Encapuchados y vestidos de civil, pero con armas pesadas, grupos de la policía militar sembraron el pánico en Sobral; una ciudad apacible en el estado de Ceará, de más de 200.000 habitantes. De pronto, la calma provinciana se vio interrumpida la semana pasada por una rebelión de sus fuerzas policiales, originada en reclamos salariales. Los cabecillas del motín formaron piquetes para detener los vehículos a la salida del batallón y pinchar los neumáticos. Peor aún, obligaron a los comerciantes a cerrar los negocios, un método usado por las bandas narcos para atemorizar poblaciones.

El episodio, ocurrido a más de 2000 kilómetros de Brasilia y a 2.300 de la capital paulista, sobrepasó de inmediato los límites regionales para adquirir envergadura nacional.

Hay 12 estados brasileños (son 27 en total) que están seriamente amenazados por sus propias fuerzas de seguridad. Entre ellos, figuran los dos mayores: San Pablo y Río de Janeiro. En al menos 5 territorios estaduales hay paralizaciones temporarias y riesgos ciertos de motines. Tanto el gobernador fluminense Wilson Witzel como el paulista Joao Doria saben que la insatisfacción prevalece en sus policías militares.

Doria decidió ajustar las remuneraciones en 5%, una medida cuestionada por los sindicatos de soldados y oficiales. "Fue un incremento mínimo que terminó en una gran frustración. El gobernador (Doria) nos prometió que iríamos a tener uno de los mayores salarios del país", reveló el diputado federal José Augusto Rosa, más conocido como Capitán Augusto, un ex miembro de la élite de la policía militar paulistana y dirigente del llamado "bloque parlamentario de las balas".

Bolsonaro le entrega el gabinete a los militares para proteger a su hijo Flavio de otro escándalo

El ex juez y actual gobernante carioca Witzel no pudo satisfacer las demandas: Río de Janeiro está en un proceso de recuperación financiera después de haber caído en default.

En la ciudad cearense de Sobral hubo un violento incidente, que puso en juego la vida de un senador nacional y anterior gobernador de ese estado nordestino. Oriundo de esa ciudad, el miércoles pasado se presentó en las puertas del cuartel amotinado. Y megáfono en manos conminó a los policías a dejar el lugar. Como no recibió respuesta, se subió a una retroexcavadora y con ella buscó derribar un cerco de rejas que protegía a los sublevados. La aventura terminó cuando dos disparos de armas de fuego, de calibre 40 (reglamentaria), impactaron en el pecho del parlamentario. Se salvó de la muerte, pero tuvo un pulmón lesionado.

La conmoción nacional fue gigantesca. Al punto que el viernes último, el presidente Jair Bolsonaro tuvo que enviar al Ejército y a soldados de la Fuerza Nacional a Fortaleza, la capital de Ceará, a pedido de Rui Costa (del PT), gobernador de ese estado. Con todo, la intranquilidad subsiste. Como definió el titular de la Asociación Nacional de Entidades de Policías y Bomberos Militares, el sargento Leonel Lucas: "Los hechos en Ceará generan turbulencias en otros cuarteles. Los policías hablan de seguir el ejemplo del Nordeste". Para los gobiernos estaduales hay un temor adicional: que las huelgas de uniformados despierten al resto de las administraciones públicas y generen una ola de paros.

El diputado federal Wagner Sousa Gomes, llamado por sus colegas parlamentarios de Capitán Gomes, relató que antes de los paros en Sobral y Fortaleza, hubo un acuerdo entre el gobierno de Costa y los sindicatos policiales. "Las entidades hicieron de todo para que los policías firmaran un acuerdo. Se sabía que la agudización del conflicto podría llevar a situaciones complicadas. Pero nadie quiso firmar y, en forma espontanea, decidieron tomar el cuartel en Sobral". Las convocatorias a las manifestaciones se realizaban por las redes sociales: "Salga del WhatsApp y de su comodidad. Júntese a nosotros", rezaban los mensajes.

Algunos detalles llaman la atención. Comandantes policiales admitieron: "Hay apoyo político a estas huelgas". En el caso de Sobral se identificó quién daba el respaldo. El concejal Sargento Ailton estuvo el miércoles pasado desde la mañana muy tempano junto a los huelguistas. Este ex policía devenido en político apoya, en forma notoria, al presidente Bolsonaro a través de su red social. Integrante del partido Solidaridad, el dirigente máximo de esa agrupación, Paulinho da Fuerza, lo expulsó sin más trámites.

"No trabajamos con la militancia del terror que causa depredación del patrimonio de las personas. No podemos aceptar que policías y agentes públicos, encapuchados y armados como bandas parapoliciales, lleven el terrorismo a las calles". Paulinho es, además, el líder de la federación gremial Fuerza Sindical, la más numerosa del país.

Guedes justificó la devaluación: "Hasta las empleadas domésticas iban a Disney" 

Para magistrados de la Corte Suprema y parlamentarios, estas revueltas son la expresión de una "escalada autoritaria" en la vida política del país. No creen que sean casuales los tiempos de los estallidos. Justo vinieron a ocurrir en una semana de fuertes tensiones entre el gobierno de Bolsonaro y el Congreso. Al punto de provocar una onda de desconfianza cuando el general que comanda el Ministerio de Seguridad Institucional llamó de "delincuentes" a los congresistas. Esto ocurrió también el miércoles último.

Especialistas consultados por LPO, confirmaron que "hay un intento de politizar la seguridad pública". El ex ministro de Seguridad Pública de Michel Temer, Raul Jungmann -quién luego pasó a comandar el ministerio de Defensa-sostuvo frente a este medio: "No hay una política nacional de seguridad. Y esto ocurre porque la Constitución les atribuye esa misión a los gobiernos de los estados". Tanto es así que 85% del presupuesto destinado a las fuerzas policiales sale de las arcas provinciales.

Para este avezado político, que ocupó los primeros cargos ministeriales con el ex presidente Fernando Henrique Cardoso "hubo éxitos en el terreno de seguridad en 2019. Se observó una reducción significativa en la cantidad anual de homicidios". Pasaron de más de 50.000 a 40.000 dicen las estadísticas. Pero Jungmann afirma que "nada tuvo que ver el gobierno de Bolsonaro. Fue obra de los gobernadores que, en las elecciones de 2018 descubrieron que el tema de la seguridad era central para el electorado. Y decidieron invertir en ese sector".