Un asesor estrecho de Alberto Fernández dijo que no es momento de pelearse con la Justicia, en una declaración que revela las diferencias del albertismo con el cristinismo que pidió el juicio político a Carlos Rosenkrantz.

El legislador porteño del Frente de Todos Leandro Santoro sostuvo que "la discusión de la Justicia como tema dominante de la agenda pública no ayuda".

Las declaraciones de Santoro, muy cercano a Alberto, se dan en la semana del fallo de la Corte Suprema sobre el per saltum presentado por los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli, y del pedido de juicio político al presidente del Máximo Tribunal Rosenkrantz presentado por la diputada camporista Vanesa Siley.

En diálogo con La Once Diez, Santoro dijo que "a Bertuzzi, Bruglia y Castelli la gente no les conoce la cara" y expresó que "yo no sé por qué estamos discutiendo todo el tiempo estos temas". "Entiendo que tienen volumen institucional, que son importantes, pero en el contexto socioeconómico en el que estamos, hay un sector de la sociedad que ve que estamos discutiendo esto y se enoja con todos. Yo no sé si esta es la agenda de la gente de Laferrere, de Mataderos o de Formosa", resaltó.

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Además, dijo que del proyecto de juicio político presentado por Siley se enteró a través de los diarios y no descartó que el Presidente de la Nación no estuviera enterado del tema: "A mí me sorprendió. No tenía ninguna información sobre el tema. No sé si Alberto sabía. Hablé con Alberto esta semana y no me hizo ninguna referencia, pero no lo puedo confirmar. Yo me enteré por los diarios. Lo llamé a Mariano Recalde y me dijo que no sabía nada. Él se sorprendió también".

Horas antes de estas declaraciones, el procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó en favor de los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

Como argumento central, el procurador interino señaló que la revisión de los traslados llevada adelante por el Consejo de la Magistratura se realizó en base a normas posteriores y, en ese sentido, destacó "el principio de irretroactividad".

La opinión de Casal, no es vinculante para la decisión de la Corte, del mismo modo que el del Consejo de la Magistratura, que el jueves último ratificó su decisión y pidió a la Corte que rechace los traslados.

En la Justicia calculan que el fallo de la Corte se conocerá entre los próximos 15 y 20 días. Se habla de un fallo "intermedio" entre la postura del Gobierno de correr a los jueces y la de habilitar traslados a mansalva.

Más que nada por los antecedentes que indican que a la Corte no le parece adecuado que el Ejecutivo pueda disponer traslados de manera discrecional.

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En 2018, la Corte Suprema emitió la Acordada 4 y 7, que justificaron los traslados de jueces pero con restricciones. La 4 aplicó restricciones a los movimientos que había realizado el gobierno de Mauricio Macri en la Justicia, al disolver el Tribunal Oral Federal 9 con jueces que según la Corte no cumplían con los requisitos constitucionales. La acordada fue firmada por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Carlos Rozenkrantz, puesto por Macri, y la oficialista eterna Elena Highton firmaron en disidencia, ya que pretendían ampliar las posibilidades de más traslados para congraciarse con el entonces presidente.

En la 7, sólo firmaron Lorenzetti, Rosatti y Maqueda. Esa acordada se destacó que los traslados deben ser excepcionales y que deben realizarse entre tribunales de igual jerarquía, misma jurisdicción e igual o similar competencia material. Con esa acordada se habilitó a los magistrados que ya habían sido trasladados a seguir actuando pero exigió que sus pliegos fueran aprobados por el Senado. Esta vez Rosenkrantz y Highton ni siquiera firmaron en disidencia.

En la Corte no cayó nada bien el pedido de juicio político de Siley, que fue tomado como una maniobra de presión. Por eso el albertismo salió a poner paños fríos. Es que la Corte además tiene en sus manos la presentación que hizo Horacio Rodríguez Larreta para frenar ´la quita de coparticipación a la Ciudad.

La Corte también tiene pendiente desde hace casi cinco años el recurso extraordinario presentado contra la reforma del Consejo de la Magistratura en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, que redujo la cantidad de miembros de 20 a 13. Ahora, curiosamente, la comisión de juristas que discute entre otras cosas la ampliación de la Corte y que integra el abogado personal de Cristina Kirchner, analiza subir la cantidad de miembros a 20 de nuevo.