El peronismo presentó un proyecto de ley en la legislatura bonaerense que prohíbe el control societario de empresas de servicios públicos por parte de fondos comunes de inversión.

En concreto, se bloquea cualquier posibilidad de cambio de control accionario sin autorización previa de la autoridad de aplicación, cuyo incumplimiento habilitaría la recisión unilateral del contrato de concesión.

"El adquiriente de control deberá acreditar fehacientemente y en forma previa la idoneidad para la prestación del servicio que se pretende brindar", sostiene el documento firmado por los legisladores oficialistas Alexis Guerrera, Pablo Garate, María Valeria Arata, Micaela Moran, Rubén Eslaiman y Nicolas Russo.

"Abrimos el paraguas para no tener que ir a la Justicia. A través de esta ley, impediríamos que fondos sin idoneidad pasen a controlar prestadoras en perjuicio de los bonaerenses", indicó Eslaiman a LPO.

Abrimos el paraguas para no tener que ir a la Justicia. A través de esta ley, impediríamos que fondos sin idoneidad pasen a controlar prestadoras en perjuicio de los bonaerenses.

Entre los fundamentos, el proyecto destaca que los servicios públicos son "activos estratégicos que merecen una protección especial" y dado que el interés de los fondos de inversión es "obtener el máximo rendimiento financiero independientemente de las condiciones particulares que pueda presentar la industria en la que invierten, no tienen las características que los califican para ejercer el contro", ya sea directo o indirecto.

No obstante, la norma deja abierta la posibilidad de que participen como inversores financieros pasivos para proveer financiamiento.

El proyecto se encuentra en la comisión de Servicios Públicos y si bien la legislatura va a sesionar este jueves, el receso de empleados puede demorar las tareas en comisión. "Lo considero un tema importante para el Legislativo. Tenemos que impedir que sucedan estas cosas, no sería saludable en un momento como este", agregó Eslaiman.  

Como un ejemplo a seguir, el documento legislativo señala el caso de la transportista eléctrica Transener, cuya firma controlante -Citelec- transfirió acciones a un fondo de inversión y provocó el rechazo del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (Enre).

"Para conseguir el planeamiento estratégico y articular su operatividad, al menos una parte del sector accionario tiene que tener, inexorablemente, arraigo en la actividad y expectativa cierta de permanecer en el negocio por plazos compatibles con los períodos de maduración de los negocios vinculados a los servicios públicos involucrados", argumentó el ente público.

La normativa podría extenderse al plano nacional, donde afectaría a importantes jugadores como la generadora eléctrica Araucaria Energy, adquirida por el fondo de José Luis Manzano y disputada por Gramercy.