El ultimatum está servido en un momento clave para la UE. El grado de preocupación de las instituciones europeas, por la vulneración reiterada de independencia judicial, libertad de expresión, el derecho de las minorías, o del trato a inmigrantes y refugiados por parte de Hungría, ya no se puede disimular.

Hace unos días, el diario alemán Der Spiegel publicaba una entrevista realizada a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, en la que ésta, haciendo un juego de palabras en inglés con el término "ill" (enfermo) e "iliberal" (adjetivo con el que recientemente se hace referencia a las democracias europeas del Este de baja intensidad), tildaba de "democracia enferma" la practicada por el primer ministro húngaro Viktor Orban. 

La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) coloca a Hungría en el puesto número 89 de una lista de 180 países en el índice de Libertad de Prensa. Muy cerca de esta deriva totalitaria, se encuentra Polonia, quien ha sido llevada ya en dos ocasiones por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia

La reacción de Orban no tardó en llegar. El pasado martes 29 envió por la vía de urgencia una carta a la presidenta Von der Leyen advirtiéndole que si Jourová, quien ostenta la cartera europea de Valores y Transparencia, no dimite, interrumpiría cualquier tipo de comunicación y relación con ella.

Con esta severidad, y ante el silencio por parte de Von der Leyen, se teme que Viktor Orban aproveche el desplante diplomático para tensar la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que ha tenido lugar estos días en Bruselas. Una cumbre europea vital para dar forma a las negociaciones in extremis del pasado mes de julio sobre los 750.000 euros destinados a la recuperación de la UE por la crisis del Covid19. Ayudas cuya asignación por país estará estrechamente vinculada con el respeto al Estado de Derecho de cada Estado miembro.

Se impone el eje franco-alemán y sellan un rescate histórico con 390.000 millones de euros de ayuda directa

La pasada primavera, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó claro que ni Polonia, ni Hungría, ni la República Checa podrían saltarse a la torera la decisión de acoger refugiados. Fue entonces cuando el propio Parlamento Europeo instó a la Comisión a realizar un análisis detallado con el fin de dirimir si se debe activar o no el artículo 7 del Tratado de la UE, es decir, el botón rojo que excluye del circuito de tomas de decisiones al Estado miembro que vulnera principios y derechos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) coloca a Hungría en el puesto número 89 de una lista de 180 países en el índice de Libertad de Prensa. Muy cerca de esta deriva totalitaria, se encuentra Polonia, quien ha sido llevada ya en dos ocasiones por la Comisión Europea ante el TJUE por vulnerar, sobre todo, la necesaria separación entre el poder político y judicial de un Estado, que se precie, de Derecho.

Demasiadas llamadas de atención que han provocado una animadversión creciente entre estos dos países del Este y la UE. Un malestar que esperaba el momento oportuno para poner sobre la mesa un órdago, y es que, si se vinculan los fondos europeos al lo que la UE estima como respeto al Estado de Derecho, tanto Hungría como Polonia, bloquearán un acuerdo que urge para salir de esta profunda crisis sociosanitaria del Coronavirus.

El Estado de Derecho es efectivamente una conditio sine qua non para percibir ayudas y la concatenación de hechos así lo demuestra. Ayer, la Comisión Europea publicó el primer informe sobre el estado de salud del Estado de Derecho en los Estados miembros y, de nuevo, Polonia y Hungría suspenden estrepitosamente en lo que a libertades civiles y derechos se refiere.

Justo ayer, la cuenta oficial de twitter del gobierno magiar se congeló. Hoy ya ha retomado su actividad, pero el portavoz del gobierno húngaro, Zoltan Kovacs está convencido de que esta gran empresa tecnológica lo vetó convergiendo con dicho informe.