La subsecretaría de Energía de la provincia emitió un duro informe donde plasma el contraste entre las ganancias de las distribuidoras de energía eléctrica y la falta de inversiones durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Desde el gobierno de Axel Kicillof filtraron el informe en medio de una negociación con la empresa DESA que controla las principales distribuidoras eléctricas de la provincia: Edelap, Edes, Edea y Eden. Las partes vienen negociando la salida del congelamiento tarifario y un plan de inversiones a corto y mediano plazo.

El texto -de 203 páginas al que pudo acceder LPO- destaca que no existió un cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni tampoco procedimientos sancionatorios ante los incumplimientos. "Lo que transmite el informe que es parte de lo que nos preocupa como gobierno. Necesitamos revertir lo que en estos últimos cuatro años fue un Estado que todo lo que hizo lo hizo en favor de las empresas", dijo a LPO el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

Según el trabajo, en los informes aprobados durante el gobierno de Cambiemos respecto del nivel de inversiones se identificaron errores metodológicos que modificaron los resultados. Esa falta de inversión -dice el texto- quedó reflejada en la mala calidad y confiabilidad del servicio que presentaron las distribuidoras durante los últimos cuatro años y que se evidencia en numerosos eventos de interrupción del servicio eléctrico.

El ministro de Infraestructura, Agustín Simone.

Aglaplata

El informe del gobierno de la provincia sostiene en las conclusiones que la revisión tarifaria se realizó "con información insuficiente y con ausencia de análisis técnicos para la definición de importantes supuestos. En líneas generales, la definición de los mismos siempre se orientó a incrementar los ingresos reconocidos a las distribuidoras".

El trabajo agrega que durante el período 2016-2019, las distribuidoras aplicaron ajustes tarifarios que, sumados a la fuerte quita de subsidios a nivel nacional, representaron aumentos en las facturas finales de los usuarios que oscilaron en promedio entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años.

Sin embargo -dice el documento-, este fuerte incremento no significó mayores inversiones en la red de distribución ni ejecución de obras en las instalaciones.

Kicillof se reunió con Pagano y prorrogó hasta fin de año el congelamiento de tarifas eléctricas

Fuentes cercanas a Desa aseguran que la variación tiene que ver con el atraso en los ajustes sumado a la imposibilidad de financiar las mismas en un mercado que no era el que se pensó al inicio de la Revisión Tarifaria Integral. Las menores inversiones se compensan contra los mayores costos que debió enfrentar la concesión producto de los desfasajes en los cuadros tarifario.

Respecto de las tarifas, explican que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 el valor agregado de distribución (VAD) promedio en una factura de un usuario residencial se incrementó en un 525%, mientras que el costo de la energía para reducir los subsidios en el mismo plazo se incrementó en un 2.500%.

"El desfasaje temporal entre el pago de la enería a CAMMESA y la recuperación de esos costos por el cobro de las facturas de los usuarios, con las medidas cautelares afectó el capital de trabajo de las empresas y afectó los planes de inversiones", dijo una fuente cercana a la empresa.

Ganancias

Para el gobierno, el fuerte aumento de las tarifas y el bajo nivel de inversión y mantenimiento de la red, tuvo como resultado un crecimiento sostenido de las ganancias de las distribuidoras. Según el informe, el extraordinario crecimiento patrimonial, producto de la RTI, tuvo su correlato en el crecimiento de los resultados: las cuatro distribuidoras de Energía Eléctrica aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%.

Además, agrega que esos resultados, lejos de destinarse a mejoras en la red se vieron reflejados en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales entre 2016 y 2019 acumularon un monto de 309 millones de dólares.

Desde la compañía de Pagano aclaran que esos dividentos obedecen a resultados no efectivamente distribuidos. "Sí pagamos impuestos al Estado por esos resultados, pero nunca generaron en su totalidad movimientos de caja hacia el accionista, más allá de la tasa de retorno regulada del 7,98%, después del pago de impuestos", explican.

Desde la empresa dicen que durante el período 2017-2019 se pagaron dividendos, principalmente de EDEA, EDEN y EDES, en porcentaje resultante del cociente entre dividendos pagados y base de activos regulatoria neta es desde el punto de vista metodológico comparable con el retorno esperado, resultando para EDEA del 4,2%, EDEN 2,5%, EDES 2,8% y EDELAP 0,04%; muy por debajo del retorno definido por la autoridad de aplicación.

El gobierno de Axel Kicillof y el propio Pagano vienen manteniendo reuniones desde diciembre pasado. Desa aceptó firmar dos adendas en las que aceptó el congelamiento de tarifas: la primera por seis meses y la segunda hasta fin de año.

"Buscamos llegar a una tarifa justa y razonable. Eso será parte de una definición que va a ir de la mano con una decisión del gobierno nacional", aseguró Ghioni y agregó que la preocupación del gobierno pasa por garantizar las inveriones para el verano y luego las de mediano plazo.

Falta de controles

El informe de revisión tarifaria integral 2017-2022 establece a la falta de controles como otro rasgo distintivo y sostiene que a partir del "abandono" durante los últimos cuatro años que sufrió el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), no existió por parte del Estado la implementación de los controles establecidos por la normativa vigente.

Además, explica que sólo se realizaron el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10 % de las comerciales. Tampoco se implementó por parte de la Autoridad de Aplicación la contabilidad regulatoria, herramienta fundamental de control sobre la gestión de las empresas.

"El informe es concluyente", dice Ghioni y agrega que el modelo de tarifas altas para usuarios no significó una mejora en la calidad de la prestación del servicio. "Si a eso se suma un Estado que abandonó su función de control y seguimiento sobre la ejecución y la inversión de obras, el resultado fue una ganancia millonaria para las empresas y un claro perjuicio para los bonaerenses", agregó.