Unas 140 pymes inmobiliarias y otros representantes asociados conformar la red de franquiciantes que actualmente da trabajo a más de 5.000 personas, las cuales en su mayoría perderán su fuente de ingresos de concretarse la salida del país de Re/Max. La Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso ayer que franquiciar la actividad inmobiliaria es ilegal y por lo tanto debe cerrar la compañía. Sin embargo, la empresa decidió judicializar la resolución de la IGJ.

Re/Max Argentina tiene 500 empleados en el país y además promueve un modelo de negocios con asociados que no reciben un salario fijo, sino que trabajan exclusivamente por comisión en calidad de monotributistas, lo cual forma parte de la antipatía de las inmobiliarias tradicionales que sí tienen empleados a tiempo completo y no tercerizan el trabajo. Estos monotributistas, como tantos otros que son responsables inscriptos, trabajan como "agentes", que es una figura reconocida por el Código Civil y Comercial y que cuentan con capacitación para ofrecer el servicio que brindan.

Para estos monotributistas la amenaza de quedarse sin su fuente de ingresos es una angustia adicional al escenario de por sí complicado que está atravesando el sector y se traduce en un futuro incluso más complejo.

"A mí me sirve para como para completar. Conseguí una pasantía de lo mío en edición de sonido, pero no me alcanzaba y lo agarré porque me daban los horarios", dijo a este medio uno de los monotributistas que trabajaba con asiduidad para Re/Max hasta el comienzo de la pandemia y que luego tras meses de actividad retomó, pero con un nivel menor de consultas.

Por situaciones como la suya, desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) repudiaron por "infundada" la denuncia presentada por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) y sostuvieron que "la inquina del presidente del cuerpo colegiado pretende afectar la vida de miles de familias que trabajan en el sector inmobiliario por el uso de una marca reconocida a nivel mundial".

Los datos de empleo en la Argentina muestran que desde 2007 al sector privado le cuesta cada vez más generar puestos en relación de dependencia. De hecho, desde abril de 2018 que la cantidad de asalariados no para de caer. Por eso llama la atención la decisión de la IGJ de cerrar ahora una empresa que lleva 15 años trabajando en el mercado inmobiliario y que actualmente genera 500 puestos directos y otros 4500 de forma indirecta.

La modalidad de empleo indirecto consiste en un agente inmobiliario que se ocupa de mostrar las propiedades, pero que no es el encargado de cerrar la operación. Eso lo hace exclusivamente el corredor o martillero designado por la empresa para esa transacción. Por eso, Armando Pepe, presidente de Cucicba y denunciante ante la IGJ llamó a Re/Max "el Uber de las inmobiliarias".

Cabe aclarar que Re/Max no es la única empresa que tiene este modelo de negocio. De hecho, muchas inmobiliarias también lo han adoptado este modelo, desde inmobiliarias chicas de barrio e inclusive otras grandes marcas tradicionales imitan esta estructura de trabajar con agentes sin relación de dependencia. Y la uberización del servicio de intermediación inmobiliaria también se manifiesta mediante páginas web que cumplen la función de contactar a los dueños de inmuebles con potenciales locatarios o compradores.

"El presidente de Cucicba ha realizado declaraciones amenazantes, indicando que harán lo mismo con otras empresas. No tenemos dudas de que habrá nuevos ataques, utilizando su poder y el aporte de los matriculados para perseguir a Re/Max en vez de ofrecerles herramientas para liderar el futuro inmobiliario", dijeron a LPO desde la empresa.

La pregunta en este contexto es si desde Cucicba y sus representados pueden generar los puestos de trabajo que se pierden a raíz de su denuncia o si, por el contrario, se van a engrosar las estadísticas de desempleo. Y si esta medida repercute positivamente de alguna forma para los consumidores.

Desde la empresa consideran que este ataque es respuesta de la incapacidad de las inmobiliarias tradicionales de satisfacer las necesidades de los clientes, que los prefieren las ventajas que les ofrece la empresa en 42 ciudades del país: "Nuestros detractores dentro de los cuerpos colegiados suelen entrar en conflicto de intereses ya que a la vez son dueños de competidoras asociadas a la red RE/MAX. Al no contar con la preferencia de los clientes, ejercen presión sobre la justicia y los reguladores", dijeron a LPO.

Desde Camesi en este sentido, señalan el sensentido de que el Colegio no proteja a los mismos profesionales que dice representar: "Re/Max es la empresa de servicios que más profesionales Corredores y Martilleros matriculados nuclea en el sector inmobiliario argentino". Por eso lamentaron que "la conducción de Cuciba haya decidido no representar a esos profesionales y haya avanzando sobre su trabajo".