La tensión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner por el nuevo procurador general está lejos de ceder: los senadores del Frente de Todos seguirán sin tratar el pliego de Daniel Rafecas y avanzarán con una nueva ley del Ministerio Público.

Lo confirmó este lunes el senador Oscar Parrilli, durante una nueva audiencia de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. "Vamos a esperar el informe del comité de expertos del miércoles y la semana que viene empezaremos a elaborar un dictamen", prometió. 

Se aprobaría antes de fin de mes y el presidente deberá definir si lo suma a extraordinarias para que Diputados lo convierta en ley. Poco importó que la ministra de Justicia Marcela Losardo reclamara tratar el pliego de Rafecas cuanto antes, luego del guiño de Elisa Carrió para que los senadores de Cambiemos contribuyan para llegar a los dos tercios. 

En la reunión se presentó el proyecto del rionegrino Alberto Weretilneck, habitual aliado del Frente de Todos en el recinto, que contempla algunos postulados del kirchnerismo como elegir y hasta remover al procurador con la mitad más uno de los votos del Senado y no dos tercios, acortar su mandato a cinco años (hoy es vitalicio) y enjuiciar a los fiscales con un tribunal presidido por un legislador oficialista y sin intervención del jefe del Ministerio Público. 

Un senador aliado de Cristina presento un proyecto para elegir al procurador sin la oposición

Este domingo, en otra publicación en su cuenta de Instagram, Rafecas, que ya había anunciado que renunciaría a su pliego si podía ser elegido por mayoría: citó el artículo 120 de la Constitución, que otorga "autonomía funcional y autarquía financiera".

Pareció aludir a las facultades que el ex gobernador le otorga en su proyecto a la bicameral de seguimiento y monitoreo del Ministerio Público. Hasta se permitió una ironía: "La Constitución Nacional siempre es un buen comienzo...Seguimos preparándonos para la audiencia publica y, ojala, para asumir el cargo de Procurador General de la Nación, cuyo pliego, a propuesta del presidente ingreso al Senado en marzo, tras recibir 700 apoyos (incluyendo la UBA y todos los organismos de DDHH) y solo 3 impugnaciones".

El propio Weretilneck anticipó que no está en sus planes acelerar su pliego. "Comparto que en vísperas de designar un nuevo procurador lo hagamos con la nueva ley", propuso. Un pedido similar habían realizado en declaraciones periodísticas los senadores oficialistas María de los Ángeles Sacnun y Martín Doñate, pero es la primera vez que se escucha en la reunión de comisión que debate además proyectos de reforma del Ministerio Público de la neuquina Lucila Crexell y el radical Martín Lousteau. Ambos piden acortar el mandato pero sostener los dos tercios para su elección, que requiere de una inevitable negociación con la oposición de turno.

El miércoles pasado, Crexell, que integra el interbloque federal aliado a Cambiemos, le reclamó por carta a la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti realizar la audiencia pública con Rafecas, pero no tuvo suerte: convocó a la comisión de Acuerdos para el miércoles, pero acotó el temario a pliegos militares. Esa tarde, se sabrá la posición del comité de expertos sobre las reformas judiciales necesarias, con sugerencias sobre el Ministerio Público.

Weretilneck defendió su idea de permitir que el jefe de fiscales se vote por mayoría absoluta del Senado (37 votos), que habilitaría a Cristina a elegirlo con su bloque y sin un voto opositor. "En Estados Unidos el mandato del procurador es de 4 años y paralelo al del presidente. Ni Brasil, ni Francia, ni los países nórdicos tienen el cargo por perpetuidad".

Otro aspecto polémico de su proyecto es la necesidad de cubrir la vacante de un procurador en 60 días, justo cuando el actual, Eduardo Casal, es un interino que hace 4 años que ocupa el sillón principal. "No es grave, ni pecaminoso, ni inconstitucional, ni amenaza la libertad de nadie que haya un control del Ministerio Público en manos de la bicameral", desafió el senador. 

La última tanda de expositores tuvo opiniones diversas. Nicolás Becerra, procurador entre 1997 y 2004, defendió que el cargo sea temporal pero no que se elija por mayoría simple "porque debe tener un consenso político adecuado para ejercer sus funciones".

Si no hubiera tenido respaldo institucional de los dos tercios del Senado, no hubiera podido dictaminar la inconstitucionalidad de las leyes e obediencia debida y punto final 

"Si no hubiera tenido ese respaldo institucional, no hubiera podido dictaminar la inconstitucionalidad de las leyes e obediencia debida y punto final; en la causa Paco, que investigó los cuerpos de desaparecidos; o el rechazo a la segunda reelección de Carlos Menem", rememoró.

Advirtió además que no tardaría en ser declarado inconstitucional el artículo del rionegrino que permite que un Gobierno suspenda al procurador. El abogado Roberto Gargarella, sugirió un diálogo entre el Ministerio Público y la sociedad con un sistema de audiencias "pero no a través de sus representantes".

Su colega Guido Risso, profesor de derecho constitucional, consideró totalmente ajeno a la carta magna la facultad de elegir por dos tercios al procurador, que fue incorporada por una ley en 1998. "Las mayorías especiales deben ser establecidas por el texto constitucional, no se puede incorporar en una norma", protestó.

Definió como "un resabio del sistema monárquico", los cargos vitalicios como el del procurador o el de fiscales y jueces. "Cuando se habla de legitimidad es en realidad un respaldo de la estructura política de origen. Pero después cambian", señaló.

Fotografía HCSN

Calificó además como "irracional" el sistema de sanciones coordinado por el procurador. "Es una verticalización del sistema; debe haber un control externo, por fuera del propio órgano".

Lo cruzó Fernando Díaz Cantón, presidente de la federación argentina de colegios de abogados (FACA). "No comparto que la mayoría especial es inconstitucional. Es una ley". El senador oficialista Juan Pais intervino para aclarar que la autonomía, en ningún caso significa falta de controles. Parrilli fue más provocador: "Tal vez haya un día en el que tengamos que elegir a los jueces por el voto popular. En 2013 quisimos hacerlo con los miembros del Consejo de la Magistratura y se armó un lío bárbaro". 

La fiscal Mónica Cuñarro, experta en derecho penal, que había sido invitada por el ex secretario de Cristina,  lejos estuvo de ayudarl: se hizo eco de Becerra sobre la necesidad de seguir pidiendo dos tercios para que un procurador tenga respaldo político de todas las fuerzas y definió como "un avance institucional" contra el Ministerio Público.

"No se puede hacer un cogobierno. Tiene que haber una persona fuerte y no alguien en nombre del Ejecutivo o Legislativo, porque puede haber un imputado de esos poderes", advirtió.