Tras casi tres años de discusiones parlamentarias y políticas, Santa Fe dio un paso importante en la adhesión  a la ley de ART, vigente en el país desde el mandato de Mauricio Macri. La norma ahora deberá ser tratada por los diputados, donde la mayoría del opositor Frente Progresista por ahora no piensa trabar la norma.

Fue el propio gobernador Perotti quien enmendó el pliego original que no había logrado el consenso entre los parlamentarios y que incluso, había sido resistido por los sectores gremiales santafesinos. En contrapartida, el pedido del sector privado presionaba incluso a los integrantes del pasado gobierno de Miguel Lifschitz para lograr un acuerdo, aunque sin obtenerlo.

A través de una nota, el mandatario provincial (en sintonía con el pedido de Alberto Fernández) accedió a una modificación del artículo 12: los trabajadores damnificados, ya sea por accidente o enfermedad podrán acatar el porcentaje de incapacidad emitido por la administración provincial o ir a la Justicia ordinaria a los fines que se exprese. La letra original daba pie a que los empleados pudieran acceder a la indemnización prevista por la nueva Ley pero dejaba la puerta abierta a nuevas demandas judiciales.

La norma busca agilizar y otorgar mayor inmediatez en la resolución de conflictos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y acotar de esa manera los litigios.

El espíritu de la norma busca agilizar y otorgar mayor inmediatez en la resolución de conflictos por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, bajo la premisa de bajar el número de litigios y dar mayor celeridad a los trámites. Sin embargo, para lograrlo se incluyó una propuesta del sector de senadores opositores encabezados por Felipe Michlig, que amplía el número de comisiones médicas en la Provincia a 13 e inclusive dispone de unidades móviles para el interior de la Provincia.

El senador Felipe Michhlig.

LPOCarolina Niklison

"Serán las comisiones médicas provinciales las que intervengan desde el plano administrativo antes de llegar a una instancia de juicio, con lo que se asegura que la justicia provincial sea competente", subrayó el senador por Las Colonias, el justicialista Rubén Pirola. A su turno, el representante del Departamento Rosario, Marcelo Lewandowski instó a "avanzar en lo más importante: la prevención de los accidentes de trabajo".

El Presidente del Bloque Radical junto con los senadores peronistas nucleados en el Nuevo Espacio Santafesino fueron los hacedores de este consenso e incluso presionaron al Ejecutivo para que incluya esas modificaciones. De allí que Omar Perotti haya preferido que el proyecto original votado en 2017 perdiera estado parlamentario, no incluirlo dentro del tratamiento en sesiones extraordinarias para propiciar el debate sobre el nuevo pliego.

Dentro del oficialismo, Alcides Calvo, uno de los delfines políticos del Gobernador, coincidió con Michlig y definió que se trata de un proyecto "adaptado a las necesidades de nuestra Provincia", con la mirada puesta en mejorar la "dinámica de las relaciones de producción y trabajo". Aseguró además que "la forma como Santa Fe adhiere a la norma es superadora y garantiza los derechos laborales".

Rubén Pirola, senador del PJ

Será la Cámara Baja la encargada de otorgar la sanción definitiva en pocas semanas. Aunque desde el seno del justicialismo hubo reparos iniciales a la norma (nacida durante el gobierno de Mauricio Macri), los lineamientos de Nación fueron claros. La visita del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni en marzo pasado, rechazó las apreciaciones vertidas por los dirigentes gremiales y apuró a los legisladores del PJ que habían planteado sus resistencias.

Vale recordar que la postura de los legisladores oficialistas Luis Rubeo y Leandro Busatto, presidente del Bloque, también había sido de resistencia ante la normativa nacional. El socialista Rubén Giustiniani y el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, reafirmaron su negativa al texto y solamente resta conocer cuál sería la postura frente a un nuevo proyecto enviado por la Casa Gris. Mientras que Cambiemos daría luz verde a cualquier articulado al respecto: fueron los impulsores de la adhesión que nunca pudo ser tratada en la Cámara Baja.