La bicameral de trámite legislativo rechazó este martes dos decretos de Mauricio Macri que transfirieron a la Corte Suprema la dirección de escuchas judiciales, hasta entonces a cargo la procuración general.

Si la decisión se repite en ambas cámaras del Congreso quedarían anulados y la intercepción de llamadas volvería a la órbita del Ministerio Público Fiscal que controla Eduardo Casal en forma interina desde 2017, cuando renunció Alejandra Gils Carbó.

Alberto Fernández propuso a Daniel Rafecas y confía en los votos de un sector de la UCR para aprobar el pliego en el Senado, pero por ahora no se trató. La pandemia estiró la negociación.

La reunión de la bicameral, por teleconferencia, tuvo un nuevo escándalo de gritos y golpes de mesa, esta vez por el rechazo de la oposición a tratar estos dos decretos de Macri aún cuando ya habían sido dictaminados.Exclusivo: detalles de la denuncia a la AFI de Macri por espionaje ilegal a Monzó y Massot 

"La caducidad es para las comisiones permanentes, no para las bicamerales. La ley es clara: hay 10 días para tratarlos y después de ese tiempo pueden considerarlo cada Cámara", sostuvo el diputado del PRO Pablo Tonelli.

Su compañero de bloque Omar de Marchi recordó que en la última reunión de comisión su presidente, el diputado oficialista Marcos Cleri, había propuesto tres paquetes temáticos de decretos para tratar, todos firmados por Alberto Fernández.

Pero el viernes cambió las reglas del juego y llamó a la comisión con dos DNUs de Macri en el temario, una decisión sin antecedentes. "Tenemos la oportunidad de fijar posición el mismo día en que hubo una denuncia penal por espionaje ilegal, que involucra a mi persona", justificó Cleri. 

Los decretos eliminados transferían a la Corte las escuchas judiciales y se la adjudicaban a dos camaristas penales. Cambiemos dicen que ya habían sido tratados en la comisión y denunciaron un pacto de impunidad. 

El rosarino apareció en la lista de correos electrónicos de dirigentes espiados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el anterior Gobierno, según una denuncia de su interventora, Cristina Caamaño, que también menciona a ex oficialistas perseguidos. Consideró, además, que los decretos fueron ilegítimos por tratarse de una materia vedada como la penal, que junto a la electoral y la tributaria no pueden modificarse por decreto.

Su intervención ocasionó una sucesión de gritos entre los legisladores conectados que comenzó a hacerse costumbre en tiempos de teleconferencia. "¡Quieren definir todo de facto! ¡Quieren la impunidad como ya sucedió con Gils Cargó!", reclamó De Marchi.

El diputado radical Gustavo Menna insistía en que no eran temas vedados si en la misma comisión se debatía otro decreto sobre la intervención de la AFI dispuesta por Fernández. "Están armando esto para garantizar la impunidad", dijo sin levantar la voz el diputado radical Luis Petri. 

"¿Que son estos discursos de barricada? Ponga orden presidente", reclamó la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti. Cleri no perdió la calma y le dio la palabra a la senadora radical Silvia Giacoppo, que anunció que se desconectaba. Pronto le siguieron sus pares de Cambiemos y la teleconferencia siguió sólo con oficialistas.

Los polémicos DNU son el 252 de 2015, que transfirió el sistema de escuchas judiciales a la Corte; y el 102 de febrero de 2017, que garantiza por 3 años a los jueces a cargo de llevarlas a cabo a partir de una acordada del máximo tribunal. Eran el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional Federal, Martin Irurzun; y el de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, doctor Javier María Leal de Ibarra, a quienes Cristina Kirchner responsabiliza por las filtración de sus diálogos telefónicos. 

En ese entonces los decretos tuvieron dictamen favorable por el aval de un sector del peronismo cercano a los gobernadores, que dominaba el recinto del Senado y garantizaba la mayoría en Diputados. Nunca fueron tratados en ningún recinto y por lo tanto pudieron aplicarse. 

El diputado santacruceño Pablo González consideró que son inconstitucionales porque infiere en el procedimiento penal y el derecho penal es un todo".  Y defendió que las escuchas vuelvan a estar en el Ministerio Público. "Dicen que no puede ser juez y parte y no es cierto, porque las escuchas las pide un juez no un fiscal. Estos decretos fueron para quitarle las escuchas a Gils Carbó. La escapada de la oposición tiene que ver con no revisar la historia", insistió.

En soledad, el oficialismo aprobó también el decreto 52 de 2019, que dispuso la Intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo de 180 días. También aprobó el 487/20, que prorroga la prohibición de efectuar despidos; el 488/20 que establece un precio para la facturación de entregas de petróleo crudo en el mercado local; y los 391 y 404, sobre la oferta de restructuración de deuda a los bonistas, que todavía está en negociación. No tuvieron voces en contra.