Los senadores de Cambiemos presentaron un pedido de informes al Gobierno para reclamar que la moratoria que discute la Cámara de Diputados no permita acceder a los beneficios a las empresas en quiebra y a las deudoras de impuestos a los combustibles líquidos, por considerar que es un traje a medida del empresario Cristobal López.

La iniciativa fue presentada por la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado, junto a otros diecinueve compañeros de Juntos por el Cambio y tres de los cuatro miembros del interbloque federal, entre ellos el santafesino Carlos Reutemann. 

Este cuarteto, coordinado por el salteño Juan Carlos Romero, se plegó a Cambiemos hace un mes y le garantizó bloquear los dos tercios que el Frente de Todos creía poder alcanzar para nombrar a Daniel Rafecas como procurador. Ya no lo intenta.

Marcó Del Pont ratificó que las empresas en quiebra entrarán en la moratoria 

Rodríguez Machado presentó el pedido de informes aún cuando podrá discutir la ley si finalmente la aprueba el miércoles Diputados y llega al Senado sin retoques, como confían en el oficialismo. "No es sólo una ampliación moratoria sino que incorpora cláusulas de exculpación, que impedirían al Poder Judicial avanzar en consagrar justicia en causas de corrupción y evasión", denunciaron.  

Y solicitaron quitar "la incorporación de deudas por impuesto a los combustibles líquidos, la adaptación de los sujetos con quiebra decretada y la inclusión expresa de la posibilidad de suspensión de la acción penal tributaria y aduanera en curso para autores, coautores y partícipes necesarios de los delitos de evasión que estuvieran en trámite ante el pago total o definitivo de la deuda".

Laura Rodríguez Machado. 

Télam

"Estas modificaciones están hechas a la medida de los titulares de la empresa OIL Combustibles S.A., que durante los años previos al Gobierno de Cambiemos se habrían apropiado indebidamente de aproximadamente 900 millones de dólares, causa que en la actualidad se tramita ante la Justicia Federal, y de ex funcionarios de la AFIP, incluida su máxima autoridad, Ricardo Echegaray, imputados por defraudación contra la administración pública", denunció la cordobesa en un comunicado, junto al proyecto que firmaron sus compañeros y aliados. 

Como explicó LPO, la jefa de la AFIP Mercedes Marcó del Pont defendió la incorporación de las empresas quebradas. "Necesito garantizar la vida y sobrevida del mayor universo de empresas. Yo no recaudo mucho más cuando una empresa está quebrada, sino cuando vuelva a la vida", sostuvo en su intervención en la Comisión de Presupuesto de Diputados. Sostuvo que hay 39 empresas que deben impuesto a los combustible y por lo tanto no se puede hablar de una beneficiada.