La trama de complicidades policiales y judiciales que quedó expuesta en la investigación sobre la red de casinos ilegales que operaba en Santa Fe, amenaza con salpicar a la política y desatar un torbellino de dimensiones incalculables.

 [Escándalo en Rosario por los presuntos vínculos de dos fiscales con la mafia de los casinos clandestinos]

En el gobierno provincial aseguran que están decididos a avanzar en el esclarecimiento de las causas de corrupción y recuerdan el primer discurso de Perotti ante la Legislatura al momento de asumir: "Debe haber una clara línea infranqueable que divida a las instituciones estatales y la legalidad de un lado y el mundo delictivo del otro. Hay que cortar los vínculos con el delito", había advertido el flamante mandatario.

 Debe haber una clara línea infranqueable que divida a las instituciones estatales y la legalidad de un lado y el mundo delictivo del otro. Hay que cortar los vínculos con el delito

En el mismo sentido, el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, señaló la semana pasada la necesidad de aplicar en Santa Fe un Mani Pulite, que en Italia desnudó las tramas de corrupción de la que participaban empresarios y políticos: "Hay que poner fin al vínculo que a través de las vistas gordas, la desidia y la complicidad se fue desarrollando entre el Estado, la política y el crimen", dijo Saín a medios locales.

El miércoles pasado, en la audiencia imputativa al fiscal Gustavo Ponce Asahad quien junto a su jefe, Patricio Serjal recibían dinero a cambio de protección judicial de la banda que regenteaba casinos, se develó una conversación telefónica que conmocionó a la política. El llamado era del ex diputado justicialista Darío Scattaglini a las oficinas del capitalista del juego, Leonardo Peiti, quien no se encontraba en el lugar y atendió su secretaria. "De parte del senador (Armando) Traferri", notificó Scattaglini.

Este martes quedó detenido Serjal con prisión preventiva por noventa días por decisión de la jueza Eleonora Verón, quien lo acusó de cohecho agravado, entre otros delitos. Su situación impactó como una carga de profundidad en el sistema político santafesino y en especial en algunos senadores peronistas que en su momento impulsaron su designación. 

El jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, ingresa este martes a los tribunales de Rosario, donde se dispuso su detención.

Télam

Si bien, hasta ahora en la causa no aparecieron más indicios de posibles vínculos, bastó para que el diputado y presidente del PJ provincial, Ricardo Olivera, corriese a Scattaglini de la asesoría del bloque. En los pasillos del Ministerio Público de la Acusación aseguran que el material digital que hay en los dispositivos que se le secuestraron a Peiti habría información que puede ser de gran relevancia para la política.

En el Senado, peronistas y radicales sin distinción, cerraron filas en la defensa de todos los integrantes de la Cámara y echaron por tierra cualquier tipo de debilitamiento de las relaciones con el jefe de la bancada del PJ y en off mencionan al ministro de Seguridad, Marcelo Saín como el principal promotor de la investigación.

 Hay que poner fin al vínculo que a través de las vistas gordas, la desidia y la complicidad se fue desarrollando entre el Estado, la política y el crimen 

"Es un vano intento de intromisión sobre nuestros buenos nombres. Nosotros vamos a seguir con el compromiso que asumimos ante los ciudadanos", se defendió un histórico peronista consultado por La Política Online. Se verá de qué manera esto impacta en la relación del gobernador con los senadores de su propio partido que atravesó momentos de turbulencias desde el comienzo de la gestión.

Mientras tanto, la Legislatura por unanimidad suspendió al fiscal Ponce Asahad; sanción que incluye la retención de la mitad del sueldo y rige por seis meses, mientras continúa el proceso judicial. Por otro lado, el gobernador Omar Perotti le aceptó la renuncia a Serjal.

Fuentes del oficialismo aseguraron a LPO que el compromiso es darles total apoyo a los fiscales para que las causas avancen, se esclarezcan y penalicen los vínculos entre la política y las mafias sean del partido que sean aunque están convencidos que los principales nudos de connivencia apuntarán a figuras del Frente Progresista.

De hecho, el mismo Saín presentó una denuncia penal contra ex funcionarios del Ministerio de Seguridad durante la gestión del radical Maximiliano Pullaro por supuesta malversación de fondos públicos por haber usado gastos reservados de la cartera para el pago de los abogados defensores de los policías involucrados en el asesinato de Franco Casco, un joven que fue encontrado fondeado en el río después de haber estado días desaparecido.

Marcelo Saín, ministro de Seguridad de Santa Fe

En otra arena, se juega la pelea por la sucesión del jefe de fiscales de Rosario. El procurador Jorge Baclini adelantó que provisoriamente, hasta que se llame a un nuevo concurso, se nombrará a una mujer al frente de la regional que deberá coordinar el trabajo de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación en la zona más caliente de la provincia.

Pero en los tribunales penales las internas que no pasaban de disputas palaciegas subterráneas se hicieron más evidentes entre quienes vienen del viejo sistema y los que ingresaron con el nuevo: "la jugada audaz de Baclini fue la de ir a fondo con la estrategia de Saín contra los senadores y el presidente de la Corte Suprema (Rafael Gutiérrez)", explicó a este portal un experimentado dirigente que conoce pelos y señales de la justicia.