La próxima semana, el gobierno nacional deberá definir el futuro de la intervención al Sindicato Unidos Portuarios de la localidad de Puerto General San Martín, que representa a los estibadores que operan en el principal complejo agroexportador del país, tras vencerse el mandato de Marcelo Urban el pasado 25 de abril.

Urban había sido designado por el ex ministro de Producción y Trabajo del macrismo, Dante Sica luego del procesamiento y detención del sindicalista y empresario Herme Juárez por lavado de activos de origen ilícito, evasión y extorsión cuando era secretario del gremio y titular de la poderosa Cooperativa Portuaria.

Con la intervención dispuesta a fines del año pasado por el Ejecutivo nacional y con "Vino Caliente" (como se lo conoce a Juárez) fuera del juego, el esquema de los multimillonarios negocios de los servicios portuarios iba a transformarse estructuralmente y los grandes holdings del mercado vieron una oportunidad única para avanzar en la captación de los beneficios hasta entonces monopolizados.

En la región, interpretaron que el nombramiento de Marcelo Urban, un abogado experimentado en intervenciones gremiales y con estrechos vínculos a Luis Barrionuevo que supo administrar los destinos de Utedyc y del SOMU luego de la caída del Caballo Suárez, iba a facilitar los intereses de las empresas del sector.

Con el cambio de gobierno en diciembre pasado, era un hecho, entre los portuarios, que la flamante gestión iba a designar un nuevo interventor. Sin embargo, eso no ocurrió y tras vencerse el mandato de Urban el pasado 25 de abril, hay indicios que señalan que se le será renovado hasta el mes de agosto.

"No hubo ningún intento de normalización ni de llamado a elecciones durante todos estos meses", criticaron a la intervención fuentes del gremio que pidieron preservar su nombre y agregaron que "ahora, con la pandemia, eso es imposible. Pero lo que no entendemos es cómo este gobierno mantiene al frente del sindicato a un abogado que vino a favorecer los intereses de los empresarios en la época de Macri".

El malestar entre los portuarios se profundizó cuando, semanas atrás, las autoridades nombradas cerraron las paritarias en tiempo récord al 16%; un porcentaje inédito por lo bajo para el sector que mueve el 78% de las exportaciones desde las 40 terminales portuarias del Gran Rosario.

Además, los interventores habrían dado luz verde a la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM) para avanzar en un cambio de régimen de liquidación de vacaciones y aguinaldos para que se abonen semanalmente en vez de pagarse en julio y diciembre como determina la Ley de Contrato de Trabajo vigente: "una clara precarización de nuestro trabajo", se quejaron.

A su vez, los obreros le están reclamando al sindicato, que históricamente se ocupó del traslado del personal hacia las distintas terminales, a que se garanticen las medidas de seguridad e higiene necesarias para evitar que se contagien de coronavirus.

En ese sentido, la intervención presidida por Urban acaba de comprar tres minibuses para asegurar el traslado respetando el distanciamiento social necesario aunque sospechan que serán insuficientes para movilizar alrededor de 500 trabajadores por día.