El Sindicato Unidos Portuarios de la localidad de Puerto General San Martín, que nuclea a todos los estibadores del principal complejo agroexportador del país contará con una nueva intervención luego que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, definiese dar por concluida la etapa del abogado Marcelo Urban.

Tal como había adelantado este medio, Urban, quien había sido designado durante la gestión macrista por Dante Sica, nunca logró hacer pie en el sindicato que durante décadas condujo Herme Juárez, quien tuvo la habilidad de forjar un liderazgo único entre los trabajadores al garantizar uno de los mejores convenios de trabajo en la región.

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La última paritaria que firmó Urban con la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM) apenas alcanzó el 20%, varios puntos por debajo de lo que acordó aceiteros cuando históricamente los estibadores siempre estuvieron por arriba.

Entre los portuarios sospechaban que Urban respondía a los intereses de las grandes agroexportadoras. De hecho, la primera negociación paritaria, el abogado avaló un aumento del 16% y tras las quejas de las bases, tuvo que convocar para un nuevo acuerdo.

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Con final cantado, varios meses después de lo esperado, Moroni firmó el decreto por el cual se lo nombra a Eugenio Begue, un dirigente vinculado a Sergio Massa y apalancado por la CGT, sobre todo, por Juan Carlos Schmid, secretario General de Dragado y Balizamiento a nivel nacional.

Luego de la detención de "Vino Caliente" la justicia delegó en el órgano administrativo la intervención para conservar los recursos, realizar los actos administrativos para subsanar las irregularidades y normalizar el sindicato con el llamado a elecciones. Para ello, en noviembre de 2019, a poco de finalizar el gobierno de Macri, se lo nombró a Urban.

Sin embargo, pasado los meses, la normalización nunca llegó y "el plazo otorgado para que el funcionario interventor designado cumpla con la tarea encomendada, se encuentra próximo a fenecer, sin que a la fecha esta hubiera sido realizada", fundamentó Moroni en el decreto que lleva su firma.

Ahora, Begue tendrá 180 días para sanear la institución y convocar a elecciones de autoridades. "Nuestro objetivo será la que define el decreto de garantizar que en estos meses generemos las condiciones para un nuevo llamado a elecciones", afirmaron a LPO en el entorno de la nueva intervención.