Martín Guzmán envió al Congreso el proyecto de Ley para la reestructuración de la deuda pública bajo ley extranjera. El texto, que fue refrendado por Alberto Fernández y Santiago Cafiero, limita las potestades del ministro de Economía a la hora de la renegociación y también los honorarios de intermediarios bancarios.

Como buena parte de la deuda fue emitida bajo Ley Nueva York con el aval del Congreso para la cesión de soberanía jurisdiccional, Alberto le pidió al Legislativo que lo habilite a Guzmán a disponer "la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen".

Esta vez, la ley aclarar que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana es acotada solamente al alcance de los prospectos de deuda y no implica la ninguna cesión respecto de las Reservas del Banco Central y todos los bienes del Estado dentro del territorio ni fuera del territorio que prese un servicio público esencial.

Cabe recordar que el juez Griesa accedió en 2011 y 2012 a pedidos de los holdouts para el embargo de bienes nacionales como bonos, cuentas bancarias e incluso la Fragata Libertad. En este sentido, el artículo tercero del proyecto de ley busca prevenir que esa clase de embargos se repita.

A su vez, el artículo cuarto habilita a Guzmán como Autoridad de Aplicación de la ley a emitir nuevos bonos, determinar los plazos, la metodología y la contratación de asesores financieros y agentes colocadores para hacer el canje de la deuda.

Sobre este punto, Martín Guzmán advirtió más temprano que lo hará siguiendo la ley de Administración Financiera que exige que en una reestructuración de pasivos se cumplan dos de tres criterios: que se alarguen los plazos, se reduzca el capital de deuda o que se baje la tasa de interés. Estrictamente la ley solo pide uno de los tres criterios en su redacción, pero la jurisprudencia exige que sean dos de estas tres condiciones, como dijo el ministro en la conferencia de prensa de esta mañana.

Guzmán advirtió a los bonistas de la Provincia: "un default perjudicaría a todas las partes"

De esta forma, la ley de Administración Financiera obliga a que, en términos prácticos, el valor presente de la deuda sea reducido. Con el canje de las Lecaps por ejemplo la reducción de la deuda fue del 0,9% (o $1.978 millones). Sin embargo, como la relación deuda sobre PBI necesita volver a niveles sostenibles y alejarse del actual 87%, esta mañana Joseph Stiglitz adelantó que la quita va a ser grande. Sin más, el primer artículo de este proyecto de ley declara de interés nacional no la reestructuración, sino "la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa".

Respecto de las contrataciones, el proyecto de Ley también acota los beneficios de los asesores. Con algo más 100.000 millones de deuda en manos de bonistas privados a ser reestructurados, los bancos e intermediarios financieros del sector recibirán "el pago de comisiones en condiciones de mercado, las que en ningún caso podrán superar el CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado".

¿Qué ganancias buscan los bancos detrás de la reestructuración de la deuda?

En el megacanje los bancos y otros agentes de información que actuaron como asesores las comisiones se ubicaron entre el 1 y el 1,5%., es decir hasta quince veces más de lo que Guzmán estaría dispuesto a pagarles por sus servicios. De 1.500 millones de dólares a 100 millones de dólares.

Además, el proyecto de ley lo habilita a Cafiero a reordenar partidas presupuestarias para poder hacer efectiva la reestructuración.

El Congreso va a tratarlo la semana que viene. Llegará primero a la Cámara de Diputados.

 El Gobierno planea aprobar la ley de la deuda la semana que viene en Diputados