La espactacular caída de la recaudación que la cuarentena está provocando con su parate económico, amenaza con llegar al cincuenta por ciento. Con parte de la población bordeando la rebelión fiscal, más por necesidad que convicción, nunca el la cuestión tributaria fue tan importante. 

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal presentó esta semana una propuesta para minimizar los problemas fiscales que deberán afrontar las provincias y el Estado nacional por la caída de la recaudación. La presentación insiste en la necesidad de delinear mecanismos claros de asignación de transferencias, algo que la calificadora de deuda Fitch Ratings venía sugiriendo desde su filial argentina.

La iniciativa del IARAF consiste en generar un marco normativo claro previo a los picos de demanda de liquidez de parte de las provincias y los municipios para que los esfuerzos fiscales estén coordinados. Esta normativa debe contemplar también de partida la postergación del cobro de ciertos impuestos para que las empresas conserven liquidez y no quiebren.

El punto de partida es que la fuente principal de financiamiento de esta crisis es la emisión monetaria y aunque es sabido que esto trae problemas, el trabajo anticipa: "Los aumentos del déficit y de la emisión de pesos hoy no constituyen el problema relevante", lo primero es atender el frente sanitario y lo segundo es evitar la destrucción del sector productivo sin que le emisión se desmadre.

Para ello, además de un esquema ordenado de emisión que puede llegar a ascender a 1,9% del PBI por mes de recaudación que se postergue, la propuesta contempla la reasignación de partidas al interior del gasto público "incluyendo, la posibilidad de diferir pagos a quienes pueden sostenerlo".

Nadin Argañaraz, titular del IARAF, dialogó con LPO y explicó que el riesgo que se corre con la discrecionalidad de las ayudas a las provincias supera lo que pueda pasar con la calificación de las deudas emitidas y golpea de lleno a la economía y puede incluso traducirse en la emisión de cuasimonedas.

¿Cuál es el núcleo de la propuesta de IARAF?

Considero esencial, que ante tanta incertidumbre que nos genera el COVID-19, la acción del Estado en materia económica se concentre en brindar certidumbre y a todos los ciudadanos. Debe garantizarse el mantenimiento de los ingresos de todos los ciudadanos en el tiempo que dure el aislamiento, independientemente del lugar de residencia que tengan en el país.

El otorgamiento de liquidez a las empresas es la vía para garantizar el pago de sueldos de todos los trabajadores privados formales. Con este objetivo básico, los tres niveles de gobierno deberían tomar medidas tributarias concretas en lo inmediato, empezando por posponer los pagos que vencen en abril. En este sentido es clave asegurar a cada provincia y municipio del país el financiamiento necesario para que pueda dotar de liquidez al sector privado a través de la posposición del pago de impuestos. Al otorgarle el dinero a las provincias y municipios se garantiza que puedan pagar sueldos a sus propios empleados.

 El otorgamiento de liquidez a las empresas es la vía para garantizar el pago de sueldos de todos los trabajadores privados formales. Con este objetivo, los tres niveles de gobierno deberían tomar medidas tributarias concretas en lo inmediato, empezando por posponer los pagos que vencen en abril. 

Es decir que se termina garantizando el pago de sueldos a todos los trabajadores, privados y públicos.

¿Qué riesgos puede generar la cobertura de este agujero fiscal con asignaciones que resuelva sobre la marcha el presidente o el ministro de Economía?

El financiamiento casi exclusivo que hoy existe es la emisión de pesos. Esto obliga a la prudencia, al orden y a la máxima transparencia. La prudencia se relaciona con el hecho que las medidas sean efectivas y que tengan claramente determinado el retorno de los pesos al Banco Central una vez que la crisis ceda. El orden y la transparencia tienen que ver con garantizar equidad de trato de manera totalmente visible.

Respetando estas restricciones, se propone que el financiamiento de las medidas tributarias que impliquen resignación transitoria de ingresos por parte de provincias y municipios se financie a través de adelantos de coparticipación (es decir como préstamos), que deberán ser cancelados en el momento que previamente se determine. Por ejemplo, en la propuesta se sugiere como mes de devolución a octubre de 2020.

LPOJuan Casas

¿Cuáles son las provincias más vulnerables en este contexto?

No existen números actuales de la situación fiscal de las provincias, pero a juzgar por la coparticipación de los primeros tres meses del año, no debe haber provincias que con superávit primario significativo.

¿Qué cosas son inevitables independientemente de que se prefiera su propuesta de coordinación o una de discrecionalidad?

Lo inevitable de esta crisis es la caída de actividad económica de la mayoría de los sectores. En consecuencia van a caer los ingresos tributarios de la Nación, de las provincias y de los municipios. La propuesta que hacemos consiste en formalizar el no pago de impuestos durante abril y financiarlo para el mes de octubre. Pero aunque no se formalice la recaudación va a caer, complicando la situación fiscal y generando faltantes de liquidez para hacer frente a compromisos como pago a proveedores, pago de sueldos, etcétera. Si se estira el impacto negativo, hay que extender la posposición de pago de impuestos a mayo.

Planteamos un proceso de financiamiento monetario ordenado atado a una acción tributaria coordinada de los tres niveles de gobierno. De no alcanzarse, las provincias y los municipios van a definir cambios desiguales para el sector privado de las distintas regiones y como van a tener una caída de ingresos, pueden aparecer jurisdicciones promoviendo la emisión de cuasimonedas. 

El gobierno nacional va a recibir demandas de asistencia de todas las provincias, en muchos casos en exceso de los faltantes originados por el nuevo coronavirus y se puede generar una situación más compleja.

En un escenario más complejo, ¿cuáles son los riesgos que pueden visualizar?

Se plantea la posibilidad de un proceso de financiamiento monetario ordenado atado a una acción tributaria coordinada de los tres niveles de gobierno. De no alcanzarse este propósito, las provincias y los municipios del país van a definir cambios desiguales para el sector privado de las distintas regiones, pero como inevitablemente van a tener una caída de ingresos, igualmente van a requerir asistencia del gobierno nacional. Dependiendo de la magnitud de los faltantes de liquidez, pueden aparecer jurisdicciones promoviendo la emisión de deuda con alto propósito transaccional, es decir cuasimonedas.