En paralelo al impulso que se le busca dar a un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires para evitar el ingreso de fondos de inversión a empresas energéticas, en el peronismo toman al fondo Redwood Capital como un caso testigo de lo que no debe suceder.

Redwood Capital Management LLC fue creado en el año 2000, con base en uno de los principales paraísos fiscales: Daleware. Se trata de un fondo que posee títulos argentinos y fue blanco de fuertes cuestionamiento tanto por su posición en reestructuraciones anteriores en nuestro país, como por su vinculación con ex funcionarios del kirchnerismo.

Es conocido el vínculo entre Bernardo Kliksberg -un economista de referencia para el oficialismo- y el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. Uno de los hijos de Kliksberg -Rubén- es nada menos que chairman de Redwood Capital.

El peronismo quiere limitar el acceso de fondos de inversión a las empresas energéticas

Bernardo es un gurú de la responsabilidad social y la ética empresaria y lideró varias presentaciones para empresarios locales sobre el tema que  organizó junto con Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido y entonces titular de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social. Incluso fue la propia Cristina Kirchner, quien siendo presidenta le reprochó a De Vido ese vínculo.

Por entonces, Redwood poseía títulos argentinos defaulteados y presionaba para unirse a la apelación por el fallo de Griesa en los tribunales de Nueva York.

El fondo de inversión es parte de Exchange Bondholders Group, uno de los tres comités de inversión más poderosos que engloban acreedores de la deuda argentina. Pero lo más relevante para el peronismo en la provincia es que formó parte de la quiebra de servicios básicos más grande en la historia de Estados Unidos.

Se trata del caso de Pacific Gas and Electric (PG&E) de California, que debió acogerse en la Ley quiebras estadounidense, y Redwood compartió un trinomio de fondos de cobertura con Abrams Capital Management y Knighthead Capital, para quedarse con la empresa eléctrica con USD 14.000 millones.

Ese caso puso en alerta a cierto sector del oficialismo, que está decidido a seguir de cerca los movimientos de los fondos de inversión y que pretenden ingresar en empresas de servicios públicos.

Los diputados peronistas Facundo Tignanelli y Rubén Eslaiman.

LPO adelantó un proyecto ingresado por el Frente de Todos en la Cámara Baja de la Legislatura bonaerense que busca prohibir el control societario de empresas de servicios públicos por parte de fondos comunes de inversión.

El proyecto apunta a aquellas sociedades que apuntan a hacerse rápidamente del control de empresas de servicios públicos y obtener una rédito económico de muy corto plazo. Son entidades sin experiencia en el sector y sin demasiadas preocupaciones por la gestión de los servicios..

La preocupación de los legisladores tiene que ver con la posibilidad de que se produzcan cambios en el control accionario de las empresas de servicios públicos sin autorización previa de la autoridad de aplicación correspondiente, lo que podría habilitar la recisión unilateral del contrato de concesión. Recuerdan el ejemplo de la transportista eléctrica Transener, cuya firma controlante Citelec transfirió acciones a un fondo de inversión, lo que provocó el rechazo del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE).