonadío procesara a todos los imputados, la Cámara Federal revocó la decisión y pidió profundizar la investigación.

Para el fallecido magistrado había existido una defraudación de 609 mil millones de pesos entre 2004 y 2014: según sostuvo Bonadío las empresas declaraban para cobrar los subsidios una cantidad mayor de kilómetros que los efectivamente recorridos.

Según explica Martínez de Giorgi en su dictamen, esa supuesta defraudación no pudo ser probada porque no fue posible demostrar las supuestas diferencias entre los kilómetros recorridos por los colectivos y los reportados por declaración jurada para percibir los subsidios.

El juez de la causa explicó que no pudo comprobar o rechazar la existencia de un delito ya que se topó con "la imposibilidad de realizar peritaje alguno que permita aclarar los hechos investigados".

Según informó Télam el exministro De Vido y el exsecretario Schiavi, sin embargo, continuarán siendo investigados junto al exinterventor de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, Antonio Sícaro, y a los empresarios Oscar Strano y Ricardo Díaz por el caso de la empresa Transporte Interprovincial Rosarina (TIRSA), que durante el período comprendido entre mayo de 2010 y noviembre de recibió cupos de gasoil a precio diferencial sin prestar servicios.