Los efectos de la caída de Vicentín, la principal agroexportadora de capitales nacionales, aún son difíciles de mensurar, sobretodo en Santa Fe donde concentra la mayoría de las unidades de negocios. De no llegar a buen puerto las negociaciones y planteos judiciales, el impacto podría ser tremendo.

Lo que ya se advierte es el desmoronamiento de una modalidad de mercado que, mientras funcionó, repartió provechos en toda la cadena agroproductiva. La última gran devaluación a fines del año pasado, fue el cimbronazo que derribó ese castillo de naipes y puso en jaque a una de las zonas más rica del país.

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El circuito era simple: Los productores, acopiadores, cooperativas y corredores le entregaban la mercadería a Vicentín que la recibía, la molía, la procesaba y la exportaba como subproducto. Muchas veces, ofreciendo mejores condiciones comerciales para sus clientes.

Lo que la firma cobraba por la venta al exterior, lo reinvertía en una diversificada cartera de negocios. Mientras tanto, sus clientes se quedaban con la opción de fijar el precio en un futuro, cuando necesitara liquidar. De esta manera, todos obtenían beneficios.

Por un lado, Vicentín adquiría producción para procesar y exportar y por el otro, el dueño del campo o los intermediarios entregaban la producción sin necesidad de pagar almacenamiento y sin la preocupación de que se eche a perder o cualquier otro riesgo, sabiendo que cuando necesitaba liquidez la tenía.

Con la gran devaluación y la disparada de los insumos dolarizados, los productores se abalanzaron para cobrar cosechas de dos o tres años atrás pero el disponible de Vicentín no lograba cubrir la demanda y eso generó "estrés financiero", como denominó la compañía y ahora la justicia deberá determinar el destino de más de 1.400 millones de dólares.

Las primeras señales de que el sistema se tambaleaba se produjeron en septiembre del año pasado con los problemas de solvencia de BLD. La firma de Fabio Bini logró negociar con sus acreedores a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial pero ahora quedó enganchado con Vicentín del otro lado del mostrador. La semana pasada cayó el bróker Guardati Torti, arrastrado por el mismo efecto.

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"El rulo que se arma al vender a un precio, comprar más barato y volver a vender más caro estalla cuando una de las tantas variables incontrolables se desacopla genera un problema pero si encima esto se hace con plata o mercadería de terceros, en un momento puede colapsar", describió a LPO una fuente del mercado.

Con las fichas por el piso, Vicentín presentó la convocatoria de acreedores en un juzgado de Reconquista, norte de Santa Fe, de donde son oriundas las familias Padoán y Nardelli, los principales apellidos del consorcio. Sin embargo, los damnificados están solicitando que el expediente se tramite en Rosario.

Sospechan que Vicentín, al ser la principal empresa del norte provincial y con fuertes lazos políticos en la región, pueda influir en el proceso. Por tal motivo, alegan que se realice en Rosario donde la Bolsa de Comercio de esta ciudad concentra la mayoría de los negocios.

De hecho, Alberto Padoán fue el presidente de la entidad desde el 2015. El año pasado tuvo que tomarse seis meses de licencia del cargo, salpicado por la causa de los cuadernos. Ahora, la Bolsa de Comercio de Rosario atraviesa una situación delicada en su interior con riesgos a futuros defoult y muchos de sus operadores convalidando, durante años, el modelo que entró en crisis.

En lo inmediato, deberán establecer nuevas reglas de juegos con mayores controles para generar un circuito mucho más sólido de la cadena agroexportadora. Pero también, atender a una de las aristas más perniciosa que arrastra este crac: el comercio informal de granos.

Se calcula que entre un 35 y 40 por ciento de lo despachado a Vicentín se habría hecho sin registro fiscal, o sea, en negro, lo cual representaría casi 400 mil millones de dólares aparte de los 1.400 que se reconocen.

La pérdida de esta millonada es la que mayor impacto produce en la economía: "aunque nadie la reclama, las consecuencias en la economía regional son descomunales", explicó una fuente del sector y profundizó: "ese es el dinero que lo usan para viajar, para pagar a los empleados en negro, para comprar gran parte de insumos que no se factura o combustibles. Además, debido a la terrorífica carga impositiva, el 50% de los contratos de elaboreo (empresas que trabajan campos) no se blanquea. Es lo que más mueve la economía regional".

 Las consecuencias en la economía regional son descomunales 

Esto quedó en evidencia en los tribunales arbitrales donde muchos productores no acudieron porque tenían que registrar la mercadería, generar IVA sin la certeza de poder cobrar. Una buena parte se limitó a hacer catarsis en los grupos de whatsapp.

Por parte del Estado, tanto provincial como nacional, "sorprende la inacción", reconoció un dirigente santafesino. Uno de los pocos, casi el único que habla de Vicentín es el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, quien sostuvo en diálogo con este portal que "el silencio de los dos grandes partidos es ensordecedor". El legislador ha viajado al norte para reunirse con trabajadores y damnificados por la situación.

El Banco Nación tampoco ha establecido ninguna estrategia judicial de cara a la convocatoria de acreedores a pesar que es uno de los principales perjudicados por préstamos que rondan los 18.500 millones de pesos y que le valió el procesamiento al ex presidente, González Fraga, a Alberto Padoán y Gustavo Nardelli. Este último era impulsado por el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, como candidato a gobernador de Santa Fe.

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Fuentes de la entidad admitieron en las reiteradas consultas que hizo La Política Online, que por ahora no se ha definido la estrategia legal ni los pasos a seguir frente a la convocatoria que podría dejar al banco excluido de la posibilidad de recuperar los montos prestados.

La única propuesta que tomó cierta relevancia pero que no se avanzó en ese sentido fue la del senador de Provincia de Buenos Aires, Paco Durañona quien desde un primer momento sostuvo la necesidad de denunciar penalmente la maniobra y de intervenir la sociedad para controlar la estrategia concursal y otorgarle privilegio especial al crédito del Nación.