Uno de los primeros proyectos de envergadura que presentó el gobierno de Pablo Javkin al Concejo Municipal a principios de marzo, fue el de reconversión en uso industrial de una considerable área del sudoeste de la ciudad donde se practica la horticultura y que conforman el corredor agroecológico.

La idea, explicó el Secretario de Desarrollo y Empleo, Sebastián Chale, a los concejales de la Comisión de Producción es afectarlas para uso mixto y permitir la instalación de actividades industriales junto al ordenamiento de la legislación vigente y de los programas de promoción facilitando los emprendimientos productivos y atendiendo el éxodo que se viene dando hace años de empresas que se han mudado a parques industriales de localidades vecinas.

De esta manera, el Plan Integral de Suelo e Inversiones Productivas tiene como principal objetivo, según el Ejecutivo Municipal, brindar herramientas y beneficios para la relocalización de pymes y el estímulo para nuevas inversiones.

En concreto, la idea es desafectar una franja de tierras que se extienden desde el ingreso a por autopista desde Buenos Aires hasta Ovidio Lagos para el establecimiento de empresas de logística, concesionarias de máquinas y de servicios, detalló Chale en su exposición.

Sin embargo, desde la oposición y hasta sectores aliados como el socialismo no ocultaron dudas y reparos y en ese sentido se dirigieron las preguntas al funcionario en el primer encuentro que se hizo por este tema a través de videollamada por las medidas de prevención de la pandemia.

Las objeciones se dan, principalmente, por las 500 hectáreas del corredor Uriburu que ya están afectadas como suelo industrial pero aún no han sido ocupadas mientras que otras fueron adquiridas por importantes inversores de la ciudad hace años y no se ven avances en ningún emprendimiento.

En parte, coinciden oficialistas y opositores, es por la falta de infraestructura y servicios básicos (fundamentalmente red de gas y tendido eléctrico) pero también hay quienes sospechan que detrás de la dilatación de los plazos se escondan intereses inmobiliarios que esperan la oportunidad indicada para desarrollar la zona.

De hecho, Chale aclaró al principio de su explicación que la propuesta "no incrementa significativamente hectáreas de suelo productivo" agregó que se busca "consolidar el suelo disponible dotándolo de infraestructura".

"Si el problema no es la escasez de tierras, ya que más de la mitad dispuestas para industrias no están ocupadas, porqué se va a afectar una parte importante del cordón agroecológico?", se preguntó el concejal peronista Eduardo Toniolli quien le advirtió a Chale los riesgos de perder suelos de producción primaria:

"Sabemos que si se definen como áreas mixtas juega el mercado inmobiliario y sus actores con el riesgo que se siga reduciendo la producción hortícola mientras que en zonas donde hay cultivo extensivo de soja no se afecta", argumentó el concejal del Frente de Todos.

El concejal Eduardo Toniolli recorriendo el cordón agroecológico

Lo curioso es que la concejala socialista, Verónica Irizar, manifestó casi las mismas preocupaciones que su par justicialista y pidió analizar el tema complejo con una mirada integral además de consultarle al funcionario sobre los costos en infraestructura necesarios para la optimización de los terrenos actuales.

A su turno, la concejala Caren Tepp, del bloque Ciudad Futura, también manifestó su reserva respecto a la necesidad de preservar el cordón frutohortícola y le consultó al secretario de Desarrollo sobre la eliminación de la obligatoriedad de la presentación de los estudios de impacto ambiental para las nuevas industrias y también sobre la posibilidad de que en esos terrenos de usos mixtos se puedan instalar emprendimientos deportivos y recreativos, como permite el proyecto y que fue uno de los puntos que encendió las alarmas.

Lo cierto es que el boom inmobiliario que vivió Rosario a partir del 2003, encareció enormemente el valor del terreno en la ciudad y el metro cuadrado llegó a equipararse a los precios de Miami. Además, el socialismo tuvo una política muy marcada para el desarrollo urbanístico y obligó a las industrias a salir del ejido. Muchas de ellas encontraron mejores condiciones en localidades vecinas.

Por su parte, distintas agrupaciones ecologistas de la ciudad expresaron su preocupación a través de un documento donde advierten, entre otras cosas, el peligro de impermeabilizar los últimos suelos y la consecuente disminución de la capacidad de absorción del agua de lluvia pudiendo derivar en futuras inundaciones.

"Denunciamos que esta medida a los únicos que beneficia es a los especuladores por la venta de tierras", sostienen los ecologistas que además, encabezan una dura lucha contra la quema intencional de las islas.