
El acuerdo polÃtico en la Legislatura bonaerense que permitió que Axel Kicillof contara con un permiso de endeudamiento por USD 500 millones abrió para los intendentes la posibilidad de negociar viejas deudas.
Esta semana varios intendentes mantendrán reuniones con el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, para comenzar a negociar los pagos atrasados que el gobierno central tiene con los municipios.
El miércoles, el intendente de La Plata, Julio Garro, se reunirá con López para empezar a conversar sobre una deuda histórica que la provincia tiene con la capital bonaerense por la Tasa de Capitalidad y que alcanza unos $1.200 millones.
Se trata de un tributo con el que la ciudad grava al gobierno provincial por las prestaciones que efectúa el municipio debido al funcionamiento de la capital de la provincia en el ámbito fÃsico de la comuna.
La deuda se fue acumulando con los años. Ya en 2012 el entonces intendente Pablo Bruera buscó abrir una negociación con Daniel Scioli para traccionar pagos. Para 2014 la deuda era de 29.087.590 pesos. También Garro buscó durante su primer mandato acordar pagos con MarÃa Eugenia Vidal.
Esta tasa se presupuesta sistemáticamente como parte de los ingresos corrientes del municipio, pero sólo se reciben pagos esporádicos y siempre por montos inferiores a los emitidos, lo que genera una deficiencia estructural de recursos al gobierno municipal.
Desde el municipio argumentan que exenciones impositivas que tienen la mayorÃa de las actividades administrativas implican una pérdida de ingresos fiscales para el gobierno local.
Pero el rubro más relevante es el costo de oportunidad en el uso del suelo que conlleva la capitalidad. Sucede que el emplazamiento de edificios públicos, generalmente en zonas centrales o privilegiadas de la ciudad, impide la radicación de otras actividades residenciales y comerciales. En consecuencia, aún en el caso de que las dependencias públicas abonaran por los servicios recibidos, la recaudación efectiva del municipio seguirÃa siendo inferior a su potencial.
Algunos números a modo de ejemplo: en 2019 la recaudación en concepto de tasa por Seguridad e Higiene de los comercios localizados en una zona manzana próxima a los edificios públicos provinciales donde funcionan el ministerio de EconomÃa, la Agencia de Recaudación, el Banco Provincia y LoterÃa y Casinos ascendió a $95 millones. Desde el Palacio Municipal revelan que en la ciudad tienen asiento más de 30 edificios públicos del gobierno bonaerense.
Desde el municipio explican que la condición de capitalidad requiere de un importante esfuerzo en materia de preservación del patrimonio histórico y arquitectónico, asà como del mantenimiento e inversión en infraestructura urbana por parte del gobierno local. A eso se agrega el gasto en promoción y mejora de la imagen de la ciudad que se le suele exigir a una capital.
Sin embargo, el principal costo de capitalidad está asociado a la "población en tránsito", es decir, el flujo de no residentes que ingresa diariamente a la ciudad para trabajar en las dependencias administrativas, realizar trámites, o estudiar y que luego emigra hacia sus municipios de residencia.
Durante su estadÃa, los visitantes utilizan distintos servicios que provee el municipio como el transporte público, gestión del tráfico vehicular, mantenimiento de carpeta asfáltica, obras viales, limpieza y alumbrado público, gestión de residuos urbanos, mantenimiento de espacios públicos, protección y seguridad ciudadana. Sin embargo, el financiamiento de estos servicios recae sobre los residentes.
Otro punto importante está vinculado a la concentración de protestas sociales. Al ser sede de los poderes públicos, las ciudades capitales son foco de atracción de protestas, huelgas y manifestaciones de distinto tipo.
Para el municipio, esto significa operativos especiales de seguridad y de manejo del tránsito, asà como costos adicionales de limpieza y de mantenimiento o reparación del patrimonio urbano, entre otras partidas. Algo similar sucede con los actos y eventos públicos organizados por el gobierno provincial en la capital.
Como ejemplo, desde el municipio explican que cada manifestación le cuesta al municipio un promedio de $240.000 entre los operativos especiales de seguridad, tránsito, limpieza y mantenimiento a ellas asociados.
Si se tienen en cuenta los datos del Observatorio de PolÃticas de Seguridad (OPS) de la Universidad de La Plata, en el primer semestre de 2019 se produjeron 2,6 manifestaciones por dÃa hábil, se puede inferir que el costo para la ciudad únicamente en concepto de protestas sociales es de aproximadamente $12,5 millones por mes.
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