El oficialismo del Senado dictaminó la ley de economía de conocimiento, destinada a promover la industria del software, pero le realizó varias modificaciones para concentrar los beneficios en las pequeñas y medianas empresas y de esta menara luego que pase por el recinto el proyecto volverá a debatirse en la Cámara de Diputados, donde se aprobó hace tres meses. 

"Intentamos que se sancione y que se subsanen algunos artículos en la reglamentación, pero era imposible y tuvimos que hacer cambios. Las pymes tendrán los mismos beneficios y son las que más generan empleo en Argentina. Como estaba el proyecto, abría una puerta imposible de controlar para el Estado", explicó la senadora Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos.  

La ley fue enviada en febrero por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas para reemplazar la sancionada el año pasado por el Gobierno, que era una continuidad de la promoción de 2004 pero la consideraba demasiado amplia.

Como explicó LPO, en la bancada conducida por José Mayans sostuvieron que poco cambió con el texto que consensuaron todas las fuerzas políticas de diputados y se permitía acceder a los beneficios fiscales a grandes empresas, algunas sin la industria tecnológica como su principal actividad. 

En el kirchnerismo miraban con desconfianza a Telecom y Mercado Libre, que consideran cercanas a Mauricio Macri. No será tan fácil que se incluyan con las modificaciones realizadas por sus senadores. 

Las grandes empresas sólo podrán acceder al 20% de reducción de Ganancias pero deberán tener a la industria del softoware como su principal. Y el fondo de promoción será sólo para nuevos emprendimientos. Cambiemos no asistiría a la sesión por su rechazo a votar por internet. 

La principal es que la reducción del 60% del impuesto a las ganancias sólo va a permanecer para las pymes, mientras que el 40% será para empresas las medianas y las grandes sólo tendrán una reducción del 20%. Los beneficiados deben mostrar que las actividades promocionadas representan hasta el 70% de su facturación de su último año. 

Las exenciones durarán hasta diciembre de 2029 y podrían convertirse en un bono fiscal para cubrir hasta el 70% de las contribuciones patronales, pero no el Impuesto a las Ganancias. Será intransferible y no como en el texto aprobado en Diputados, que permitía canjearlo una vez. 

Para acceder a los beneficios, las empresas grandes deberán invertir el 5% de la masa salarial en capacitación de sus empleados y/o destinatarios en general, las pymes el 2% y las mipymes 1%. También habrá diferencias en el aporte obligatorio a investigación y desarrollo (3% para las grandes, 2% y 1%) y en el porcentaje de facturación que deberán exportar con las actividades promovidas: el 13%, 10% y 4% respectivamente. 

Otro cambio serán las restricciones para los servicios profesionales. Sólo accederán "en la medida que sean de exportación y en rubros como jurídicos y contabilidad, traducción, publicidad, diseño, arquitectura y recursos humanos". 

Fotografía HCSN

Y no serán alcanzados servicios que para los senadores podrían permitirle a empresas de otros rubros disfrazarse de Tics y pagar menos impuestos, como desarrollo de productos y servicios de software (SAAS);  e-commerce, servicios de provisión de aplicaciones, edición y publicación electrónica de información,  desarrollo y puesta a punto de productos de software originales, u otros orientados a mejorar la seguridad de equipos y redes. 

Tampoco la "producción y postproducción audiovisual, incluidos los de formato digital", la "biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis"; y los "servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones", ni otras actividades como "nanotecnología y nanociencia; industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales". 

"En Córdoba hay 4500 empresas de software pero sólo el 5% tiene 300 empleados. El resto son Pymes, que después de varios años de promoción a toda la industria, son las que hay que favorecer", sostuvo Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto, que coordinó el plenario junto a la de Comunicación, Sistemas y Medios, encabezada por Alfredo Luenzo. 

"Estamos estableciendo esquemas diferenciados a fin de establecer con un principio de distribución mucho más equitativo, de distribución mucho más equilibrada del régimen de promoción. Estamos hablando de una inversión de 18 mil millones de pesos aproximadamente; un crecimiento en los beneficios del 100% de lo que estaba proyectado anteriormente", destacó el chubutense. 

Se endurecen las sanciones por incumplimiento, como devolución del bono fiscal otorgado y multas por hasta el total del monto. Mientras que el fondo fiduciario para promover la actividad, también será restringido a las mipymes y a nuevos emprendimientos.

El radical Martín Lousteau, que como todo Cambiemos se enteró del texto final antes de conectarse, advirtió que al ser el bono intransferible puede complicar a las empresas exportadoras, que lo usan para pagar el IVA, aunque de todos modos podrían seguir haciéndolo según interpretaban en el oficialismo. 

El principal bloque opositor reclamó en las últimas semanas tratar la ley y hasta amagó con pedir una sesión especial para debatirla en minoría. Desistió, cuando Cristina Kirchner la convocó invocando la última prórroga de sesiones remotas que este martes impugnaron en la justicia. De hecho, antes de iniciar cada reunión de Comisión, sus senadores aclaran que no consideran válidos los dictamen hasta tanto se expida la justicia.

"Para nosotros las empresas que exportan son grandes y chicas. Por eso no vamos a acompañar", anunció el radical Juan Carlos Marino. El proyecto se aprobaría en una sesión la semana que viene, tal vez junto a la ley que regula el traspaso de la policía federal. Cambiemos podría dejar sus computadoras desconectadas.