La Cámara de Senadores aprobó el dictamen de rechazo al traslado a sus actuales destinos de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y del juez Germán Castelli, que participan de la investigación de la causa de los cuadernos y deberían volver a sus despachos originales.

Fue lo que votó la mayoría que reúne el Frente de Todos y rechazó Cambiemos, que se desconectó de la sesión, acusó a Cristina Kirchner de definir temarios por motivaciones personales y advirtió que algunos magistrados podrían desconocer la decisión del Congreso y atrincherarse en sus oficinas.  

"Castelli dijo que no va a responder a lo que pueda votar y resolver el Senado. Yo le digo a ese juez, que es sólo el bloque mayoritario el que pretende avanzar con este atropello. Nuestro Bloque, el de Juntos por el Cambio, lo respalda y lo apoya para que pueda cumplir con sus funciones de forma independiente, en el marco de la Constitución", sostuvo Laura Rodríguez Machado, del PRO, antes de abandonar la sesión.

La Corte no trató el per saltum de Bruglia y Bertuzzi, y el oficialismo se prepara para desplazarlos

El motivo de la remoción es que los traslados de estos magistrados no tuvieron acuerdo del Senado, el Consejo de la Magistratura consideró que debían ser revisados y Alberto Fernández envió a esa Cámara sus pliegos junto al de otros siete que estaban en la misma situación para que definan si siguen donde están o vuelven a la oficina para la que fueron elegidos. 

Pero sólo Brgulia, Bertuzzi y Castelli pegaron el faltazo a la Comisión de Acuerdos del Senado cuando se los convocó para explicar sus mudanzas, rebeldía suficiente para que el oficialismo firmara dictamen en contra. Intentaron sin éxito un pronunciamiento a favor de la Corte Suprema que todavía no llegó. 

La dupla de camaristas confirmó los procesamientos la causa de "los cuadernos de la corrupción", iniciada con las pruebas aportadas por el ex chofer Oscar Centeno sobre supuestas coimas de empresarios durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.  Castelli fue trasladado desde el Tribunal Oral 3 de San Martín al 7 de Comodoro Py y quedó a cargo del juicio contra los supuestos responsables, como la propia vicepresidenta. 

"Nuestra Constitución reconoce que ningún poder del Estado se puede imponer sobre otro poder y es así que todo tramite, como es la designación de jueces, cuando no es cumplido acabadamente debe ser corregido y eso es lo que estamos haciendo. Cuando se hace un traslado de un juez se lo toma como un nuevo nombramiento por eso el Senado tiene que intervenir", fundamentó la postura oficial Anabel Fernández Sagasti. 

Mostró un recorte de diario en el que el juez de Cámara Carlos  Mahiques, padre del ex representante del gobierno de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura, consideraba que el Senado debía definir los traslados. "Fue una selección a la carta, en la que se eligieron jueces para trasladar de un lado a otro según la conveniencia". 

Rodríguez Machado consideró válidos los traslados porque el ex ministro de Justicia Germán Garavano realizó una consulta previa a la Corte Suprema y vaticinó que su revisión es parte de una estrategia "que sigue con declarar nulo todo lo actuado por estos jueces en las causas que involucran al kirchnerismo, porque van a decir que no fueron trasladados conforme a derecho y van a declarar la nulidad de esta actuación. Y como la Corte es clara para definir estos casos y que los actos que han cumplido estos jueces son válidos, está el plan de aumentar sus miembros".

"Estamos debatiendo la agenda de la presidenta del cuerpo, que es apartar a los jueces que entienden en causas donde está involucrada. Es eso: les guste o no les guste", se había indignado el radical Martín Lousteau antes de irse.

Los 41 votos, cuatro más que la mayoría simple, se alcanzaron con el respaldo de los aliados Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretinleck, para quien "validar que un juez puede ser trasladado sin acuerdo del Senado también podríamos estar en el absurdo de que un presidente designe un reemplazo de la Corte Suprema". 

El oficialista Mario País explicó que es difícil defender a estos tres magistrados después que intentaran judicializar su trámite y ni siquiera se presentaran ante la Comisión de Acuerdos.  "El no completamiento del trámite regulado por el reglamento del Senado para la obtención de acuerdos hace que fuera inviable continuar con el tratamiento de sus pliegos. El rechazo es consecuencia de la no comparecencia" 

El jefe de su bloque anticipó que una rebelión puede desencadenar un peligroso conflicto de poderes. "Cuando vemos que un juez de la Nación dice que no va a hacer caso lo que diga el Congreso y desconoce las atribuciones constitucionales, es realmente gravísimo. Y la nota que enviaron para excusarse de ir a la Comisión de Acuerdos también. ¿Cómo vamos a tratar un pliego de alguien que dice que la Constitución no existe? ¿Son lo supremos acaso?", finalizó.