Tras las polémicas por el cobro de tarifas de electricidad en fábricas que permanecen cerradas hace dos meses, el ENRE habilitó la suspensión o renuncia de la potencia contratada mientras dure la cuarentena.

Según la resolución, "aquellos usuarios y usuarias de las categorías T2, T3 y peaje que hayan sufrido una caída del 50% o más de su demanda de energía, podrán solicitar la suspensión o renuncia de la potencia contratada sin ser pasibles de penalidades".

De esta manera, los comercios e industrias afectados por el parate económico ya no tendrán que preocuparse por el gasto en electricidad que los golpeaba gravemente al no contar con ingresos para afrontarlo.

Las pymes denuncian que las eléctricas están "inflando" la estimación del consumo de luz

"Los Comercios, Industrias y PyMEs son uno de los sectores más afectados como consecuencia de la Emergencia Sanitaria actual. Ante esta realidad, y ante la necesidad de atenuar el costo energético para estas actividades, el ENRE definió sacar esta resolución como una medida de protección al sector", indicaron.

En este sentido, sumaron a los usuarios de la industria cultural y también se dispuso que las deudas que se generen durante la suspensión serán abonadas mediante planes de pago en base a pautas establecidas oportunamente.

"Pueden cancelar directamente el contrato de potencia sin punitorios y solicitar recategorización. El servicio no se corta en ningún caso, a menos que el usuario pida la baja", subrayaron a LPO desde la secretaría de Energía.

Las eléctricas deberán calcular las tarifas de acuerdo al menor consumo de los últimos 3 años

Como explicó LPO, las pymes aseguraban recibir facturas de luz como si no hubieran paralizado sus fábricas y denunciaban que las distribuidoras eléctricas "inflan" las estimaciones de consumo.

Como las compañías no están controlando los medidores físicamente a raíz de las restricciones de la pandemia, deben calcular las tarifas de acuerdo a una proyección, que según las pymes, están elevando intencionalmente.

En un primer momento, el gobierno modificó la fórmula para la estimación del consumo  y dispuso que las distribuidoras eléctricas ahora deberán calcular las tarifas de acuerdo al menor registro de los últimos 3 años. Pero aún así muchos comercios recibían facturas de hasta $100.000 con las luces completamente apagadas.