Los votos de los diputados de Roberto Lavanga, el gobernador Juan Schiaretti y del interblqoue del excéntrico mendocino José Luis Ramón volvieron a ser la clave para que este miércoles el frente de Todos apruebe la ley enviada por MartÃn Guzmán para reestructurar la deuda externa.
El interbloque federal, presidido por Eduardo Bucca e integrado por aliados del economista y el gobernador de Córdoba, aportó sus firmas al dictamen emitido durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas, este martes en el Anexo 3 de Diputados.
Temprano, se habÃan reunido informalmente y ningún habÃa condicionado su apoyo. Ni siquiera los cordobeses, interesados en que se incluya la refinanciación de las deudas provinciales, amenazaron con retacear su apoyo si esta negociación no avanzaba.
Aunque hubo algunos matices. El salteño Andrés Zottos para que las provincias sean tenidas en cuenta y también se contemple sus pasivos con el Anses y el Tesoro, pero firmó el dictamen sin esperar una respuesta.
Y Jorge Sarghini, que es diputado en reemplazo del ministro Daniel Arroyo, se fue sin firmar el dictamen, que asà tuvo 27 rúbricas de la Comisión de Presupuesto y 16 en Finanzas, constituido al mediodÃa y presidida por la kirchnerista Fernanda Vallejos. La mayorÃa necesaria para llevarlo al recinto.
El interbloque Juntos por el Cambio dejó en suspenso un dictamen en minorÃa hasta saber si los gobernadores de su espacio tenÃan algún gesto en la Casa Rosada.
No hacen falta para el quórum si los ocho del Unidad federal para al Desarrollo, dirigidos por Ramón, apoyan sin reparos como prometieron. El mendocino sólo pidió una asistencia a los deudores de créditos Uva, que en realidad ya está incluida en la ley de emergencia, por pedido suyo. No está conforme con la respuesta del Gobierno.
Y reclamó la conformación de la bicameral de seguimiento de la deuda externa, que aún no funciona porque no empezó el perÃodo ordinario de sesiones y su rol es el seguimiento de la deuda y no tratar proyectos de ley. "Tiene que recibir información trimestral", recordó.
El plenario tuvo la asistencia de dos funcionarios: el asesor legal de Hacienda Cristian Dellepiane y el subprocurador del Tesoro Sebastián Soler, uno de los subalternos de Carlos Zannini, quien prefirió no visitar el Congreso como hacÃa en 2014 cuando era secretario legal y técnico de Cristina se puso al frente de la negociación con los buitres.
"¿No va a venir ningún otro funcionario de EconomÃa para explicar la negociación?", preguntó Alejandro GarcÃa, del PRO, sorprendido por la talla de los invitados. Carlos Heller, a cargo del plenario por ser el presidente de la Comisión de Presupuesto, le recordó que se estaba debatiendo un marco legal para una negociación y no una propuesta a los bonistas.
Soler, un abogado con experiencia en finanzas en Argentina y en New York que el año pasado escribÃa columnas para el sitio web de Horacio Verbitsky, fue el más entusiasmado en explicar la ley, que si bien aceptó que no esnecesaria, la consideró "aconsejable" para fijar posición ante el mundo.
Recordó que los bonos argentinos fueron de los canjes de 2005 y 2010 y los emitidos durante la gestión de Mauricio Macri, la mayorÃa bajo ley de New York y de Inglaterra. "El proyecto busca la sostenibilidad de la deuda, para que tenga un grado de coherencia con los objetivos del Poder Ejecutivo".
Destacó que continuarán siendo necesarios obtener mejor plazo y tasa para reestructurar pasivos y que los fondos buitres no volverán, porque la cláusula de acción colectiva permite cambiar las condiciones de pago con el respaldo del 75% de los bonistas, opción que no estaba vigente en los contratos de deuda de los 90. Pero recordó que es imposible conocer la identidad de los bonistas y por lo tanto la negociación es más compleja de lo que parece.
Explicó que la protección a los bienes del paÃs que contempla la ley fue una imitación de la legislación estadounidense y evitarÃa una situación como la Fragata Libertad en Ghana. Si un bonista lo pidiera, el paÃs donde haya activos argentinas chocarÃa con la ley de su paÃs y la argentina.
Soler aclaró además que la prórroga de jurisdicción era necesaria en caso de emitir nuevos bonos para pagar los ya suscritos en otros paÃses. "Este Congreso puede decidir hacer otra cosa, pero serÃa un problema más en la negociación", se excusó.
Dellepiane fue más escueto. Habló de la "conveniencia para la República de enviar este proyecto, no solo por el mensaje hacia el exterior, sino porque una vez que el proyecto entra en este ámbito, se transforma en polÃtica de Estado y no en una mera polÃtica del Gobierno", planteó.
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