Diputados del frente de Todos liderados por el cordobés Pablo Carro promueven un proyecto de ley para considerar un derecho humano el acceso a internet y de ese modo poder regular sus tarifas, aunque permitiendo la competencia entre las empresas. 

Lleva la firma de 29 oficialistas y fue presentado este viernes en una teleconferencia con legisladores y miembros de organismos de América Latina, que abrieron el debate sobre cómo garantizar a la mayoría de la población el servicio de internet, que con la pandemia pasó a ser esencial para la vida cotidiana.

Y seguirá siéndolo: el distanciamiento social permanecerá en mayor o menor medida hasta que no aparezca una vacuna para el Covid 19; y la irrupción del 5G, la tecnología que facilita el "internet de las cosas", convertirá a la calidad de la red en la llave para el desarrollo de un país.

El proyecto considera como "un derecho humano" el "acceso a servicios de conectividad a internet, en sus modalidades de banda ancha fija, móvil y satelital" y excluye de la regulación a las tarifas de telefonía celulares, que las empresas siempre resistieron. 

Define a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un "servicio público en competencia", que pueden fijar sus precios "justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".

Pero contempla que podrán ser reguladas "las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las Tic" y las prestadas "en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público".

Ni bien comenzó la pandemia, un proyecto de ley de Fernanda Vallejos pidió congelar tarifas de internet y presionó para que la Enacom acordara con las compañías frenar las subas hasta septiembre. Antes se los había declarado servicios esenciales para que no puedan suspenderlos.  

El gobierno congela las tarifas celular e internet hasta septiembre

Los legisladores de Cambiemos no ocultan sus dudas por la nueva regulación y advierten que será difícil garantizar inversiones del sector privado si no se permiten márgenes de rentabilidad que las justifiquen.

"Tiene que haber un sistema colaborativo entre los que toman decisiones y los que tienen capacidad de invertir, que son el mercado. Y trabajar en conjunto para garantizar un acceso universal", propuso la radical Karina Banfi. "Hay que ver de dónde venimos: en 2015 había 63 localidades conectadas a internet y en 2019 más de 1000", se defendió.

En Argentina los principales actores son la reciente fusión Telecom-Cablevisión, Telefónica y América Móvil (Claro). "El Gobierno tiene que entender que el congelamiento que las tarifas de telefonía fija impidió modernizar rápido la fibra óptica. No puede repetir el mismo error", señalaron desde una de las compañías que resistió a denominar la telefonía móvil como servicio público. Su lobby fue muy efectivo.

En los fundamentos del proyecto del oficialismo reconocen que, según fuentes privadas, el 95% de la población y más del 70% de las ciudades y localidades del país tiene conectividad, pero advierten que en zonas periurbanas es nula o deficiente. 

Y señala que "los servicios de Internet fijos y móviles en Argentina son caros y ofrecen velocidades que no condicen con las expectativas de un ciudadano contemporáneo, para la población ubicada por debajo de la media de ingresos".

"Respecto de los costos mensuales para los bolsillos de los argentinos, no estamos bien. La asequibilidad de estos servicios, medida en dólares y devaluaciones mediante, se lleva más del 10 o el 15% de los ingresos de una familia ubicada en el cuarto o quinto quintil por nivel socioeconómico". 

Este proceso, advierten, va a contramano de la mayoría de los países del mundo, que según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) vienen teniendo una "drástica reducción de los precios en relación con los ingresos".

Analfabetismo digital

El panorama trazado el viernes por los legisladores de América Latina no varía: la infraestructura de internet se desplegó a través de inversiones privadas, que trataron de captar mercados rentables para sostenerlas.  

Según la Cepal, el continente amanecerá después de la pandemia con 80 millones de nuevos pobres, víctimas de una brecha digital que en el siglo 21 es como hablar de analfabetismo. Los analistas hablan de "acceso asequible a la red" como una de las políticas públicas claves del mundo que llegó para quedarse. 

"La industria presta servicio donde pueden cobrar más. No creo que sea necesario hablar de internet como derecho humano, porque es intrínseco a las personas e independiente al Estado Nacional. Pero sí como el catalizador de derechos como telemedicina o la libertad de informarse", sostuvo el senador socialista de Chile Juan Pablo Letelier, el primero orador de la teleconferencia de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados. 

