El Frente de Todos del Senado emitió dictamen este jueves del proyecto de ley que regula el traspaso de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires firmado en 2016, que le quita más de dos puntos de  coparticipación transferida ese año por Mauricio Macri y fija un presupuesto anual para financiarla de 24.500 millones de pesos, considerado escaso por el Gobierno porteño.

Fue en el tercer y último plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, coordinado por María de los Ángeles Sacnun y Carlos Caserio. Cambiemos pidió continuar el debate el martes con nuevos invitados como el ex ministro de Economía Hernán Lacunza (estaba para este jueves pero tuvo otros compromisos), el de la Ciudad José Luis Giusti y el legislador porteño Martín Ocampo, que tuvo a cargo la policía ni bien se transfirió. 

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Pero el oficialismo decidió firmar dictamen para aprobarlo la semana próxima en el Senado y su sanción definitiva en Diputados depende de la voluntad de los aliados eventuales del Gobierno, como los cuatro diputados aliados al cordobés Juan Schiaretti. 

El proyecto reglamenta la trasferencia de la policía con una ley, como obliga la Constitución, borra el aumento de la coparticipación dispuesto por Macri -que Alberto recortó con otro decreto hace un mes- y adjunta el acta con las atribuciones y personal traspasados para definir un presupuesto.  Lo calcula en 24.500 millones y fija un índice de actualización trimestral, con un índice del 80% en la variación salarial y el 20% del aumento de precios medidos por la Ciudad. 

El Gobierno, a través de funcionarios del Ministerio del Interior y de Seguridad, calculó que la suba de coparticipación le permitió a Horacio Rodríguez Larreta sumar 86 mil millones de pesos por encima de lo que necesitó por el traspaso de la policia. 

El gran dilema son los costos de base, porque al no haber habido una ley en su momento que los determinen no están claros y cada uno hace sus cuentas. Además, al no ser considerado coparticipación, el dinero no se entrega en forma automática sino con una partida anual. 

El Gobierno, a través de funcionarios del Ministerio del Interior y de Seguridad, calculó que la suba de coparticipación le permitió a Horacio Rodríguez Larreta sumar 86 mil  millones pesos por encima de lo que necesitó. 

"Cuando se vieron los gastos que se utilizaron para cubrir el traspaso eran de 8047 millones de pesos, que le tenemos que descontar los 1200 que la policía federal generaba por su cuenta. Pero ese año pasó a recibir 27.700 millones con ese aumento de coparticipación. O sea, 10 mil millones de más. Le vamos a pagar el convenio de lo que transfiera, no lo que quieran", sostuvo Caserio.

El ministro de Hacienda de la Ciudad, Martín Mura.

El ministro de Hacienda de la Ciudad, Martín Mura, uno de los invitados al último plenario, desmintió esos números. " Este año por la pandemia tenemos una caída proyectada de 80 mil millones de pesos, en un presupuesto de 430 mil.  El gasto de la policía es de tres o cuatro veces más (al proyecto de ley). La pérdida representa 65 mil millones de pesos, 10 meses de salarios docentes, 8 de los profesionales de la Salud. Un guadañazo de este tamaño pone en riesgo las finanzas de cualquier jurisdicción", protestó. 

Mura aseguró que el costo de la Seguridad en el año 2015 era de $13.070 millones y la coparticipación ese año alcanzaba los $7.803 millones. 'Es así de sencillo. Y el único sistema que garantiza el goteo diario es la coparticipación', señaló

"El costo de la Seguridad en el año 2015 era de $13.070 millones y la coparticipación era de $7803 millones. El incremental de 2.5% permitía alcanzar esa cifra. Es así de sencillo. Y el único sistema que garantiza el goteo diario es la coparticipación", justificó aquella decisión. Y explicó que la transferencia fue gradual e incluyó otra áreas que explican un gasto mayor.  

"El acuerdo se da entre dos acuerdos de signo político, que no tiene un monto. En ningún lugar se fija una compensación del Estado Nacional. Es un grave vicio. Tampoco el decreto que aumentó la coparticipación lo dice", le reprochó el senador rionegrino Alberto Weretinleck, habitual aliado del oficialismo. 

Mura señaló que es un "error conceptual" explicar el traspaso tomando como base 2016, que fue un año de transición. "El costo del servicio se debe analizar a través de la ejecución presupuestaria del año 2015, donde la prestación del servicio de Seguridad estuvo a cargo del Gobierno Nacional, presidido en ese entonces por la actual vicepresidenta", explicó. "Se trata de un guadañazo a las cuentas públicas de la Ciudad", apuntó el ministro.

La reunión comenzó con la exposición del presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el ministro de Economía Ricardo Veliz, junto al vice y colega de Santa Cruz Ignacio Perincioli; y al director ejecutivo Juan Chirinio. 

Remarcaron que los fondos en cuestión no forman parte de la coparticipación federal a las provincias, sino de la "primaria", como se denominan a los recursos que le quedan a la Nación para su libre uso. De esta manera, entendieron, no corresponde una ley convenio para remover los fondos, uno de los argumentos planteados por la Ciudad en su impugnación ante la Corte Suprema. 

"¿Usted aceptaría que le transfieran un servicio sin partidas automáticas?", le preguntó Lousteau a Veliz. Se negó a responder por considerar que no exponía como ministro sino como miembro del CFI. 

Alejandro Otero, director de asuntos institucionales de la AFIP y ex titular de Rentas de la Ciudad, coincidió en que Larreta no tiene que recibir más coparticipación por la policía. "La Constitución establece que los servicios deben transferirse con recursos. ¡Pero no de la coparticipación!", señaló y destacó que la ley de reparto después de ser considerada provincia y durante la gestión de Aníbal Ibarra se consiguió el fijo de copa a 1.4%. 

Lo respaldó Adolfo Rodríguez Saá. "La coparticipación no tiene nada que ver con el traspaso de la policía. Yo formé parte de aquella ley de 1988 y sólo se podía cambiar con un convenio firmado por todas las provincias y ratificado en cada Legislatura. Esto es otra cosa".  

El abogado Ricardo Gil Lavedra fue una de las voces en contra de la ley.  "Que el convenio se firmó sin fondos no es cierto, porque el decreto de coparticipación son los fondos. Este es un nuevo convenio y si se aprueba no vamos a tener autonomía fiscal. Hay que pensar los precedentes que estamos dejando".