Las empresas de transportes de larga distancia reclamaron un subsidio al Gobierno para no cerrar y dejar al país desconectado por tierra, durante una visita a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.

Asistieron los referentes de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), e insistieron en que la Nación desoyó sus reclamos y los derivó a las Provincias, pero sólo algunas se hicieron cargo.

Gerardo Ingaramo, presidente de la Fatap, arrojó cifras escalofriantes. Dijo que existen 13581 unidades en 23 provincias y el 90% no están funcionando desde que llegó la pandemia. En abril 13 provincias pagaron la mitad de los sueldos 8 se cubrieron con subsidios provinciales. "Si no recibimos nuevos subsidios, en los próximos días puede haber una crisis terminal", advirtió.

Y se comparó con el Gran Buenos Aires, suficiente para enfurecer a los diputados del interior. "El Amba recibe 8000 millones por mes, para 18550 unidades, 430 mil por coche. Yo con 2300 millones tengo 170 mil por coche y tres choferees por reglamento, que salen 300 mil pesos".

Cada coche de larga distancia recibe 170 mil pesos y tiene no menos de 300 mil en subsidios. El Gobierno quiere implementar subsidios mediante una Sube federal, pero no cuenta con toda la información.  

"¿Cómo seguimos? Prorrateamos acreedores, no le pagamos a los proveedores, cheques que hemos rebotado. Pero la mayoría están por entrar en concursos o quiebras", anticipó.

Otros directivos de la Fatap aportaron más datos, como Diego Badaloni, que criticó la competencia con las low cost aéreas y Sergio Pensalfine, que definió la situación como una cesación de pagos. "No necesitamos un Estado bobo sino una atención extra. Sin una herramienta que baje los costos y gastos del 100% no hay mucho por hacer".

El Gobierno estuvo representado por Gabriel Bermúdez, subsecretario de Transporte, quien si bien no anticipó ayudas específicas anticipó que estudiará una "federalización" los subsidios que podría golpear el AMBA.  Según sus datos, esa zona tiene el 62% de las personas, el 56% del parque automotor, pero se lleva el 91.14% de fondos y el 80%, entre otras cosas a través de la Sube.

Recordó que con la resolución 14 tomó información de la CNRT para federalizar los subsidios y que iban en ese camino cuando llego la pandemia. Prometió reforzar el fondo compensador creado en el presupuesto 2019 para las tarifas del interior, pero consideró que la Sube también sirve para controlar la recaudación y los trayectos por los GPS, y en el interior no siempre cuentan con esos datos precisos.

"Que la Sube exista en el interior debe ser política de Estado, porque nos va a permitir distribuir los atributos sociales", anunció Bermúdez. Amplió luego que necesita que las provincias completen la información de sus costos para acceder al beneficios. 

No hubo grieta para pedir la federalizacion de subsidios: desde el radical Julio Ferryra al presidente del PJ José Luis Gioja reclamaron restarle fondos al AMBA para abastecer el transporte del interior, no sólo el de larga distancia sino el interno, que en muchas provincias está funcionado. 

"Entiendo el sentimiento hacia al AMBA, pero es un tema a resolver con políticas nacionales. Con una Sube con un sistema subsidiado, con inteligencia y transparencia, superando esa situación del Estado subsidia sin rendir cuentas. Pero estamos en una emergencia", matizó la advertencia de Hugo Yasky, oficialista y de los pocos bonaerenses en la comisión. Y el único en defender al transporte metropolitano, en la mira de los legisladores del interior.