La próxima semana será clave para determinar el destino de la principal agroexportadora de capitales nacionales que entró en default a fines del año pasado. El 15 de octubre, los 109 accionistas se reunirán para nombrar un nuevo directorio y legitimar la estrategia de la empresa frente al proceso concursal que se tramita en el juzgado civil y comercial de la ciudad de Reconquista.

Pero la conformación de una nueva administración difícilmente pueda atemperar las desconfianzas que levantó el actual directorio integrado por los apellidos históricos de la cerealera: Vicentín, Buyatti, Padoán y Nardelli quienes están siendo investigados por presunto vaciamiento de la firma, lavado de activos y maniobras fraudulentas.

La tardía presentación del balance del 2019, que debía explicar pérdidas por más de 50 mil millones de pesos en un año, generó más dudas que certezas y ahora, una comisión ad hoc que nuclea a los acreedores internacionales instruyeron a sus abogados para que presenten en la fiscalía de Delitos Económicos de Rosario para que se investigue presuntas estafas.

Es que del pasivo total que supera los 1.400 millones de dólares, más de 500 millones corresponden a bancos extranjeros, entre ellos el Rabobank, el Credit Agricole, el ING Groep y la entidad crediticia del Banco Mundial, la International Finance Corp quienes ya habían solicitado a la justicia copias de las transferencias efectuadas por Vicentín.

La preocupación escaló al punto tal que fue tema de conversación en la comunicación telefónica que mantuvo Alberto Fernández con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte el lunes pasado. Más del 50 por ciento de la deuda extranjera de Vicentín está certificada con bancos de origen holandés.

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En consecuencia, los acreedores conformaron la comisión que pide que "se investigue si las autoridades de Vicentin presentaron información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares", señalaron voceros del comité a su vez que solicitaron que se investigue "la confusa relación crediticia entre Vicentin y algunas contrapartes y el eventual fraude" por maniobras poco transparentes en los certificados de exportación.

"El análisis de la información financiera de Vicentin S.A.I.C., incluyendo el balance a octubre de 2019 presentado recientemente, nos convenció de la necesidad de investigar si la empresa habría obtenido créditos de los miembros del Comité Ad Hoc ocultando una multimillonaria deuda con los productores agropecuarios", explica el escrito y recuerda que:

"La finalidad de los créditos que obtuvo era, precisamente, la compra de granos. La información obtenida a través del Discovery en los Estados Unidos abona la hipótesis de que, en lugar de utilizar el financiamiento para comprar granos, Vicentin S.A.I.C. habría utilizado el dinero para financiar otros negocios familiares que no forman parte del balance de Vicentin S.A.I.C.".

Es que como publicó La Política Online en su momento, el Grupo Vicentín estaba asentado sobre un complejo entramado de sociedades, algunas radicadas en el país otras en el exterior, que supuestamente servían para ocultar los bienes y las diferentes unidades de negocios. Desde un principio, las subsidiarias más rentables quedaron afuera del concurso y eso quedó en evidencia con el intento de venta del Frigorífico Friar, que mayores ganancias reportaba, al fondo BAF Capital en medio del concurso.

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En el medio, la actual conducción de Vicentín contrató al banco neoyorquino Maxim Group para ubicar potenciales inversores interesados en el rescate de la empresa. La maniobra, lejos de aquietar las aguas generó mayor incertidumbre en Argentina como en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos cuyos tribunales insistieron en el discovery para detectar los activos del holding.

"Hasta que no se comprenda las razones que causaron el colapso financiero de la compañía será imposible reestablecer la confianza del mercado y de los acreedores. Esta nueva acción persigue ese objetivo", concluyeron voceros del Comité Ad Hoc de acreedores internacionales.

En Santa Fe, la inclusión del banco Maxim Group puso en alerta a los diputados que integran la comisión de seguimiento del concurso: "todo indica que la asamblea de accionistas de la próxima semana terminará de confirmar la extranjerización de Vicentín. Cuando el gobierno provincial y nacional les pidió que cambien el directorio para generar más confianza, no lo hicieron y ahora que lo solicitan los extranjeros sí", reflexionó el diputado Carlos del Frade.

A su vez, el legislador del Frente Social y Popular junto al presidente de la comisión, el peronista Luis Rubeo, evalúan la posibilidad de iniciar un jury de enjuiciamiento al magistrado de Reconquista que lleva el concurso, Fabián Lorenzini que viene siendo cuestionado fuertemente por el gobierno y las autoridades del Banco Nación, el acreedor más importante.

Para del Frade, el ocultamiento durante meses del balance de 2019 que debía explicar cómo se perdieron 52 mil millones de pesos en un solo año y que fue entregado recién a fines de septiembre, entre otras irregularidades, no podrían haber sucedido sin la laxitud en el manejo de los tiempos por parte de Lorenzini.

"Estoy convencido de la honestidad y buena fe con la que actúa el juez. Él dijo que iba a defender la empresa y está convencido que eso significa defender a los directivos, no los considera como lo que son, ladrones de guantes blancos", afirmó del Frade en diálogo con LPO.

Sin embargo, los diputados buscarán consenso para el jury con el resto de la comisión de seguimiento para no tensionar con el resto de los legisladores.