Coronavirus
Los médicos y enfermeros de España denuncian al gobierno por darles mascarillas defectuosas
Varias organizaciones médicas han presentado causas en el Tribunal Supremo por delito contra la seguridad tras el reparto de 400.000 mascarillas defecuosas.

Al Gobierno se le acumulan las querellas por la crisis del coronavirus. En las últimas horas varios sindicatos y organizaciones sanitarias han presentado causas contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un delito contra la seguridad de los trabajadores después de que se distribuyera un lote de 400.000 mascarillas defectuosas a los profesionales médicos. No es el primer incidente de este tipo que enfrenta el Ejecutivo, después de tener que devolver hace un mes otro

lote de test de diagnóstico defecuosos

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El Consejo General de Enfermería (CGE) emitió el jueves un comunicado anunciando la querella contra Sánchez e Illa, además de otros cargos del Gobierno como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Se sumaba así a las distintas actuaciones judiciales de varios consejos autonómicos y colegios provinciales de enfermería de toda España contra la gestión de las autoridades sanitarias provinciales y autonómicas.

En el caso del CGE, el motivo es la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con COVID-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios que han llevado al posterior fallecimiento de varios de ellos. "Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos", afirma el presidente de CGE, Florentino Pérez Raya, en el mencionado comunicado.

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Se trata del artículo 316 del Código Penal, que castiga a quienes "con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física". La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Al Colegio de Enfermeros se suma la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) que también anunció una querella criminal en el Tribunal Supremo contra Illa por "presunta actuación negligente" al haber distribuido mascarillas defectuosas al personal sanitario. En un comunicado, CESM explica que esta actuación ha puesto "en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario", por lo que interpondrá una querella criminal "por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores" contra el titular de Sanidad "y los demás corresponsables".

Los sindicatos médicos se refieren a la distribución de una partida de mascarillas FPP2 defectuosas de la marca Garry Galaxy a distintos servicios de salud. El lote defectuoso estaba compuesto por 400.000 mascarillas que iban destinadas a las áreas sanitarias y a residencias de ancianos. 

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El ministro Illa explicó este jueves en el Congreso que el pasado 15 de abril se pidió a las comunidades autónomas retirar estas mascarillas tras recibir el informe del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo confirmando su invalidez tras haber recibido noticia de sus defectos el día 13.

Se procedió a retirar toda la partida pese a que, según el ministro, los problemas sólo afectaba a uno de los lotes, el resto sí cumplía con las especificaciones requeridas. Tras el revuelo el pasado martes se comunicó al proveedor el cese de estos suministros e Illa se comprometió a realizar las compras a partir de ahora con otras empresas autorizadas por el Gobierno chino.

No son las únicas causas judiciales que tendrá que afrontar Illa tras la crisis. El principal sindicato de funcionarios, el CSIF, ya denunció a Illa ante el Supremo por "la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud", que podrían "ser constitutivas de delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente".

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