Alberto Fernández analiza triplicar los juzgados federales de Comodoro Py para licuar el poder que concentran hoy los 12 juzgados con sede en esos tribunales. La iniciativa -en estudio- es parte de la reforma judicial que este domingo el Presidente podría adelantar en la apertura de sesiones ordinarias.

Según pudo saber LPO, una idea es lograr un fuero de 36 juzgados federales. Para esto, a los 12 tribunales que funcionan hoy, se sumarían otros 12 juzgados económicos y otros 12 de intrucción penal de la ciudad de Buenos Aires que están vacantes.

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El borrador prevé que los penales económicos dejen de ser específicos para que ocupen todas las áreas delictuales en las que intervienen los actuales jueces federales de Comodoro Py.

Pero además, el gobierno tendría otros tres juzgados disponible donde designar magistrados. Uno es el de Sergio Torres que pasó a ocupar un asiento en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires; otro es el juzgado federal 11 de Claudio Bonadio, quien falleció hace pocos días; el tercero es potencial, se trata del juzgado del juez Daniel Rafecas quien podría encabezar la Procuración General de la Nación.

A estos podrían sumar incluso otros dos juzgados: uno es el de Rodolfo Canicoba Corral y el otro es el de María Romilda Servini, quienes ya tienen la edad para jubilarse.

El gobierno apunta a desconcentrar el fuero federal y apuesta a un reordenamiento de los tribunales. El proyecto apunta directo a la influencia de jueces federales porteños, que tienen en sus manos la mayoría de las causas de corrupción. Además, implica que las causas, en lugar de sortearse en 12 juzgados como sucede hasta ahora, puedan recaer en más de 36 jueces.

El objetivo de máxima es licuar el poder que concentran los 12 juzgados de Comodoro Py, donde se tramitan los casos de corrupción política, pero también otros delitos complejos, como el narcotráfico y el lavado de dinero.

En el proyecto trabaja el Presidente junto con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, además de la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra.

El proyecto llega tras una semana convulsionada por la sanción en Diputados de la ley que modifica las jubilaciones de privilegio de jueces y fiscales, una medida que generó un enfrentamiento con la corporación judicial.

La idea es "poner orden en el funcionamiento de la Justicia que le corresponde al Estado nacional, que es la Justicia Federal. También qué hacemos con los tribunales ordinarios de la Ciudad; hay que traspasar ciertas jurisdicciones que vienen demoradas", dijo Alberto el viernes a Radio 10.

"Quiero jueces independientes, quiero jueces dignos, probos. Creo que una inmensa mayoría son así. No se trata de meter a todos en la misma bolsa", dijo ayer el Presidente.