El Senado sancionó este viernes por unanimidad la ley para refinanciar las deudas que 21 de las 24 provincias mantienen con Anses, una norma que contiene además medidas que apuntan a preservar los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) del organismo y utilizarlos para inversiones productivas. 

La principal es que deje de afrontar los pagos de "la reparación histórica", como se llamó a los acuerdos que se firmaron desde 2016 para cumplir con las actualizaciones previsionales determinadas en los fallos de la Corte Suprema. Serán canceladas con fondos del sistema jubilatorio o del tesoro nacional. 

"Si se sigue utilizando el FGS en 7 o 10 años desaparece sin siquiera haber abonado el 50% de los compromisos, que abarcan a 900 mil jubilados de los 7 millones que hay. No se puede financiar un flujo con un stock y perder al único inversor institucional a largo plazo que tiene Argentina y la principal herramienta para cubrir un déficit transitorio", sostuvo el senador del oficialismo Daniel Lovera.

El FGS surgió cuando se absorbieron los fondos de las AFJP. Según Lovera, tenía activos por 65 mil millones de dólares en 2015 y 33 mil en 2019, con sólo un 3% invertido en proyectos productivos,
"cuando la mayor necesidad del país es generar trabajo e inversión". 

El siempre polémico senador del Frente de Todos Oscar Parrilli recordó que la reparación histórica formó parte de una ley de blanqueo. "Sirvió para que algunos amigos y familiares del ex presidente traigan 100 mil millones de dólares. La Corte Suprema que tomó un per saltum para tratar el traslado de jueces, pero bien podría tratar la causa judicial iniciada por un actual ministro (el canciller Felipe Solá) sobre los personajes que aparecen en ese blanqueo". 

Los gobernadores dejaron de pagar intereses y tendrán 8 meses para acordar un plan de pago. Cambiemos pidió un tope de tasa del 15% pero no fue aceptada. La deuda acumulada supera los 26 mil millones de pesos.

El radical Luis Naidenoff, jefe de Cambiemos, defendió la reparación histórica, aunque al FGS le cueste pagarl. "Había que encontrarle una salida a los fallos de la Corte, porque el camino que tenían era la litigiosidad: un juicio duraba 8 años y como no había revancha, se les iba la vida. Fue una buena decisión", la defendió.

Recordó que esa ley creaba un consejo para debatir un nuevo sistema jubilatorio y nunca se definió, como tampoco la fórmula de movilidad previsional que sigue suspendida por el Gobierno desde diciembre. Los aumentos se rigen por decreto. 

Como en cada sesión, le respondió su coterráneo y jefe del oficialismo, José Mayans. "Hasta 2015 no había default del sistema jubilatorio porque el FGS se usaba para definiciones estratégicas. No para vender acciones a 10 dólares que valían 30 como hacía (el ex director de Anses Emiliano) Basavilbaso, con la complicidad de muchos legisladores que permitían que no viniera al Congreso a rendir cuentas y lo tapaban". 

Luis Naidenoff. 

Fotografía HCSN

El proyecto condona además el pago de intereses de los créditos otorgados a jubilados con fondos del FGS. Para financiar inversiones productivas aporta hasta 100 mil mil millones de pesos a un fondo fiduciario público que durará 20 años y tendrá como administrador al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Las decisiones las tomará un Comité Ejecutivo integrado por funcionarios y legisladores. Cambiemos reclamó sumar un director en representación de los municipios, pero no lo logró. 

Deudas provinciales 

Pero la medida que ató a la oposición a acompañar es la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con Anses con la garantía de la coparticipación federal. Desde agosto la directora Fernanda Raverta (que siguió el debate en el Senado junto al director del FGS Lisandro Cleri) dejó de descontar los intereses y el proyecto fija un plazo de 8 meses para negociar condiciones de pago por créditos que vencen este año y el siguiente.

Se establece una amortización del capital refinanciado a cancelar íntegramente en el vencimiento, con una tasa Badlar a definir. Naidenoff pidió que se sea de no más del 15% y la diferencia la financie el tesoro, pero el oficialismo no quiso. Los gobernadores opositores también lo habían pedido en el presupuesto sin éxito. 

En Anses calculan que las provincias deben un total de 26.632.966.038 y las pasivos más grandes son los de Buenos Aires (6.685.456.250), la Ciudad (2.007.025.000) y Chaco (1.515.750.000). Cada uno de los 24 gobernadores deberá negociar condiciones con Raverta en los próximos meses, una llave más del Gobierno para tenerlos golpeando la puerta.

La presión comenzó a sentirse esta semana: los diputados de Jujuy y Corrientes de Cambiemos votaron el presupuesto, por presión de los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdes (Corrientes).