La directora del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente mantuvieron esta tarde un diálogo telefónico en la que la titular del Fondo le explicó pormenorizadamente el análisis de sustentabilidad de la deuda pública que hizo público este viernes.

Como adelantó LPO, las conclusiones del informe se resumen en que en el mediano y largo plazo la Argentina podrá pagar hasta el 3% de su PBI por servicio de deuda anual en moneda extranjera y hasta el 5% de su PBI en total y que, consecuentemente el mercado deberá convalidar un alivio de deuda de entre 55.000 millones y 85.000 millones de dólares en los próximos diez años.

A su vez, el reporte advirtió que en el corto y mediano plazo el país no contará con dólares para afrontar los intereses de la deuda en dólares, más precisamente hasta 2024.

Para el FMI, la deuda necesita un alivio de hasta USD 85.000 millones en los próximos 10 años

"El jefe de Estado sostuvo que se encontraron similitudes en las afirmaciones de que la Argentina no tiene capacidad de pago en moneda extranjera por cuatro años", dijeron desde la Casa Rosada.

Alberto Fernández también coincidió con la visión de que hay que lograr sostenibilidad en los acuerdos de reestructuración de la deuda, "para acabar con la angustia de la deuda y poner a la Argentina de pie", aseguraron.

En su teleconferencia con bonistas de este viernes, Martín Guzmán no dio precisiones respecto de cuántos intereses podría pagar, en su opinión, durante este mandato. Lo que sí precisó es que aspira a que en 2024 el país haya recuperado los 65.000 millones de dólares de reservas brutas, un valor que no se observa desde fines de 2017 en las arcas del Banco Central.

Guzmán advirtió a los acreedores que las reservas se están agotando y pidió un acuerdo en breve

En este sentido, el informe de FMI hace una referencia puntual al Banco Central y al FGS. Si bien en el corto plazo no se los toma como acreedores de la deuda relevante para esta reestructuración, cuando se aplique la igualdad de tratamiento para todos los acreedores ambas entidades públicas deberán enfrentar pérdidas tan "apreciables" como la contribución que el Fondo les pide a los acreedores privados.

En el mercado destacaron el viraje del Fondo con el cambio de autoridades: desde el pedido de ajuste al país de Lagarde y Dujovne, al apoyo a las políticas heterodoxas de Guzmán y Georgieva para que el país no ajuste en el corto plazo, que el esfuerzo lo hagan los bonistas, para que el país primero vuelva a crecer.

Para el profesor de la maestría en Finanzas de la UTDT y director de Eco Go, Federico Furiase, el hecho de que el país exprese que no va a tener dólares para pagar intereses hasta después de terminado el mandato de Alberto Fernández puede complicar la negociación. "La complica porque implica un período de gracia más extendido en tiempo de lo que estarían dispuestos a aceptar los inversores en el sector privado, o bien, porque se traduce en una quita más agresiva del capital en líneas con el análisis del Fondo Monetario".

"Coincido en que mientras se hace la convergencia fiscal, los parámetros de la reestructuración deberían enfocarse más en la extensión de plazos vía período de gracia/extensión de maturity y recorte de cupón, antes que en una quita nominal de capital agresiva,  más que nada por la necesidad de descomprimir vencimientos de corto plazo frente al riesgo de roll over y porque la deuda relevante para la renegociación es solo del 56% del PBI. El riesgo para cerrar con los acreedores privados consiste en que la propuesta del gobierno se pase de rosca en el período de gracia y/o en la quita nominal de capital, con un mercado que descuenta la propuesta de Guzman a una exit yield esperada arriba del 12%, y que se la rechacen", agregó.