El miércoles, a las casillas de whatsapp de asesores, legisladores oficialistas y aliados llegó un listado de temas por los que Alberto Fernández "reabriría" el Congreso en los próximos días.

Se enumeraban la suspensión de ejecuciones hipotecarias y de los desalojos, eliminación del pago de Ganancias a trabajadores de la Salud y exención impositiva para insumos médicos, como barbijos y respiradores, fundamentales cuando llegue el pico de contagios de coronavirus en mayo. 

Alberto confirmó los dos primeros en una entrevista televisiva pero pronto supo que no sería posible: los senadores del Frente de Todos no estaban dispuestos a viajar desde sus provincias para aglomerarse en el recinto y arriesgarse al contagio del virus que paraliza al mundo. 

En su siguiente aparición en el prime time, el presidente prometió que implementaría esas medidas por decreto, pero su secretaria legal y técnica Vilma Ibarra nunca lo publicó en el Boletín Oficial. El último intercambio de borradores con legisladores opositores no fue sencillo: Cambiemos advirtió que congelar alquileres más de dos meses sería rechazado por cualquier juez.

Oficialistas y algunos aliados le propusieron suspender desalojos y ejecuciones hipotecarias, concretar una ayuda agresiva mientras dure la pandemia pero garantizar el cumplimiento de los contratos con un prorrateo, para evitar cuatelares. 

El esquema sería así: los alquileres se congela rían o incluso bajarían hasta 40% durante la cuarentena y luego los saldos no cobrados se cancelarían en cuotas mensuales. En el caso de los créditos hipotecarios, el capital se actualizaría recién cuando pase la temporada gripal, sin intereses punitorios. Propietarios y Bancos sólo perderían por la inflación que haya en las semanas de confinamiento. 

Alberto quiere reducir que los trabajadores de la salud no paguen Ganancias y los insumos médicos estén exentos de impuestos. Pero necesita leyes. En Cambiemos no hay consenso para habilitar votaciones online. 

Ibarra prometió llegar a una síntesis pero no hizo tiempo, habitual para los legisladores desde que ocupa su despacho en la Casa Rosada. Siempre hace esperar más de la cuenta proyectos y decretos que dice tener listos. El temor de Alberto es que, al tratarse de un contrato entre privados, cualquier DNU termine desechado en la justicia y no tenga sentido tanto esfuerzo intelectual. 

La Constitución sólo impide decretos para cuestiones electorales, penales e impositivas, y algunas de estas dos últimas ya forman parte del paquete de medidas inminentes que hay en la Rosada para combatir el coronavirus.

Los trabajadores de la salud que arriesgan sus vidas fueron beneficiados con un aumento salarial y un plus de 30 mil pesos a pagar en tres cuotas, pero de nada les servirá si deducen parte de ese dinero en el pago del impuesto a las Ganancias.

Menos sentido tiene que el Gobierno y las provincias concentren las compras de insumos médicos, disputen precios en un mercado mundial que demanda como nunca y la AFIP les cobre impuestos como si se trataran de empresas prepagas interesadas en lucrar. 

Sin el Congreso estas situaciones seguirán sin iguales. Tampoco pudo actualizarse el Código Penal y las penas que se acomodaron a los que violen la cuarentena prevén reclusión o prisión de entre 3 y 15 años por "propagar enfermedad peligrosa y contagiosa". Ruboriza a algunos jueces ser tan rígidos. 

El presidente había hablado con Sergio Massa sobre dos posibles formatos para sesionar sin arriesgar la salud. Uno como el utilizado en Estados Unidos o en la OEA, con recinto esterilizado y legisladores separados con banca de por medio. Surgió un problema: los que están en edad de riesgo o con enfermedades preexistentes (hay muchos no tan viejos, pero con antecedentes de neumonías agudas) no iban a asistir y el quórum quedaba librado al azar. 

La otra alternativa, que empezará a tratarse esta semana, es la de una sesión online, como están realizando en países de América Latina e inauguró la Legislatura de Mendoza para aprobar la reducción salarial de los cargos políticos. Utilizó el sistema Zoom, el más popular del mundo y con el que Massa presidió tres reuniones de labor parlamentaria, la primera transmitida en vivo. El Senado podría tener la primera los próximos días. 

En el Senado no quieren sesionar por temor a los contagios

Esta semana Diputados iniciará sesiones informativas de Comisión por teleconferencia pero sin votaciones, porque por ahora están prohibidas sin legisladores marcando presencia. El lunes a las 16 está citada por correo electrónico la de Educación para escuchar al ministro Nicolás Trotta, quien se comprometió a contactarse por gestión de la kirchnerista Gisela Marziotta.

El martes feriado podría haber teleconferencia de la Comisión de Salud, presidida por el peronista tucumano Pablo Yedlin, quien quiere reflotar un viejo proyecto suyo para habilitar recetas médicas online. Necesita otro reglamento para que lo puedan votar. 

El presidente del interbloque Cambiemos Mario Negri pidió que la visita mensual que debe hacer al Congreso el jefe de Gabinete Santiago Cafiero sea en el recinto, con la presencia sólo de los jefes de bloque, como viene haciendo el Congreso español. Era una buena opción por inaugurar las sesiones online, pero prefiere esperar. 

Es que en la oposición no hay uniformidad sobre la conveniencia de votar con un mouse, porque algunos temen que resulte un instrumento ideal para que el oficialismo sume aliados sin costo político y apruebe temarios extensos con la opinión pública distraída. En la UCR asusta el pliego de Daniel Rafecas para procurador, demorado en el Senado, donde también descansa el proyecto para intervenir la justicia de Jujuy, que tenía una audiencia convocada para este martes, antes que fuera feriado. Para esos casos, el recinto siempre es un buen escenario de escándalos.

José Mayans. 

LPOJuan Casas

Otros opositores creen que no es momento de especular, como el diputado Alejandro Cacace, de la UCR, quien presentó una guía posible de cómo sesionar sin salir de las casas, que no es diferente a cómo lo hacen los parlamentos de la región.

"Hay que recordar que hasta que no llegó el sistema biométrico el secretario de la Cámara identificaba los presentes a ojo desde el estrado y se sesionaba igual. En este caso la clave es el registro para saber cuando alguien entra y sale de la sala. La mayor garantía es tener el registro de datos de las personas el Renaper", sostuvo ante LPO.

Los cambios reglamentarios se aprueban por mayoría del plenario y mientras no se reúna no será posible hacerlo. La única manera es que todos los jefes de bloque acepten resoluciones presidenciales de ambas Cámaras y ese será el trabajo de Massa y Cristina desde este lunes.

Pero viene lento, porque el consenso no es fácil: la comisión de peticiones, poderes y reglamentos de Diputados, encargada de estos asuntos, aún no tiene agenda. Si la extensión de la cuarentena prohíbe sesiones en el hemiciclo por el invierno no será fácil continuar con estas dilaciones mientras los videos de los parlamentos latinos aprobando leyes se viralicen.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) difundió un documento con las experiencias en Brasil, la Unión Europea, Austria y las que comienzan a implementar Uruguay, Bolivia, Chile o Paraguay, todas muy similares. "El único país con problemas es México, porque necesita una reforma constitucional", apunta Cacace. En Argentina, alcanza con un cambio de reglamento, pero todavía no llega. Y el Gobierno necesita leyes.