La entrada de Podemos en el Gobierno silencia su postura sobre la inmigración. El partido, que siempre ha luchado contra la llamada 'devoluciones en caliente' de inmigrantes en la frontera, evita pronunciarse sobre la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que este jueves ha avalado este tipo de expulsiones en frontera. Una decisión que el ministerio del Interior, dirigido por el socialista Fernando Grande-Marlaska, ya se ha comprometido a "acatar y respetar". Este fallo que puede acarrear repercusiones inmediatas en la política migratoria de los países europeos.

En su programa electoral para las elecciones de noviembre, los de Pablo Iglesias se comprometían a eliminar este tipo de prácticas: "Garantizaremos el respeto absoluto a los derechos humanos en la frontera sur, de acuerdo con la normativa internacional, y vigilaremos que no se produzca ninguna devolución en caliente o exprés ilegal", aseguraba el texto. Sin embargo, tras la decisión de la Justicia europea, ninguno de los ministros morados ni sus primeras espadas se han pronunciado sobre el fallo.

La entrada en el Ejecutivo de Pedro Sánchez con cinco ministerios y sin apenas competencias ha llevado a Iglesias a reconocer que tendrán que hacer "renuncias" y "tragar sapos" en esta nueva tarea: la inmigración, una de las banderas que hasta ahora defendía el partido, parece ser una de ellas. La entrada en Moncloa ha desactivado a Podemos como partido y la actividad de la organización se supedita a la acción de Gobierno, con una cúpula que lleva más de dos meses y medio sin reunir a su ejecutiva.

Inmigrantes saltando la valla de Mellilla.

La Gran Sala del TEDH - la más alta instancia de la corte, ante la que no cabe recurso - falló por unanimidad a favor de España en el caso de dos inmigrantes de Mali y Costa de Marfil que fueron expulsados a Marruecos tras entrar ilegalmente en el enclave español de Melilla en agosto de 2014.

Esta sentencia rectifica la anterior, emitida en 2017, por la que el mismo tribunal condenó a España a pagar 5.000 euros a cada uno de los demandantes, que fueron devueltos a Marruecos sin identificar y sin que se les ofreciera un traductor. Algo que en su día el tribunal consideró que suponía "una expulsión de carácter colectivo" contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Ahora el tribunal se desdice y destaca que los inmigrantes "se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad" al acceder "a lugares no autorizados" y "recurriendo a la fuerza" y al "efecto masa", al tratarse de un salto de la valla multitudinario. La sentencia añade que los subsaharianos "decidieron no utilizar las vías legales existentes" y acceder "de forma irregular" a territorio español, y consideran así los magistrados consideran que la "ausencia de una decisión individualizada" sobre su devolución se puede atribuir al hecho de que no utilizaran los cauces oficiales y, por tanto, es consecuencia "de su propio comportamiento".