La expropiación de Vicentín abrió un nuevo capítulo de negociaciones con acreedores extranjeros que, hasta ahora, estaban a la espera de una determinación judicial del proceso de concurso de acreedores en curso. Rápidos de reflejos, aseguraron que están dispuestos a entablar diálogo con el interventor Gabriel Delgado.

Con más de 500 millones de dólares de deudas por cobrar de Vicentín, los bancos reunidos en un comité ad hoc afirmaron su "firme disposición" a negociar con las autoridades argentinas. Se trata de seis instituciones financieras internacionales: la Corporación Financiera Internacional (IFC) que es parte del Grupo del Banco Mundial), el banco de desarrollo FMO que depende del estado holandés y otros cuatro bancos privados: ING de Tokio, Rabobank cooperativo, Natixis y Credit Agricole.

El rápido apoyo de los acreedores internacionales a la decisión de Alberto Fernández fue explicada por el economista José Siaba Serrate: "Es más fácil cobrarle al Estado que a una quiebra. Y el gobierno se queda con el juguete. Soberanía alimentaria: de acá comen todos. Ahora la de Vicentín será deuda soberana", dijo en su cuenta de twitter.

El beneficio, en este sentido, es para todos los acreedores. Mientras los dueños de Vicentín señalan que lo adeudado está bien invertido y que sería un estropicio malvender activos para hacerle frente a la crisis de liquidez que atraviesa la empresa, lo cierto es que con la quiebra pierden más los acreedores -el principal es el Banco Nación, por encima de los bancos internacionales- que los dueños de la empresa, quienes reinvirtieron ganancias de Vicentín en otras empresas del holding.

En este punto el abogado Marcelo Szelagowski coincidió en que como acreedor es preferible que el deudor sea el Estado y no una empresa en quiebra: "La expropiación sin dudas favorece a los acreedores. Acá solo miramos a los que se han gastado el dinero prestado, pero no estamos mirando a aquellos que lo prestaron. El Estado ya está metido en Vicentín como el primer acreedor mediante el Banco Nación y no puede dejar que caiga toda la estructura de la empresa en una quiebra. También tengo que decir, que en el Gobierno no han encontrado la forma jurídica correcta de hacerlo", explicó a LPO.  

Las negociaciones con empresas extranjeras también van por el lado de las acreencias, no solo de las deudas. Es que Vicentín creó en 2007 junto con la suiza Glencore una empresa agroalimentaria procesadora de soja, Renova. La empresa, que también produce biodiésel y glicerina, era hasta diciembre mitad de Vicentín. Glencore le compró antes de fin de año el 16,7% y ahora controla los dos tercios de la empresa que opera en San Lorenzo y en Timbués, a metros de los puertos sobre la hidrovía.

Dos meses atrás del anuncio de la expropiación, Glencore le ofreció 325 millones de dólares a Vicentín para quedarse con el tercio restante de Renova, suficientes como para cancelar el 80% de las deudas con los productores agrícolas. Pero la oferta no prosperó incluso si fue presentada ante el juez que lleva el concurso de acreedores. Por eso, el periodista de Bloomberg Patrick Gillespie le preguntó a Alberto Fernández si bajo la intervención, Vicentín sí aceptaría la oferta de la empresa suiza, a lo que el presidente respondió que no había hablado con Glencore y que "tiempo al tiempo" se resolvería este punto.

Si accediera a vender, entraría en contradicción con el objetivo de frenar la extranjerización del sector. La única oferta nacional por los activos de Vicentín hasta ahora fue de Manzano.

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La empresa suiza -que llegó a manejar el 10% del comercio de trigo mundial y el 50% del comercio del cobre- tiene entre sus accionistas con un 6% nada menos que al fondo BlackRock, con quien hoy Guzmán está en una pulseada para cerrar la reestructuración de la deuda. Y uno de los últimos puntos en la renegociación tiene que ver con el cupón PBI que pedían los bonistas del Canje, algo a lo que el ministro accedió pero que supone ruido en su valuación como parte de la propuesta frente al resto de los acreedores. Un activo contingente que podría reemplazarlo y con menos diferencias de criterios sería un cupón ya no sobre el PBI, sino sobre las exportaciones, es decir, sobre las divisas que le entren al país. Según publicó Bloomberg este martes, esta clase de activo está en estudio en el Gobierno en este momento como edulcorante para la propuesta final de la deuda.

Para ello no es necesario que el Estado controle una empresa cerealera ni una empresa petrolera (los dos históricos sectores proveedores de los grandes ingresos de divisas), pero sí es estratégico.

"El tema es que China no va a volver a crecer a dos dígitos, lo que también es restrictivo para la capacidad exportadora argentina; pero también es más volátil que el PBI, por lo que con una suba de las cantidades -que bienvenida sea- se puede volver en contra del deudor, pero si los precios de las materias primas siguen deprimidos, se puede volver contra el acreedor un eventual cupón vinculado a las exportaciones", explicó el economista Héctor Rubini.