Vicentín
Achetoni: "Nada garantiza que Vicentín no termine en manos privadas concentradas"
El presidente de la Federación Agraria tomó con cautela el anuncio presidencial y alertó que la participación estatal no despeja el fantasma de Manzano.

En diálogo con LPO, el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, fue prudente a la hora de analizar la decisión de Alberto Fernández de intervenir Vicentín y del proyecto que se giró al Congreso para declararla de utilidad pública y su posterior expropiación.

"Tenemos que conocer los alcances del proyecto para saber en qué manos realmente van a quedar los activos", sostuvo Achetoni y consideró que "la intervención estatal no garantiza, por sí sola, que no termine nuevamente en los grupos concentrados del comercio agroexportador".

 la intervención estatal no garantiza, por sí sola, que no termine nuevamente en los grupos concentrados del comercio agroexportador 

Para el dirigente, el principal riesgo que afrontan los pequeños y medianos productores es que la intervención reproduzca el esquema de concentración del sistema agroexportador; "una participación virtuosa sería que se protejan los derechos de los más débiles"

"Por eso, queremos ver el desarrollo del proyecto y hasta qué punto se van a garantizar los intereses de las empresas agrícolas familiares", que en definitiva son las que engrosan el listado de los 2.600 acreedores de la empresa.

De hecho, en la Federación Agraria no dan por sentado que la movida del gobierno haya alejado las intenciones de José Luis Manzano de ser parte del nuevo directorio y que el comercio de granos se reconfigure en una nueva concentración con el mendocino sentado en la mesa de decisiones.

Pero más allá de los reparos, Achetoni reconoció que "cualquier acción que signifique la continuidad laboral para los trabajadores y para el productor poder cobrar la deuda, es bienvenida pero además, alentar la participación del pequeño y mediano".

Por su parte, Esteban Motta, de la agrupación Bases que integra la Federación Agraria, coincidió con el presidente de la entidad: "puede ser una excelente noticia como más de lo mismo porque per se no garantiza que se regule a favor de los productores", indicó.

Aunque aclaró que el tema de Vicentín "estaba en manos de la decisión de un juez que tenía que nombrar a un síndico o un interventor para un área estratégica para el país". En efecto, Motta opinó que el gobierno debería llamar a los actores del sector y sobre todo a las cooperativas agrícolas que tienen un protagonismo fundamental en la zona núcleo.

"Deberían estar las voces de ACA, AFA y Coninagro en la mesa que sea de enlace y garantía de los productores", sostuvo Motta en diálogo con LPO. El productor fue menos contemplativo a la hora de hablar de los titulares de Vicentín y su relación con el macrismo:

"En un mes, el grupo aumentó su deuda un 28 por ciento y si no hubiese habido esta estafa, el gobierno no hubiese intervenido. Si está la situación así es porque el gobierno anterior le entregó créditos en condiciones muy sospechosas".

 Si no hubiese habido esta estafa, el gobierno no hubiese intervenido. Si está la situación así es porque el gobierno anterior le entregó créditos en condiciones muy sospechosas 

En cuanto a la estrategia que estaba impulsando Manzano, sostuvo que "iba a comprarla barata y el Estado iba a terminar financiando el capital de trabajo", concluyó Motta.

Quienes salieron con los tapones a la medida del gobierno fue la Sociedad Rural de Rosario. También en diálogo con este portal, su titular, Tomás Layus, puso en dudas que la expropiación fuese a beneficiar en algo a la soberanía alimentaria, uno de los argumentos repetido por el presidente:

"La participación de Vicentín más importante es en la exportación de porto, harina, aceites y biodiesel, una posición exportadora que no tiene gran influencia en el mercado local", estimó Layus.

 El Estado tiene que hacerse cargo de la administración de la justicia, de la seguridad y la salud que son las obligaciones que le competen y no meterse en ninguna industria porque genera distorsiones a los demás componentes 

Además, el presidente de la entidad afirmó que "el Estado tiene que hacerse cargo de la administración de la justicia, de la seguridad y la salud que son las obligaciones que le competen y no meterse en ninguna industria porque genera distorsiones a los demás componentes".

Por otra parte, el productos destacó que a pesar de la entrada en default de la empresa, la comercialización de granos ha aumentado 10% en relación al año anterior "porque el productor liquidó más pero en ningún momento se interfirió la cadena".

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  • 1
    sailenicolas
    11/06/20
    19:03
    Los porteños van a sacar algo de todo esto, estoy seguro.
    Responder
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