Senado
Cuestionan la reforma judicial de Alberto porque crea pocas fiscalías
La jefa de la defensoría, el Cels y Rívolo consideraron que será difícil aplicar el sistema acusatorio. Fargosi pide echar a los jueces que no sirven.

El segundo plenario del Senado para escuchar exposiciones sobre el proyecto de reforma judicial dejó  críticas por la escasa cantidad de fiscalías creadas en proporción a los juzgados, aun cuando el sistema acusatorio que empezó a funcionar en algunas provincias les delega la instrucción de las causas. 

Lo curioso es que el reclamo unió a figuras disimiles como la defensora general Stella Maris Martínez, el fiscal federal Carlos Rívolo y Paula Litvachky, directora ejecutiva del Cels. También a las fiscalas Gabriela Baigún y Mónica Cuñarro, quien de todos modos pidió a los senadores que sancionaran la ley cuanto antes. 

El dilema surge porque el Código Procesal Penal sancionado en 2015 coloca a los fiscales al frente de las investigaciones. Macri detuvo su aplicación por un decreto pero luego avanzó en forma gradual a través de una bicameral del Congreso que desde este año preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien tuvo que aclarar que esa transición va por otro carril.

"Se están mezclando peras con manzanas. El nuevo Código Procesal se paralizó por un DNU, que siempre dije que era anticonstitucional. Este Gobierno tiene la vocación de avanzar". 

Para la jefa de la Defensoría la "desproporción" entre jueces y fiscales "no se va a tolerar". El Cels apoya la reforma tiene "una mirada contraria al sistema acusatorio" que promueve el propio Gobierno. 

Por disposición de esta comisión, el sistema acusatorio comenzó a funcionar el año pasado en Jujuy, Salta, Rosario y Mendoza. La reforma le otorga un plazo de dos años para que empiece en la Ciudad de Buenos Aires, donde los juzgados pasarán de 12 a 46, las fiscalías crecerán en una proporción similar y las defensorías ni siquiera. 

"No se va a poder juzgar con este déficit. La defensa oficial absorbe el 80% de los casos de trata de personas en los que la víctima es querellante. Para utilizar este modelo habría que imitar a Chubut, donde hay un 55% de fiscales, un 31% de defensores y un 16% de jueces, que tienen menos trabajo". 

"En el interior se crean 94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorías. Hay una desproporción que el sistema no va a tolerar. Pensemos que lo más relevante no es lo penal. En muchas jurisdicciones hay amparos por ajustes previsionales o motivos salud y la defensa tiene un volumen grande de trabajo. En Rosario el sistema acusatorio no está funcionado porque faltan defensores". 

Sostuvo que en Comodoro Py los juicios avanzan menos por discrecionalidad de los jueces, pero si se triplican como propone la ley y los procesos se aceleran no habrá forma de grantizar la defensa en juicio. 

Rívolo, recordado por su actuación en la causa de los cuadernos, preside la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), es activo promotor del sistema acusatorio y considera que la reforma no ayuda. 

"Se desprende la continuidad del sistema procesal por la relación espejo entre jueces y fiscales. Ni siquiera hay un análisis cuantitativo para saber qué hace falta", se quejó y recordó que en la justicia provincial de Buenos Aires hay 617 fiscales y 328 jueces; y en la de Ciudad 40 y 31. 

Litvachky se cuidó de aclarar que para el CELS de Horacio Verbitsky el proyecto no favorece a ningún sector político y que la reforma de la AFI fue un primer paso para mejorar la justicia. Pero coincidió con sus antecesores en que van a faltar fiscales. "Sigue quedando la lógica de creación de juzgados y fiscalías con una mirada contraria al sistema acusatorio. No somos partidarios de mantener el statu quo".

Consideró que sólo con más fiscales pueden evitarse algunas anomalías como la vulanerabilidad del secreto de los expediente, las prisiones preventivas arbitrarias, la imposibilidad que la defensa puedan hacer su trabajo o el uso de arrepentidos con identidad reservada. 

