Los industriales no ocultan su bronca con el proyecto de ley de Máximo Kirchner que grava a las grandes fortunas y que este martes por la noche obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Para ellos el tratamiento fue exclusivamente polÃtico, sin consideración por el entramado productivo e incurre en violaciones a los principios de constitucionalidad por ser confiscatorio y retroactivo.
Por eso, este miércoles volvieron a hacer público su desacuerdo y a manifestar su preocupación por el avance de la iniciativa que, en su opinión, no tiene ninguna contemplación de su impacto sobre la producción.
"El tratamiento del proyecto en el recinto no tuvo en cuenta los elementos que afectan al sector productivo, y consecuentemente, los efectos sobre el sostenimiento del empleo y la actividad en el contexto de una crisis sanitaria y económica sin precedentes", aseguró la UIA en un comunicado institucional.
En este sentido, la cámara fabril le reclamó al Senado que "incorpore una visión productivista al tratamiento del proyecto en cuestión" contemplando los mismos cuatro principios que llevan tiempo exponiendo. Primero, que se excluya de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos (incluidos los inmuebles). Y segundo que se pueda pagar el aporte capitalizando inversiones productivas a lo largo de un año.
También piden que se exceptúen los TÃtulos Públicos y las Obligaciones Negociables de empresas argentinas "para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos (que acaban de atravesar un proceso de renegociación)" y que se incorpore un mÃnimo no imponible se corrijan las alÃcuotas para evitar tratamientos desiguales.
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La idea detrás de esos cuatro puntos es que no se malvendan activos en un momento en el que los valores están en mÃnimos históricos o se cierren actividades por el retiro de sus accionistas para pagar el tributo.
En este sentido, el mercado ya castigó este miércoles a las principales empresas argentinas del sector bancario y energético. Los ADRs de las empresas argentinas en Wall Street: Loma Negra cayó 5,3%, YPF retrocedió 3,7%, el Macro perdió 4,5% y Trasportadora Gas del Sur anotó un rojo del 5,6%, en una primera respuesta al cambio de condiciones que supone este impuesto.
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"En un contexto atravesado por una crisis de escala global, la redacción del proyecto en cuestión profundizará aquellos problemas que impiden emprender el camino de la recuperación sostenida. Más que gravar los recursos que se destinan a la inversión, Argentina necesita potenciarlos desde una mirada integral y de largo plazo", lamentaron los industriales.
Inconstitucionalidad: confiscatorio y retroactivo
Además, los industriales insisten en que el proyecto afecta los principios constitucionales de confiscatoriedad, capacidad contributiva y retroactividad respecto de la condición de residente.
Para ellos y sus asesores legales, el impuesto es confiscatorio porque grava la misma base imponible que el impuesto a los Bienes Personales que ya fue aumentado este año, y encima con el agravante de que no admite las exenciones de aquel tributo). Además, no reconoce la igualdad de capacidad contributiva, porque ante idéntico patrimonio se tributa diferente en función de la localización de los activos.
Y en último punto, también es retroactivo respecto de la condición de residente. "Este tributo alcanzará a los residentes al 31/12/2019 aunque hayan perdido dicha condición durante este año", señalaron los industriales.
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Son el 0,02% y los legisladores a los que compraron les fallan.