El proyecto de ampliación presupuestaria que envió Alberto Fernández el fin de semana a la Cámara de Diputados quedó empantanado por un reclamo del oficialismo y la oposición para incorporar un subsidio al transporte público del interior del país.

El planteo sorprendió al presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, que tenía previsto emitir dictamen, pero prefirió pedir cuarto intermedio hasta este jueves y evitar sorpresas en la sesión del viernes.

Es que después de las tres horas de debate remoto escuchó reclamos de varios de sus compañeros de bancada, como el correntino Jorge Romero y el puntano Carlos Ponce; y el del cordobés Paulo Cassinerio, que junto a sus tres coterráneos resulta un aliado clave para que el Gobierno llegue a la mayoría.

Antes de terminar la reunión virtual Cassinerio pidió la palabra, dijo que en Córdoba hay un paro de 22 días de los colectiveros y solicitó incorporar 17 mil millones de pesos adicionales para atender los subsidios al transporte del interior.

Serían 6500 "con el mismo criterio que se aplicó en el primer semestre" y otros 4000 para compensar a las empresas "que están obligadas a tener la misma frecuencia, pero el distanciamiento no les permite la misma frecuencia y eso deriva en los costos". 

"En el proyecto figuran 25280 millones para el transporte automotor del Amba. No queremos que haya subsidios en el gran Buenos Aires y préstamos en el interior del país". 

Ocurre que en la exposición de este martes el secretario de Hacienda Raúl Rigo dijo que los subsidios al transporte fuera del amba están contemplados en el fondo fiduciario creado para asistir a las provincias, que se amplió en 50 mil millones de pesos.

Cassinerio se preocupó en aclarar que ese dinero corresponde a préstamos con devolución y no a subsidios como los que recibe el transporten los micros y trenes que atraviesan la capital federal y el conurbano. Espero que podamos llegar a un acuerdo", confió antes de desconectarse. "Sólo le prometo la gestión", se atajó Heller, pero llamó a un cuarto intermedio hasta el jueves a las 14.30 horas, para negociar cambios con el Ejecutivo que no parecen fácil de alcanzar. 

El bloque de Córdoba Federal del gobernador Juan Schiaretti reclamó un aporte de 17 mil millones de pesos para el transporte del interior. Son clave para que el oficialismo llegue tranquilo con el quórum. 

El riesgo que corre es que si no toma en cuenta las quejas de propios y aliados pueden cambiarle los artículos en el recinto virtual del viernes y obligar a Alberto Fernández a vetarlos cuando la reglamente.  

El debate ya había animado hace dos meses una reunión de la comisión de Transporte presidida por el radical José Cano, cuando el secretario del área Gabriel Bermúdez, el segundo del ministro Mario Meoni, había anticipado que trabajaban en un método para aplicar la Sube en el interior y de ese modo federalizar los subsidios.

Pero no lograba que gobernadores y municipios enviaran la información y no quería basarse en estimaciones para girar fondos. El conflicto no se saldó, el Gobierno lo ignoró en la ampliación presupuestaria y terminó complicando su votación.  

"No puedo más que coincidir con lo que dijo Cassinerio", abrió su discurso el puntano Ponce, dirigido por Máximo Kirchner, y luego reclamó por una deuda para su provincia. Lo mismo hizo su compañero Sergio Casas, ex gobernador de La Rioja, que pidió aumentar los fondos para su provincia en concepto de coparticipación mal liquidada que contempla el proyecto. "Hablamos ayer todo el día", bromeó Heller. 

Y Romero, del Frente de Todos, habló casi como opositor. "No podemos dejar que las provincias arbitren los subsidios del transporte. Se cortó el aporte de 1600 millones mensuales y encima con el cambio de metodología va a demorarse la vuelta de los subsidios. Los diputados del interior recibimos muchos reclamos de la UTA y los empresarios", se le quejó el correntino al inicio de la reunión.

Su planteo, coincidió con una carta que el secretario general de la UTA Roberto Fernández le envió al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, para pedirle que revea los subsidios al interior porque muchos de sus afiliados no están cobrando.

Señal que la creación del nuevo Fondo Compensador en la resolución 14/20, que mantuvo los salarios pero eliminó la asistencia financiera, "arrojó un nuevo déficit operacional al sistema imposible de sostener por las empresas prestadoras de los servicios. Afirmamos esto porque lo estamos verificando diariamente con los reiterados y estructurales incumplimientos en las pautas salariales en las distintas provincias del interior del país", firmó Fernández, en una carta que se adjunta al final de la nota. 

Paulo Cassinerio con su bloque de Córdoba Federal. 