Advirtió, además, sobre un posible problema de constitucionalidad en la unificación de los fueros civiles y contencioso administrativo de la Ciudad, este último abocado a denuncias contra la administración pública. Teme que pueda haber problemas de competencia si le asignan cuestiones privadas. 

Alejandro Fargosi se presentó como miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y ex consejero de la Magistratura entre 2010 y 2014, donde dice haber visto una justicia quebrada y una Corte Suprema "rica" por una mala distribución de fondos.

"Si hay letargo no hay que quintuplicar los jueces, sino remover a los responsables. De 988 cargos a jueces hay 291 vacantes, casi la tercera parte. Y hay 153 ternas en el Ejecutivo hace siete meses sin definir. El problema no es la cantidad sino la calidad de los jueces. Hay que remover a los malos".

Cuestionó otro aspecto polémico de la reforma: la posibilidad de cubrir los nuevos juzgados por un año con un sistema de subrogancias especial, que incluya exámenes orales y públicos. "No puede haber subrogantes donde no hubo un juez titular. No hay apuro por no nombrar a un juez donde no hay trabajo". 

El senador Oscar Parrilli le citó un informe de la relatoría de la ONU que constataba un amedrentamiento del Poder Judicial de Argentina contra jueces y fiscales durante el gobierno de Mauricio Macri. "Lo vi y no entendí porque lo restringía esos años y no la anterior, cuando fui denunciado por (la ex procuradora) Alejandra Gils Carbó".

Cuestionan la reforma judicial de Alberto porque crea pocas fiscalías

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, celebró la igualdad de género propuesta para los nuevos juzgados, que ya había destacado la defensora Martínez. "Los procesos de selección de las autoridades están fuertemente sesgados en cuestión de género, no permiten el igual acceso a los cargos y esto se ve reflejado en las sentencias que desconocen derechos fundamentales de las mujeres y de las diversidades".

Andrés Gil Domínguez, uno de los expertos que estudiará la otra reforma judicial que planea el Gobierno, celebró la unificación de fueros criminales con penal económico y le recriminó a Parrilli haber querido incorporar a los medios de prensa como posibles grupos de poder que se puedan denunciar si presionan para fallar en cierto sentido. El proyecto no los contempla pero el senador lo pidió en la una reunión de comisión.

"Es contrario a libertad de expresión, a los derechos humanos y al debate de asuntos de interés público". El neuquino le preguntó qué hacer cuando los periodistas presionan a los magistrados. "La jurisprudencia ha destacado que no se puede negar la libertad de expresión y si vulnera otro derecho está el mecanismo de la responsabilidad civil ulterior", respondió el jurista. 

Jorge Rizzo, del colegio público de abogados de la Ciudad, pidió recuperar la credibilidad de la Justicia, cuestionó los traslados de jueces dispuestos por el Consejo de la Magistratura, pero nadie le hizo preguntas. 

El tema del día era la falta de fiscales. "Estamos llenando la justicia de no jueces porque los jueces que están nombrando son jueces investigadores. Tampoco los quiero llamar inquisidores, pero un juez investigador no es un juez. Un verdadero juez es el juez de garantías", se lamentó el presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón.    

"Esta justicia federal va en contra a todo el sistema acusatorio que viene rigiendo en la Argentina, tiene fiscales que son espejo de una Justicia que se comporta de manera feudal, que no es transparente", se molestó Baigún.

Cuñarro sostuvo que la justicia "es el único poder que no ha sido reformado y creo que esto debe acercar a las distintas fuerzas políticas en una tarea que hace a la democracia. Pero para reformar la Justicia en el campo penal hay que robustecer el Ministerio Público Fiscal y no al juez. Hay que dotarlo de las capacidades investigativas para esa criminalidad".

Este miércoles a la mañana el plenario seguirá con 16 oradores, entre ellos el constitucionalista Daniel Sabsay; el sindicalista Julio Piumato; y el consejero de la Magistratura Alberto Lugones. 

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