La caída del gobierno de Líbano, una semana después de las fatales explosiones que arrasaron con parte de Beirut, agravó el rechazo popular al sistema político sectario o de cuotas por religiones, que es visto como el gran problema del país y que es motivo de protestas desde hace más de un año, multiplicadas en los últimos días.

El primer ministro Hassan Diab -considerado independiente de los partidos que controlan la política libanesa- anunció su renuncia con fuertes críticas a la elite del país. "Ha estado por décadas en el poder y su olor está en todos lados. Sus políticas dejaron al país al borde del abismo. Deben avergonzarse. No nos paran de atacar para protegerse a sí mismos y tapar sus errores (...) El sistema de corrupción es mayor que el Estado. Un ejemplo explotó en el puerto de Beirut", afirmó Diab tras anunciar su salida.

La caída del gobierno libanés se da luego del fracaso del proyecto de Diab para convocar a elecciones anticipadas y discutir en dos meses una reforma del sistema político sectario, el principal reclamo de las protestas. El Congreso, símbolo del sectarismo, no hizo lugar a esos planes.

Ex militares proclaman una "revolución" en Beirut y fuerzan al Gobierno a adelantar las elecciones

El sistema político libanés (establecido en los acuerdos de Taif en 1989 para poner fin a la guerra civil) está basado en cuotas de división en forma proporcional del poder entre las 18 comunidades religiosas que conviven en el país. Esto aplica para los cargos del gobierno, el Parlamento, el Poder Judicial y los empleos estatales.

Además, los cargos de presidente, primer ministro y presidente del Parlamento se reparten el primero para un cristiano, el segundo para un musulmán sunita, y el tercero para un musulmán chiita.

Se trata de un complejísimo sistema que genera que ante cada formación de gobierno haya discusiones de largos meses para repartir los cargos. De hecho, el actual presidente Michel Aoun le pidió a Diab que permanezca en el cargo hasta que se complete ese proceso.

Pero además en el día a día del gobierno las decisiones deben aprobarse con una mayoría de dos tercios de los ministros, lo que hace una constante pelea de intereses de cada sector. Un tercio del gobierno es ocupado por Hezbollah, con lo que tiene poder de veto.

El lider de Hezbollah, Hassan Nasrallah, habla tras las explosiones en el puerto

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Diab había asumido hace solo ocho meses como jefe de un Gobierno denominado "independiente", pero designado por el Congreso y con un gabinete de técnicos de los partidos dominantes. El anterior primer ministro, Saad Hariri, también tuvo que renunciar en medio de protestas por un cambio en el sistema político.

Los partidos dominantes ya avisaron que no quieren elecciones anticipadas (lo que pondría en riesgo su poder en el Parlamento) y pidieron que se forme un nuevo gobierno, en el que podría repetirse el esquema de un "independiente" como premier.

Los partidos dominantes de Líbano son tres. La Corriente Patriótica Libre (cristianos) del presidente Auon; Amal (chiitas) del titular del parlamento Nabih Berri; y la fuerza política más poderosa del país, Hezbollah. La organización liderada por Hassan Nasrallah controla diversos estamentos del Estado, entre ellos la fuerza militar.

Protestas este lunes en Beirut

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El papel de Hezbollah es clave en la larga crisis económica que afecta al país, que va en paralelo a la convulsión política. Esa crisis económica se ve ahora fuertemente agravada por las explosiones de la semana pasada.

La economía de Líbano se complicó en los últimos años cuando Hezbollah perdió apoyo económico de Irán, afectado por las sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump. El régimen de los ayatolas había logrado mayor espalda financiera tras los acuerdos nucleares con Obama que implicaron el levantamiento de sanciones.

A ese factor clave se le sumaron los coletazos de la guerra en Siria, que provocó que un millón y medio de personas se refugiaran en Líbano. Se trata de una cifra impactante para un país de poco más de 6 millones de habitantes, lo que generó un deterioro económico muy fuerte y el colapso de todos los servicios públicos.