En abril de 2021 vence una de las concesiones más importantes del país; la administración, dragado y señalización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los principales activos estratégicos con los que cuenta la Argentina por donde se transportan 65 millones de toneladas de productos agrícolas al exterior.

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Ante el vencimiento de la concesión, en manos de la empresa argentina Emepa y la belga Jan de Nul, el gobierno tiene un doble desafío: por un lado, definir la nueva licitación o en su defecto extender el contrato actual y el segundo, que la decisión que se tome esté exenta de dudas sobre la transparencia del proceso.

Para ello, Alberto Fernández ya tiene trazado un ambicioso plan al cual pudo acceder en exclusiva La Política Online. En principio, se creará una Agencia Federal que estará integrada por Nación y representantes de cada provincia que participan de la Hidrovía: Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

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Además, provincia de Buenos Aires empuja para tener un asiento en la Agencia. Una estrategia similar a la que está llevando el gobierno de Axel Kicillof para constituir el organismo federal de las provincias petroleras y ser parte de la discusión sobre política energética.

Según adelantaron a este medio funcionarios al tanto del proyecto, las provincias que integren la agencia tendrán una participación del 51 por ciento que se dividirá entre ellas proporcionalmente de acuerdo al área geográfica de la Hidrovía que dispongan y de la inversión que necesiten. Junto con el gobierno nacional, se encargarán de las adjudicaciones y el control de las obras.

Con la creación de esta Agencia Federal, la Hidrovía Paraná-Paraguay elevará su estatus jurídico y político que dependerá del Ministerio de Transporte Nacional pero autónoma de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

El tema no es menor y son varios los gobernadores que se anotaron para dar pelea por el control de la subsecretaría que iba a estar al frente de la licitación. De hecho, Coqui Capitanich se apuró a hablar el tema con un desprevenido Omar Perotti y viajar a Buenos Aires para ofrecer sus equipos al servicio de la repartición. 

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Por otro lado, se busca saldar una deuda que el Estado arrastra desde 1991 cuando se sancionó la Ley de Reforma del Estado. En la norma defendida por Roberto Dromi se creaba, junto con las privatizaciones de las empresas nacionales, órganos de control que debían monitorear las concesiones.

Cuando en 1995 se conforma el nuevo sistema de navegación que contemplaba la licitación del mantenimiento, dragado y señalización de la Hidrovía, el ente regulador nunca se constituyó, a diferencia de lo que ocurrió con otros servicios y el poder de control se lo derivó a la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

Tal es así que los especialistas en la materia vienen insistiendo desde hace años en la necesidad de crear un órgano superior que tenga una mirada integral del sistema multimodal del transporte. Todo indica que el proyecto de Fernández busca remediar esta deuda de décadas y jerarquizar uno de los recursos geoestratégicos más importantes del país.

Tampoco es ajeno a Fernández que en los últimos años, la Hidrovía se convirtió en sinónimo de corrupción y fue uno de los blancos preferidos de Carrió. Luego, la Causa de los Cuadernos terminó pegando en la línea de flotación de la concesión derivada del Pacto de Olivos. El golpe más duro fue cuando el titular de Emepa, Gabriel Romero, reconoció en sede judicial que había pagado al gobierno kirchnerista 600 mil dólares cuando le extendieron la concesión.

Por lo tanto, el armado del andamiaje de la nueva Agencia significa para el gobierno de Alberto un desafío en materia de transparencia, una bandera que Juntos por el Cambio sigue empuñando como principal lema, ahora desde la oposición.

En consecuencia, y debido a los antecedentes, ya sea para un nuevo llamado a licitación o para una nueva extensión del plazo a la actual prestadora, se va a convocar a una de las agencias globales como Transparencia Internacional.

"Alberto quiere darle carácter federal a la Hidrovía y que el proceso sea totalmente transparente para la licitación más importante que tiene el gobierno por delante", reconocieron fuentes de Casa Rosada.