Con el camino allanado, en Cambiemos salieron con los tapones de punta. "En el área metropolitana no hay paro de transporte, pero en Rosario está el conflicto sindical más largo de la historia. Lo mismo en Córdoba, Tucumán y Santa Fe. Son municipios opositores. En el primer cuatrimestre se repartió 39.600 millones de pesos. La Ciudad y el conurbano recibieron 33 mil,  el 85%", precisó Luciano Laspina.

Y denunció un favortismo al gobernador Axel Kicillof. "Buenos Aires recibió 10 veces más transferencias que el año pasado. Ninguna fue tan beneficiada. La que más creció lo hizo en 2.5 o 3". Sólo salieron en defensa del Gobierno la ex gobernadora Lucía Corpacci y el rosarino Marcos Cleri, de La Cámpora. 

Recordaron que los subsidios al transporte del interior fueron eliminados en el presupuesto de 2019 y resarcidos con un fondo fiduciario que no tardó en licuarse. El radical Cano había recordado que ese refuerzo fue gestionado por el entonces oficialismo y piden que vuelva. 

La ampliación presupuestaria será de 1.859.582 millones de pesos que se cubrirán en su mayoría con nueva recaudación (642.844 millones), rentas del Banco Central (1.017.738) y otras fuentes financieras (290.948). No se computa el ingreso estimado por la AFIP de la moratoria (540 mil millones de pesos).

La mayor parte del gasto será para servicios sociales (592.236 millones), seguido por subsidios económicos (250.677 millones), como se conoce al financiamiento a los servicios públicos como luz, gas y transporte del área metropolitana.

También hay 170 mil millones para el ingreso familiar por emergencia (IFE) y la Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP), 130 mil para asignaciones familiares, 78 mil para desarrollo Social, 63 mil para Educación, 51 mil para Salud.

El Gobierno reconoce que gravará la leche más barata pero cree que no subirán los precios 

La unanimidad en la pelea por los subsidios eclipsó los reclamos que le habían planteado a Rigo los diputados de Cambiemos y no quedaron saldadas: el impacto del impuesto a la leche en el precio final y la facultad que se asigna el Gobierno para canjear deuda en dólares por pesos o emitir nuevos títulos locales.

Heller leyó un descargo sobre el aumento del IVA  a la la leche común, que pasará de estar exenta al 10.5%; y se complementa con una baja del 21 a ese porcentaje de las fluidas o aditivas, que según la secretaría de comercio interior son la más vendidas.

Con los apuntes de la Rosada, sostuvo que la modificación no tendría que incidir en el precio porque los comerciantes acumularon crédito fiscal cuando entre agosto y diciembre los productos básicos quedaron exentos de IVA y no tiene porqué descargarlo en las góndolas. 

La oposición no lo cree así. "Tienen que permitir compensar el crédito fiscal sin trasladarlo al eslabón subsiguiente, porque todos sabemos qué pasará en los comercios de barrio", sugirió el radical Ricardo Buryaile.

"Los autoservicios tendrán dos opciones: o absorben el impuesto o lo cargan al consumidor final, que es para lo que está diseñado el IVA", lo siguió su correligionario Luis Pastori. "Yo participé de proyectos políticos que quisieron bajar el IVA y no resultó, porque los precios son inflexibles a la baja y flexibles al alta", coincidió Jorge Sarghini, del interbloque federal, también molesto por el canje de deuda que esconde el proyecto en los artículos 7 y 8.

El primero permite emitir 1500 millones de dólares para intercambiarlo por títulos en pesos a corto plazo; y el otro habilita que futuras suscripciones de títulos públicos denominados en pesos "se puedan realizar con instrumentos de deuda pública denominados en igual moneda". 

"Esto no sirve. No es cierto que se puede tener dólares a largo plazo tan fácil. Creo que las complicaciones en las negociaciones con los bonistas del exterior tienen que ver con este proyecto", sostuvo Sarghini. Laspina fue más duro: "Sostienen que esta es una salida para los inversores. ¿Para cuáles? ¿Para Pimco y Templeton? ¿O para Juan Pérez?", preguntó, en alusión a los dos fondos de inversión que compraban bonos argentinos que emitía el ex ministro de Finanzas Luis Caputo.

El proyecto no considera estas operaciones como canje de deuda sino como "administración de pasivos", para de ese modo excusarse de cumplir con el artículo 65 de la ley de administración financiera, que en esos casos obliga a mejorar plazos de pago, tasas o monto. 

"Nosotros quisimos cambiarlo en 2019 para que las operaciones se justifiquen por cuestiones mercado y no pudimos. Ahora le estamos dando superpoderes en la administración de la deuda al Gobierno", se quejó el rosarino. No le contestaron.