Uno de los mayores déficit que pesa sobre el sistema logístico nacional es la nula participación de buques de bandera argentina en el trasporte de cargas de granos y derivados en el comercio internacional. En consecuencia, el flete depende en su totalidad de empresas extranjeras desaprovechando un recurso importantísimo.

El problema es estructural, se arrastra hace décadas e implica una sangría de divisas que rondan los 3.400 millones de dólares anuales, calculan en el sector. Con la paradoja que en el país hay astilleros probados, sub ocupación de la capacidad instalada y personal capacitado tanto en el sector público como privado.

Pero para revertir este déficit, se requieren de políticas de fomento y estrategias como las que se aplican en otros países para sostener sus marinas mercantes: "lo que propongo es una fórmula muy sencilla, copiada a las que tienen los países de la región, un esquema impositivo de 10-10-10", sostuvo Sergio Borrelli, presidente de Náutica del Sur.

El especialista en transporte naval participó del webinar "Situación de la Logística y el Transporte Fluvio-marítimo post covid-19" donde planteó la necesidad de avanzar en una simplificación y reducción de la carga impositiva: "10% de Ganancias, 10% de IVA y 10% en Cargas Sociales", propone Borrelli.

Webinar organizado por el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial que coordina el especialista en infraestructura, Juan Carlos Venesia

"En principio, empezaría por hacer cumplir la ley reglamentando los descuentos en las cargas sociales y al subsidio del 50% del combustible que no pagan los buques extranjeros", agregó en referencia a la ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional que se aprobó en 2017 con amplio apoyo legislativo pero no fue reglamentada por el macrismo.

Lo mismo ocurrió con la ley gemela 27418 sobre el Régimen de Promoción de la Industria Naval que se trataron conjuntamente y que habían sido consensuadas con todos los actores del sector pero también sufrió el veto de artículos claves como la asignación específica de fondos o que el período de promoción se extendiese por diez años.

"Ambas leyes, en su oportunidad, fueron consensuadas por el conjunto de los diferentes actores del sector en el recinto parlamentario, lo que se plasmó en su aprobaciones legislativas respectivas durante la anterior gestión de Cambiemos pero luego, las normativas fueran vetadas, observadas o simplemente no reglamentadas", explicó a LPO Roberto Meli, director de Política Naviera y Portuaria, que depende del Ministerio de Transporte.

En definitiva, sin una flota mercante nacional y sin un plan de recuperación, del transporte de 100 millones de toneladas de granos y subproductos que salen al mundo del complejo agroexportador del Gran Rosario, no participa ningún buque de bandera nacional.

Actualmente, apenas lo hacen el 11% de los remolcadores y el 9 por ciento de barcazas que circulan por el Paraná "gracias a la Ley de Cabotaje que obliga a que la navegación entre el Río de la Plata y Barranqueras sea de bandera argentina, sino sería menor", describió Borrelli.

Asimismo, para reactivar la industria naval, se requiere, según el especialista, avanzar en un programa de construcción en serie de buques para proveer al Prefectura, la Armada y otras dependencias del Estado: "estamos siempre construyendo un único barco y no hacemos producción en serie y eso es una gran desventaja", señaló, además de financiamiento y un plan para la renovación de la flota pesquera que es obsoleta.

En el mismo sentido se expresó Marcos de Monte, vicepresidente de Astillero Río Paraná Sur quien afirmó ser un defensor de las leyes que fueron aprobadas en 2017 y de los artículos que en su momento vetó el entonces presidente Macri.

"Es un buen punto de partida para compensar asimetrías que se dan entre las legislaciones de los distintos países que integran la Hidrovía. Si algunas de las dependencias del Estado necesitan embarcaciones, ya sea para defensa, patrullaje o transportar combustible, que se piense en la industria nacional y el desarrollo local".

De hecho, en 2018 por un decreto de Mauricio Macri, la Argentina compró cuatro patrulleros oceánicos para la Armada a Francia por un costo que superó los 350 millones de euros cuando en Argentina había capacidad para producirlos localmente. En ese sentido, el actual ministro de Defensa Agustín Rossi, señaló que se le dará prioridad a la industria naval nacional.

Lo mismo ocurre en el Ministerio de Producción y de Transporte donde Matías Kulfas y Mario Meoni volvieron a convocar al sector para reglamentar las leyes de promoción de la industria naval y la marina mercante en los artículos que fueron vetados en la gestión anterior.