La ley del Ministerio Público que diseña el kirchnerismo en el Senado modificaría la composición del jurado de enjuiciamiento y le quitaría poder en los procesos al procurador para lograr una rápida destitución del fiscal Carlos Stornelli, quien se mantiene en su cargo pese a que el juez Alejo Ramos Padilla lo procesó por supuestos vínculos con una red de espionaje ilegal. 

No sufrió represalias porque el jefe de fiscales interino Eduardo Casal planchó su sumario y se ganó una embestida de los legisladores cercanos a Cristina Kirchner, enfrentada a Stornelli por su activa intervención en causas por presunta corrupción suya y de sus ex funcionarios.

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"Hay un mecanismo corporativo que tiene resabios de la justicia militar, en el que los fiscales se juzgan a sí mismos, con normas que son una suerte de protección para no investigar ni inspeccionar. Es un tema a analizar", propuso el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli durante una nueva audiencia de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside, dedicada a debatir una norma que cambie las reglas de juego de la Procuración.

Hay un mecanismo corporativo que tiene resabios de la justicia militar, en el que los fiscales se juzgan a sí mismos, con normas que son una suerte de protección para no investigar ni inspeccionar. 

Fue la primera oportunidad para que expusieran expertos elegidos por Cambiemos, que decidió participar del debate luego de una fuerte discusión interna por la inesperada presión de Elisa Carrió para que apoyen al candidato a procurador del Gobierno, el juez federal Daniel Rafecas.

El lunes próximo será la última audiencia con invitados y el oficialismo definirá si avanza con un proyecto para aprobar con su mayoría propia y enviarlo a Diputados o abre consensos con la oposición. La hoja de ruta de la vicepresidenta consiste en debatir nuevos usos y costumbres del órgano que controla los fiscales federales antes de elegir a su máxima autoridad.

Los senadores kirchneristas Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde.

Fotografía HCSN

Es así que el pliego de Rafecas sigue congelado, pese al reciente reclamo de la ministra de Justicia Marcela Losardo, ante los guiños de Carrió y la esperanza de torcer a un sector de la UCR. La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti nunca llamó a una audiencia en la Comisión de Acuerdos para escucharlo defender su nominación. 

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Ni siquiera le interesó que el juez amenazara con retirar su candidatura si la nueva ley flexibiliza la mayoría necesaria en el Senado para elegirlo, que es de dos tercios y el kirchnerismo quiere llevar a la mitad más uno, requerida para elegir a cualquier juez o fiscal.

Pero los laderos judiciales de Cristina no se conforman con con ese cambio: pretenden además otorgarle más funciones de control a la bicameral de seguimiento y monitoreo del Ministerio Público y una mayor autonomía al jury de enjuiciamiento de los fiscales, en el que el procurador de turno tiene un rol decisivo para definir quién rinde cuentas y quién no. Son atribuciones que Cristina busca eliminar.

Carlos Stornelli. 

El jury del Ministerio Público tiene siete miembros: uno del Poder Ejecutivo, otro del Senado, otro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); dos abogados de la matrícula federal y otros 2 elegidos por sorteo del Ministerio Público, uno fiscal general y otro raso.

Stornelli siempre durmió tranquilo porque Casal nunca remitió al jurado un sumario sobre su situación judicial, pese a que se atrevió a faltar a llamados a indagatorias de Ramos Padilla, a quien recién enfrentó cuando Macri dejó la presidencia. Por si fuera poco, el reglamento interno le otorga al procurador poder de veto ante una hipotética propuesta de suspensión. 

Tampoco es fácil activar un juicio: se necesita un sumario avalado por el jefe de fiscales, que antes recibe el informe de un consejo evaluador, un organismo interno que funciona como una especie de contralor corporativo.

No es fácil activar un juicio político contra un fiscal: se necesita un sumario avalado por el Procurador, que antes recibe un informe de un consejo evaluador de la propia Procuración. Además, el jefe d elos fiscales tiene poder de veto ante una hipotética sanción.

Casal hizo uso de todas sus herramientas para proteger a Stornelli: no archivó el sumario y dispuso un "apercibimiento", que paralizó al jurado y le impidió a Ramos Padilla elevar una queja y abrir el juego. Lo resolvió puertas adentro y el Gobierno ni siquiera logró una mayoría en el jury para presionar. 

Si la tuviera, intentaría además desplazar al procurador interino, por considerarlo en un empleado raso del Ministerio Público, pero sería imposible iniciar el proceso mientras sea el jefe reconocido en el palacio. Además, otro de los procesos se le podría activar a Stornelli es por sus testimonios a los arrepentidos de la causa de los cuadernos, como se conoce a las confesiones de un ex chofer sobre supuesta corrupción en la obra pública. No hay rastros y fueron motivo de decenas detenciones. 

El borrador que circula entre los legisladores del Frente de Todos copia la composición del jury propuesta en el proyecto de reforma del Ministerio Público del ex ministro de Justicia Germán Garavano. Pase al respaldo de Mauricio Macri fue cajoneado por un reclamo de Elisa Carrió, defensora a ultranza de la autonomía sin matices del procurador, una batalla que llevó la UCR a la convención constituyente de 1994 para contrarrestar el poder de fuego de la Corte con dominio menemista. 

El jurado tendría un representante del Poder Ejecutivo, del Senado, Diputados y las Universidades, suficientes para que el Gobierno de turno pueda dominarlo si tiene quórum en el parlamento y sabe hacer lobby entre los rectores. Se completaría con un abogado por matrícula, un fiscal y un defensor, todos elegidos por sorteos públicos, y recibiría en mano las denuncias contra los fiscales sin el filtro del procurador.

Otra opción que barajan en el Frente de Todos es que el consejo evaluador quede en manos de la bicameral, que estará siempre dominada por la fuerza política que tenga mayoría en al menos uno los recintos del Congreso.

El procurador interino Eduardo Casal.

HCDN

Parrilli introdujo el debate en el plenario para sorpresa de los invitados, que se conectaron preparados para habar de los dos asuntos más polémicos: el plazo del mandato del procurador y el número para elegirlo. El doctor en derecho Néstor Sagües sugirió que al jury no lo integren representantes del jefe de fiscales o del Gobierno. "No es razonable que intervengan los controlados ni los controlantes", explicó. Pidió además sostener los dos tercios para elegir al procurador y mandatos nunca iguales al período presidencial.

El cordobés Jose Luis Heredia, propuesto para exponer por el oficialismo, aceptó que la procuración "es demasiado corporativa" y propuso un control "extra poder", que no sería otro que el Congreso. Parrilli dio algunas pistas: habló de un monitoreo parlamentario sobre el plan anual del jefe de fiscales y del de los defensores oficiales.

También expusieron la doctora en derecho Marcela Basterra, la camarista Mirta López y el fiscal federal de Salta y vicepresidente de la Asociación de fiscales y funcionarios del Ministerio Público (Affun), Ricardo Toranzos, quien pidió sostener los dos tercios como norma para designar a su patrón. "Es una forma de control de las provincias, que son las que eligen al procurador a través de sus senadores".