El presidente Pedro Sánchez empleará la detención de Emilio Lozoya, ex presidente de Pemex, para engrasar sus relaciones con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La detención de este prófugo de la justicia mexicana, que se encontraba hasta ahora en paradero desconocido acusado de corrupción, se produce justo un año después de Sánchez se reuniera con el presidente mexicano en Palacio Nacional, y luego de que el gobierno español se propusiera engrasar su relaciones con los países de América Latina.

La extradición de Lozoya es uno de los objetivos del Gobierno de AMLO, debido a que estaría acusado de defraudar 280 millones de dólares -según la Fiscalía General de la República- por su supuesta implicación en los sobornos de Odebrecht en 2012 y 2013. Su detención es clave ya que podría implicar a Enrique Peña Nieto, quien supuestamente estaría implicado en este caso de corrupción y con quien planeaba reunirse en Málaga en el momento de su detención.

En México se espera la extradición para poder juzgarlo por estos hechos, aunque el proceso de extradición en España se caracteriza por la complejidad y por el carácter político, donde el Gobierno tiene la última palabra sobre si concede o no la entrega del detenido, según explica Javier Arias González, letrado experto en extradiciones de Century Abogados.

Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El proceso del detenido comienza ahora en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de Málaga, ciudad donde fue detenido y desde donde deberá comparecer mediante videoconferencia al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional este jueves. Una vez que le tomen declaración y pase a disposición judicial, el tribunal decidirá sobre su puesta en libertad o la toma de medidas cautelares como su libertad bajo fianza o con entrega de pasaporte. El fiscal español también podrá pedir su ingreso en prisión provisional mientras se tramita el proceso.

Esta decisión judicial influirá notablemente en el proceso, advierte Arias González: si Lozoya ingresa en prisión, los trámites se agilizan y podría ser expatriado en un plazo de seis meses. El tiempo se dilata mucho más si queda en libertad. Si la Audiencia Nacional decreta cárcel, México tendrá 45 días de plazo para presentar una comisión rogatoria donde exponga todos los delitos que se le imputan, pero si está en libertad hay un vacío legal que impide que exista un plazo, por lo que la tramitación de la extradición podría dilatarse hasta dos o tres años. En el documento, México imputará previsiblemente el delito de organización criminal, que en la ley española tiene un plazo de prescripción de 10 años, de manera que prescribirían en 2023.

Una vez que México traslade a España su demanda, se celebrará el juicio en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesta por tres jueces. En estos casos el tribunal suele acceder a la extradición, a menos que se traten de delitos por motivos políticos, una razón por la que se denegaría el traslado a México según el convenio firmado entre ambos países. Contra la decisión cabe un recurso de súplica del abogado de Lozoya ante el Pleno de la Sala de lo Penal en el plazo de tres días.

Las relaciones López Obrador-Sánchez, en un nuevo estadio

Sin embargo, una vez que la Audiencia Nacional haya tomado una determinación sobre la extradición es el Consejo de Ministros quien decide sobre si acata o no la directriz y puede denegar esta extradición. Fuentes gubernamentales señalan a LPO España que en este tipo de situaciones es habitual las negociaciones entre los Gobiernos, y que los intereses de México y España entrarán en juego en el "mercadeo" de medidas. Es por ello que Sánchez podrá aprovechar la buena relación que intenta mantener con el gobierno mexicano para intentar sacar provecho para España a nivel comercial.

Detienen al ex presidente de Pemex y tiembla el PRI de México

La relación entre Pedro Sánchez y AMLO no empezó con buen pie, pero en los últimos meses parece haberse reconducido. La llegada del líder socialista a La Moncloa coincidió casi en el tiempo con la victoria de López Obrador, quien se estrenó exigiendo a España disculpas por los abusos durante la Conquista. El Gobierno se limitó a rechazar esta petición, pero no inició medidas ni llamó a filas al embajador, en la llamada "diplomacia pasiva", tal como la describen fuentes de Moncloa a LPO.

Otra de las medidas iniciales de López Obrador con España consistió en expulsar a varias empresas españolas como Ferrovial y Acciona de las concesiones del Gobierno de México para el nuevo aeropuerto en Texcoco, previa indemnización, y se impuso el temor de los empresarios por las restricciones que pudiera traer el nuevo presidente mexicano. Sánchez trata en los últimos meses de estrechar lazos con los países de América Latina y, en el caso concreto de México, de mejorar la relación comercial entre ambos países. Una jugada en la que podría entrar en juego la figura de Lozoya como pieza clave.