El Senado dictaminó por vía remota el proyecto de ley que crea un programa de protección del personal de salud ante la pandemia del coronavirus, con respaldo unánime de Cambiemos que respaldará también su sanción el jueves pero dejó un reclamo a Alberto Fernández para la reglamentación.

Solicitó que el registro de personal contagiado que deberá crear el Ministerio de Salud a fines de brindarle asistencia, sea confidencial y proteja la identidad de los profesionales para evitar su estigmatización.

Según el inciso f del artículo 6, la base de datos deberá incluir "actividad del personal contagiado, detallando servicios y guardias, tipo de establecimiento donde prestó servicios y toda otra información de utilidad para identificar nexo epidemiológico y posibles contactos".

Durante la sesión del miércoles en Diputados, la macrista Carmen Polledo planteó los recaudos sobre ese artículo y en la comisión de esta mañana la siguieron las senadoras radicales Silvia Elías de Pérez y Silvia Giacoppo.

El Ministerio de Salud establecerá un protocolo con condiciones de bioseguridad para los centros de salud. A partir del año próximo, lo financiarán las provincias. Habrá un registro de personal infectado para su atención, pero deberá ser confidencial. 

La tucumana exigió el cumplimiento de habeas data "para tener resguardo de la información confidencial y tener resguardo de la información confidencial". La jujeña recordó que luego de muchos aplausos recibidos por los profesionales en los balcones existe una "estigmatización" cuando se los identifica y por eso es necesario resguardad su identidad en la reglamentación. "Entendemos que es urgente el tratamiento", aceptó, sin ánimos de dilatar. 

El proyecto fue presentado por el diputado del interbloque federal Eduardo "Bali" Bucca, médico de profesión, y apunta a evitar mediante medidas de bioseguridad los contagios en los centros de salud, epicentro de las infecciones en todo el mundo. Se la denomina la "ley Silvio" en homenaje a Silvio Cufré, el enfermero que falleció por Covid-19 en la provincia de Buenos Aires a los 47 años.

Fotografía HCSN

El programa incluye entre los sectores protegidos al "personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza, gastronómico, ambulancieros y demás, que presten servicios en establecimientos de salud donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de COVID-19, cualquiera sea el responsable y la forma jurídica del establecimiento".

El ministerio de Salud deberá realizar un protocolo especial y coordinar capacitaciones con "empresas, universidades, sindicatos y organizaciones civiles". La Nación financiará el programa durante este año mientras que, en los siguientes, de continuar siendo necesarios los protocolos, deberán absorberse con recursos de las provincias, que antes deberán adherir a la ley.

"Los protocolos serán para todos los efectores de salud, porque hay una enorme preocupación de los contagios en todo el mundo. En Inglaterra se dieron cuenta de que un porcentaje grande de sus infectados se dieron en la salud y en los geriátricos. Por eso para nosotros la ley es fundamental", señaló el oficialista Carlos Caserio, presidente de la comisión de presupuesto, que coordinó el plenario junto a la de Salud, liderada por el radical Mario Fiad.

Jorge Taiana, también del Frente de Todos, advirtió el mayor riesgo del sistema de salud son los "médicos y enfermeros" que tienen que enfrentar la pandemia "en la parte más alta de la curva". Juan Carlos Romero, del peronsimo federal; y el radical Martín Lousteau, cuestionaron que no se puedan hacer modificaciones a un proyecto que no pasó por comisiones de Diputados. 

 "Hay preocupación por parte de los senadores por agilizar las cosas, pero bajo ningún punto de vista dejando de observar qué es lo que debería modificarse en los proyectos. El objetivo es tener el reconocimiento de la sociedad con la que nos comprometemos", respondió el chaqueño Antonio Rodas, del Frente de Todos. 

José Mayans, jefe del oficialismo, explicó que la urgencia de la medida motivó acelerar los tiempos y las autoridades de Cambiemos estuvieron de acuerdo en abrir el recinto remoto el jueves para la sanción. También se convertirá en ley la exención del impuesto a las Ganancias de los trabajadores esenciales, previo dictamen este martes en un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Trabajo y Previsión Social.