El proyecto del kirchnerismo. reconoce un sistema de Tic "en competencia" pero faculta a regular "las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos". Las compañías advierten que la década pasada el congelamiento de tarifas frenó la inversión. 

En Chile el Congreso sumó protagonismo en los últimos años con regulaciones como la ley de neutralidad de la red, un principio que impide a los proveedores tratar en forma inequitativa el tráfico y es un reclamo recurrente de los grandes generadores de contenidos, beneficiarios de la infraestructura física de cada país.

"Este no es un debate de izquierda o de derecha. Es un debate de época, de cómo estaremos para desarrollar el 5G", insistió Letelier y enumeró otras leyes como la de calidades mínimas y la de "colocación", que obliga a las empresas a compartir infraestructura. Mauricio Macri lo intentó en su última ley corta de telcos pero chocó con la resistencia de las cooperativas locales.

El senador mexicano Emilio Álvarez Icaza, autodenominado "independiente" y con un monobloque donde expone su experiencia en organismos internacionales, coincidió con la denominación de derecho humano del kirchnerismo, "porque es inherente al derecho de internet libre" consagrado por la relatoría especial para derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Las pandemias exponen las desigualdades. Tenemos que estar preparados para una crisis en salud, económica y social y ver cómo hacemos para que internet le llegue a la gente pobre".

Apuntó a la concentración del servicio en actores de peso como Carlos Slim, dueño de Telmex en México. "Con actores así se generan condiciones de origen y cuando llega una competencia hay desigualdad. Fue necesario un proceso legislativo para que comparta la infraestructura, obviamente litigado por esta empresa. El Estado debe garantizar derecho a banda ancha y a condiciones de competencia efectiva".

Karina Banfi. 

El diputado uruguayo Carlos Varela, del Frente Amplio, destacó la inversión en banda ancha de los presidentes Tabaré Vázquez y Carlos Mujica, "que heredaron el país cerca de un apagón" y, describió, cubrieron casi la totalidad del territorio con wifi y crearon un mercado de exportación de software que llega al 2.5% del PBI.

Los representantes de los organismos internacionales reclamaron medidas urgentes para garantizar acceso a internet en un continente con extrema desigualdad. Mauricio Agudelo, Coordinador de Agenda Digital  del Banco de Desarrollo de América Latina, consideró que el desafío "es la universalidad del acceso y las oportunidades de digitalización". 

"El corazón de estos ecosistemas son las infraestructuras digitales, que por un lado es digitalización de los hogares pero también cómo esas tecnologías limitan servicios de un Gobierno digital. Todavía 5 de cada 10 hogares de América Latina está sin conectividad. Y en un escenario de pandemia es lo que define la capacidad de acceder a información sanitaria, a material escolar y a bienes y servicios en línea". 

Damián Loretti, abogado experto en comunicación y ex candidato a relator Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, coincidió en mencionar a internet como un derecho humano "porque la conectividad restringe la libertad de expresión y la difusión de opiniones por cualquier medio". La comparó con la vieja legislación americana que condenaba "el abuso de controles oficiales sobre las frecuencias radioeléctricas".

"Los Estados son responsables de derechos humanos. Pero las empresas tienen obligación de respetar, prevenir y reparar violaciones a derechos humanos. Y si vamos a reglas de excepciones de acceso, ahí tenemos un problema. La ONU ha dicho muchas veces que estos principios rectores hay que cumplirlos".

Fotografía HCDN

La profesora cordobesa Diana Monje respaldó el proyecto del kirchnerismo. "El acceso requiere un usuario con derecho a precio justo y razonable", reclamó y celebró la idea de un plan nacional de conectividad porque "hay una extrema desigualdad" entre quiénes pueden ser teletraajadores y teleeducadores y quiénes no. 

Su coterráneo Andrés Piazza, de la Asociación Desarrollo Digital y ex miembro de mesa de coordinación de la Agenda Digital de América Latina (eLAC) en Naciones Unidas, sostuvo que "las inversiones privadas van lentas en Argentina" y pidió "una regulación inteligente". 

Advirtió que "hay una demanda en la periferia lista para recibir una oferta. Gente que está dispuesta a pagar mejores velocidades y el mercado no llega y no puede llegar. Y una subexplotación de la infraestructura enorme, con cooperativas ávidas de acceder y algunos puentes que todavía hay que tender".